INCIDENTE EN CONGRESO: PSOE CENSURA a CAYETANA🔥¡AL DESTAPAR LA CORRUPCIÓN DE SÁNCHEZ Y ARMENGOL!🔥.

 

 

El Congreso de los Diputados llevaba tiempo sin vivir una intervención así. No fue una réplica más, ni un discurso pensado para rellenar actas o cumplir trámite.

 

Fue una descarga verbal sostenida, calculada al milímetro para dejar huella, para incomodar y para instalar una idea muy concreta en la opinión pública: que la batalla ya no es solo política, sino moral, democrática y, sobre todo, informativa.

 

 

Todo comenzó con la lectura de un mensaje publicado en X por el propio presidente del Gobierno. Un tuit breve, aparentemente solidario, dirigido a Santos Cerdán y a su familia, en el que Pedro Sánchez denunciaba el acoso de “ultraderechistas disfrazados de periodistas” y defendía que aquello no iba de partidos, sino de derechos.

 

Leído en voz alta, en el hemiciclo, ese mensaje adquirió otra dimensión. Ya no era una publicación más en redes sociales; se convertía en una prueba, en una pieza central de un relato mucho más amplio.

 

 

La diputada que tomó la palabra no se detuvo en la defensa personal del dirigente socialista, algo que —admitió— podría haber sido comprensible en determinadas circunstancias.

 

El foco lo puso en otra cuestión mucho más delicada: el señalamiento explícito a periodistas que investigaban un caso de interés público.

 

Ahí empezó a dibujarse la acusación más grave de la tarde: una reacción que calificó de liberticida, antidemocrática y profundamente peligrosa para un sistema democrático sano.

 

Desde ese momento, el discurso avanzó como una demolición metódica. La tesis era clara: el Gobierno, desde el primer minuto, habría activado una estrategia no solo para desacreditar a sus críticos, sino para convertirlos en enemigos del sistema, etiquetándolos como fascistas, difusores de bulos o parte de una supuesta “máquina del fango”. Una estrategia que, según esa visión, hoy estaría en ruinas porque la verdad habría empezado a abrirse paso.

 

 

El ataque no se quedó en el plano retórico. Se señaló directamente la intención del PSOE y sus socios de otorgar a la Mesa del Congreso la capacidad de decidir quién es periodista y quién no.

 

La creación de un comité parlamentario con potestad para sancionar a medios críticos fue descrita como una deriva autoritaria sin precedentes en la democracia española reciente.

 

Un “soviet camuflado”, se dijo, capaz de purgar a la prensa incómoda bajo el pretexto de proteger la cortesía parlamentaria o el derecho a la información veraz.

 

 

La comparación no fue casual ni inocente. Se invocaron referentes internacionales, se advirtió del precedente que podría sentarse y se lanzó una pregunta incómoda a los diputados: qué ocurrirá cuando cambie la mayoría en la Cámara.

 

La advertencia fue clara: hoy legislan ustedes, mañana podrían ser otros. Y entonces, ese mismo instrumento podría volverse contra quienes ahora lo impulsan.

 

En ese punto, el discurso dio un giro estratégico. Antes de entrar en el fondo de la reforma, la oradora quiso dejar algo claro: la condena absoluta de cualquier forma de acoso, venga de donde venga y afecte a quien afecte.

 

 

 

Políticos, periodistas, ciudadanos. Nadie, insistió, debe ser intimidado en ningún espacio, público o privado. Pero inmediatamente después recordó que para eso ya existen mecanismos legales perfectamente definidos en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.

 

 

La responsabilidad, afirmó, no es de una comisión política, sino de la Presidencia de la Cámara. Y ahí apareció un nuevo blanco: Francina Armengol.

 

 

Se la acusó de mirar hacia otro lado ante el señalamiento de periodistas en el hemiciclo, de tolerar insultos a jueces y de pisotear el reglamento de manera sistemática. Incluso se mencionó su reconocimiento de haberse reunido con determinados empresarios, aunque —según dijo— no lo recordaba. Una amnesia oportuna que encajaba, según el relato, en un patrón demasiado repetido.

 

 

La acusación fue más allá: al Gobierno no le preocupa el acoso, le molesta la crítica. Si realmente le preocupara, condenaría —se dijo— el hostigamiento sistemático a la prensa incómoda.

 

En ese contexto, se lanzó una frase que resonó con fuerza en el salón de plenos: el mayor enemigo del periodismo libre en España está hoy atrincherado en la Moncloa.

 

 

Para sostener esa afirmación, se citaron episodios recientes ampliamente recogidos por medios nacionales.

 

Desde la descalificación pública de periodistas y medios por parte del presidente tras su retirada temporal, hasta los ataques verbales de ministros a cabeceras que habían publicado informaciones luego confirmadas por instancias oficiales.

 

También se mencionaron decisiones empresariales y movimientos estratégicos en el sector de la comunicación que, según esa visión, buscan alterar el equilibrio mediático en favor del Gobierno.

 

 

El discurso incorporó incluso testimonios de profesionales de la comunicación que han denunciado vetos o exclusiones por parte del Partido Socialista.

 

Casos conocidos, publicados y debatidos, que sirvieron para reforzar la idea de que no se trata de hechos aislados, sino de una forma de entender la relación con la prensa.

 

La segunda gran pata de la crítica fue la supuesta defensa de la cortesía parlamentaria. Se ironizó sobre ese concepto, confrontándolo con el tono habitual de algunos ministros en las sesiones de control, los insultos, el desprecio a las preguntas de la oposición y la actitud del propio presidente, acusado de repartir culpas para eludir las propias responsabilidades. La cortesía, se dijo, se ha confundido con el masaje, con la complacencia, con la ausencia de crítica.

 

 

En ese punto apareció Televisión Española como ejemplo simbólico. Se habló de manipulación, de conversión del ente público en una cámara de eco del Gobierno, de vulneración del reglamento europeo sobre libertad de medios.

 

Una acusación grave, acompañada de la idea de que incluso dentro de ese sistema empiezan a surgir voces que se desmarcan, quizá por puro instinto de supervivencia profesional.

 

La advertencia final en este bloque fue clara y directa: no conviertan la Mesa del Congreso en un tribunal inquisidor que reparta carnés de buenos y malos periodistas. Sería una involución inaceptable y un precedente diabólico.

 

 

El tercer eje del discurso atacó el concepto de “información veraz” utilizado como justificación de la reforma. La réplica fue demoledora: someter al Gobierno a un polígrafo lo condenaría sin remedio.

 

Se acusó a Pedro Sánchez de haber mentido desde el primer minuto, de haber construido su carrera política sobre promesas incumplidas y relatos que hoy, según esta visión, ya no sostienen ni sus propios aliados.

 

 

Se repasaron episodios clave: las primarias internas, la moción de censura presentada como una cruzada contra la corrupción, la amnistía defendida en nombre de la convivencia.

 

Todo fue reinterpretado como una estrategia de acumulación de poder, de compra de apoyos y de supervivencia política a cualquier precio. Incluso se citó a dirigentes independentistas para reforzar la idea de que el verdadero objetivo nunca fue el interés general, sino mantenerse en el poder.

 

 

Uno de los momentos más tensos llegó al abordar el feminismo. Se acusó al Gobierno de utilizar a las mujeres como mercancía política, de organizar actos vacíos y propagandísticos mientras se toleran comportamientos que contradicen el discurso oficial. “Su feminismo es un fraude”, se dijo sin rodeos, equiparándolo a una falsa regeneración democrática.

 

 

El discurso se extendió también a los socios del Gobierno. A Sumar se le reprochó sostener al Ejecutivo pese a su supuesto enfado; a Podemos, su historial de escraches y señalamientos; al PNV, su incomodidad ante investigaciones periodísticas; a ERC, un victimismo considerado impostado.

 

Y con Bildu, el tono fue especialmente duro, recordando a periodistas asesinados por ETA y exigiendo una condena clara y sin matices del pasado terrorista.

 

 

El cierre fue solemne y calculado. La libertad para buscar la verdad fue presentada como el fundamento último de la democracia. Y se lanzó una advertencia final: intentar encerrar la verdad, limitarla o someterla al control político solo retrasa lo inevitable. La verdad, como la justicia, acaba abriéndose paso.

 

 

El mensaje que quedó flotando en el hemiciclo fue inquietante para muchos y movilizador para otros.

 

Más allá de la exageración retórica o del tono incendiario, la intervención puso sobre la mesa un debate que atraviesa a toda la sociedad: hasta dónde puede llegar el poder político en su relación con la prensa y qué precio estamos dispuestos a pagar por una falsa sensación de orden o protección.

 

 

No fue un discurso para convencer al adversario. Fue un discurso para la galería, para las redes, para los titulares, para una ciudadanía cada vez más desconfiada. Y en ese terreno, el impacto ya estaba asegurado antes incluso de que se apagara el micrófono.