LECCION PERIODISMO A PERIODISTA A SUELDO DE AYUSO DE JESÚS CINTORA AL DEFENDER A SARAH SANTAOLALLA.

 

 

 

Hay campañas que no empiezan con un cartel ni con una rueda de prensa. Empiezan con una palabra. Con un calificativo lanzado al aire en un plató, en una radio o en una red social. Y, casi sin que nadie lo perciba al principio, esa palabra se convierte en consigna. Después en tendencia. Y finalmente en acoso.

 

Eso es lo que está ocurriendo con Sara Santaolaya.

 

En los últimos días, la analista política ha pasado de ser una voz incómoda en el debate público a convertirse en el blanco de una ofensiva coordinada que mezcla descalificaciones personales, ataques machistas y señalamientos que, según ha denunciado ella misma, han llegado hasta la puerta de su casa.

 

El detonante más reciente ha sido la intervención de Luis Rubiales, quien se refirió a Santaolaya como una persona “muy agresiva, muy violenta en la forma de hablar”. La frase, aparentemente aislada, se sumó a una larga lista de ataques previos procedentes de distintas figuras del espectro mediático y político.

 

Pero el problema no es una frase. Es el contexto.

 

Porque antes de Rubiales ya habían intervenido nombres como Vito Quiles, Federico Jiménez Losantos, Jaime de los Santos o HazteOir, entre otros, en una escalada verbal que ha cruzado la frontera de la crítica política para entrar en el terreno del insulto y la deshumanización.

 

Las expresiones utilizadas no dejan mucho margen para la interpretación: “energúmena”, “analfabeta”, “putilla”, “burra”, “tonta del todo”. Comentarios sobre su físico. Insinuaciones de carácter sexual. Ataques personales reiterados. Y, según su entorno, episodios de hostigamiento físico, grabaciones en las inmediaciones de su domicilio y difusión de datos personales.

 

La pregunta es inevitable: ¿dónde está el límite?

 

Lo que está ocurriendo con Sara Santaolaya no es un episodio aislado dentro de la polarización política española. Es un caso que concentra varios fenómenos que los expertos en comunicación y libertad de expresión llevan tiempo señalando: el señalamiento personalizado, el efecto multiplicador de las redes sociales y el componente de género que intensifica la violencia cuando la voz atacada es la de una mujer joven, directa y sin complejos en su discurso.

 

En un debate televisivo reciente, varios tertulianos calificaron lo que sucede como “una campaña de acoso en toda regla”. No solo por la cantidad de nombres implicados, sino por la reiteración. Día tras día. Declaración tras declaración.

 

Santaolaya no es una política con cargo institucional. Es analista y comunicadora. Interviene en medios, opina, argumenta y confronta ideas. Y lo hace con un estilo incisivo que incomoda a determinados sectores. Pero la crítica política —por dura que sea— forma parte del juego democrático. Lo que no forma parte de ese juego son los ataques personales, la cosificación o la intimidación.

 

Uno de los momentos que más polémica ha generado es la falta de pronunciamiento claro por parte de la Asociacion de la Prensa de Madrid (APM). Su presidenta, Maria Rey, explicó públicamente que no hubo consenso interno para emitir un comunicado de apoyo, argumentando además que Santaolaya “no es informadora” en sentido estricto.

 

Esa declaración abrió otro frente.

 

Porque el debate dejó de centrarse únicamente en los insultos y pasó a cuestionar qué se protege exactamente cuando se habla de libertad de expresión. ¿Se protege solo al periodista con carné? ¿O se protege el derecho de cualquier persona a opinar sin sufrir acoso?

 

Voces dentro y fuera del sector mediático han señalado que lo que está en juego trasciende la etiqueta profesional. La libertad de expresión no depende de un título académico ni de una acreditación. Depende del principio democrático que permite la confrontación de ideas sin miedo a represalias personales.

 

En el mismo debate televisivo, se recordó que en 2016 la APM sí emitió comunicados en defensa de periodistas que se sintieron señalados por formaciones políticas como Podemos. Esa comparación ha alimentado la percepción de un doble rasero que, para algunos, evidencia una línea ideológica en determinadas asociaciones profesionales.

 

Más allá de la batalla corporativa, el fondo del asunto es otro: la normalización del insulto como herramienta política.

 

Cuando un dirigente o un comunicador con miles —o millones— de oyentes lanza un calificativo despectivo, no lo hace en el vacío. Sus palabras generan ecos. Se reproducen en redes sociales. Se amplifican en foros digitales. Se convierten en memes, en vídeos, en hilos de ataque coordinado.

 

Ese “efecto dominó” ha sido señalado por varios analistas. Lo que comienza como una descalificación desde un micrófono termina multiplicado por cientos o miles de cuentas anónimas que intensifican el tono y cruzan nuevas líneas.

 

En el caso de Santaolaya, el componente machista aparece de forma recurrente. No solo por las palabras utilizadas, sino por la insistencia en referencias a su físico o en términos que históricamente se han empleado para desacreditar a mujeres en el espacio público.

 

El señalamiento de mujeres comunicadoras no es nuevo en España ni en otros países europeos. Informes de organizaciones internacionales sobre libertad de prensa han documentado cómo las mujeres periodistas y analistas reciben un volumen desproporcionado de ataques personales y amenazas en comparación con sus colegas hombres.

 

La diferencia en este caso es la visibilidad.

 

La imagen de su nombre apareciendo en contextos intimidatorios —incluido un episodio en el que se difundieron mensajes extremadamente violentos— ha encendido las alarmas. Y el hecho de que algunos ataques hayan trascendido el plano digital para situarse físicamente cerca de su domicilio añade un elemento inquietante.

 

Santaolaya ha asegurado que ya ha presentado denuncias. Y esa dimensión judicial abre otro capítulo: el de los límites legales del discurso.

 

En España, el Código Penal contempla delitos relacionados con el acoso, las amenazas y la revelación de datos personales con fines intimidatorios. Pero el debate jurídico suele ser complejo cuando se mezcla con la libertad de expresión. Determinar cuándo una crítica se convierte en hostigamiento no siempre es sencillo, aunque hay consensos claros sobre la ilegalidad de las amenazas o la persecución física.

 

Lo que muchos observadores señalan es que el problema no se resuelve únicamente en los tribunales. Se resuelve en el clima cultural.

 

Porque cuando el insulto se normaliza, cuando se convierte en entretenimiento o en arma política cotidiana, el umbral de tolerancia social se desplaza. Y lo que hace unos años habría provocado un rechazo inmediato hoy se digiere con resignación o incluso con aplausos partidistas.

 

El caso también ha reactivado el debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos. Cuando figuras vinculadas al Partido Popular o a Vox intervienen en esa dinámica —directa o indirectamente— el impacto es mayor. No porque la crítica política sea ilegítima, sino porque el lenguaje utilizado puede legitimar comportamientos posteriores de terceros.

 

 

La polarización política española vive uno de sus momentos más intensos en años. Las descalificaciones cruzadas forman parte del día a día parlamentario. Pero trasladar esa lógica de confrontación a la esfera personal tiene consecuencias.

 

Varios comunicadores han advertido de un efecto disuasorio: cuando una mujer ve el nivel de acoso que recibe otra por opinar con firmeza, puede optar por callar. Y ese silencio empobrece el debate público.

 

La valentía, como se dijo en uno de los debates recientes, no siempre tiene recompensa. A veces tiene coste. Profesional. Personal. Emocional.

 

Y aquí aparece otro elemento clave: la hipocresía selectiva.

 

Distintos tertulianos han planteado una pregunta incómoda: ¿qué habría ocurrido si el origen de los insultos hubiese estado en el espectro ideológico contrario? ¿Habría habido comunicados más contundentes? ¿Pronunciamientos más rápidos? ¿Mayor presión social?

 

No es una cuestión menor. Porque la credibilidad de las instituciones que defienden la libertad de prensa depende de su coherencia. Si la defensa se percibe como parcial, pierde fuerza moral.

 

Mientras tanto, el nombre de Sara Santaolaya sigue circulando en titulares, debates y redes sociales. Algunos la apoyan. Otros la atacan. Y muchos observan con preocupación la escalada.

 

El riesgo de estas dinámicas es que se conviertan en precedente.

 

Si una campaña de hostigamiento consigue silenciar o aislar a una comunicadora, el mensaje implícito es claro: la presión funciona. Y eso abre la puerta a que se repita con otros nombres en el futuro.

 

La democracia no se mide solo por la existencia de elecciones libres o por la separación formal de poderes. También se mide por la calidad del debate público. Por la capacidad de disentir sin miedo. Por el respeto a la dignidad personal incluso en la confrontación más dura.

 

El caso de Sara Santaolaya obliga a reflexionar sobre todo eso.

 

No se trata de estar de acuerdo con sus opiniones. Se trata de defender el principio de que nadie debe ser acosado por expresarlas.

 

El debate sobre la libertad de expresión suele activarse cuando el afectado pertenece al propio espacio ideológico. El desafío real es sostener esa defensa cuando la persona cuestionada no es “de los nuestros”.

 

Hoy la pregunta no es solo qué va a hacer la APM. Ni qué dirán los partidos políticos. Ni qué decidirán los jueces.

 

La pregunta es qué tipo de conversación pública queremos normalizar.

 

Porque cuando el insulto sustituye al argumento, cuando el señalamiento sustituye al debate y cuando la intimidación sustituye a la discrepancia, el daño no es individual. Es colectivo.

 

Y el silencio —sea por miedo, por cálculo o por comodidad— también es una forma de posicionamiento.

 

Quizá por eso este caso ha traspasado la anécdota mediática. Porque no habla solo de una analista concreta. Habla del estado de salud del debate democrático en España.

 

Y esa es una conversación que nos afecta a todos.