Silvia Intxaurrondo desmonta las acusaciones de “chantaje” de PP y Junts al decreto ómnibus: “No piensen que son…”.

El PP aseguraba que el objetivo del Gobierno era “mantener las okupaciones ilegales”.

Silvia Intxaurrondo en ‘La Hora de La 1’. TVE

Este martes, como ya avanzaron, Vox y Junts entonaban el ‘no’ al decreto ómnibus, dejando en el aire la subida de las pensiones, la moratoria de desahucios a personas vulnerables y el bono social eléctrico, entre otras medidas sociales.

Desde Génova aseguraron que se trataba de un “chantaje” con el que el Gobierno pretendía “que se mantengan las okupaciones ilegales”.

Por ello, durante la mañana de este miércoles, Silvia Intxaurrondo desmontaba estas acusaciones.

“Nos va a ayudar bastante no escuchar lo que dicen que lleva el decreto sino leer el decreto“, arrancaba la presentadora de La Hora de La 1.

La comunicadora vasca aclaraba que estas “medidas en materia de vivienda y anti desahucios no piensen que son nuevas, no es que el Gobierno dijese ‘vamos a meter la revalorización de las pensiones con unas medidas que se me acaban de ocurrir para implementar ahora”.

“Estas medidas están siendo prorrogadas desde el año 2020. Se estaba votando mantener unas medidas que llevan desde el año 2020. No son medidas anti desahucio nuevas”, sentenciaba.

Por otro lado, con respecto a la acusación de que el decreto tenía por objetivo “mantengan las okupaciones ilegales”, Intxaurrondo animaba a los espectadores a “diferenciar dos cosas”:

“Una es un inquilino que tiene un contrato con el casero y ha dejado de pagar, ahí el juez decide si es desahuciado o no. Para que no lo hagan, tiene que demostrar que es vulnerable.

El juez compara la vulnerabilidad del inquilino con el del propietario”.

“Si no hay contrato y ocupan las cosas. Para evitar el desahucio se tienen que cumplir una tanda de características en el inquilino y en el arrendador. 

Se pararía el desahucio si el propietario tiene mas de 10 viviendas, sea empresa o particular.

Se pararía si quien ocupa es vulnerable, tiene personas vulnerables a su cargo, víctima de violencia de género”, proseguía aclarando.

“A veces lo interesante no es escuchar lo que dicen que dice el decreto sino leer el decreto”, remataba.

Las medidas que decaen tras el ‘no’ de PP, Vox y Junts en el Congreso.

El PP y Junts rechazaban el llamado decreto ómnibus, una norma que agrupaba una batería de medidas sociales y económicas clave para 2026, entre las que destacaban la subida de las pensiones y la prórroga de las protecciones del llamado escudo social.

La iniciativa, aprobada en diciembre de 2025 por el Consejo de Ministros, incluía también otras políticas como la extensión de ciertas ayudas fiscales y sociales, pero cayó en el Pleno con los votos en contra de PP, Vox y Junts, que sumaron una mayoría que impidió su convalidación.

Uno de los ejes principales del decreto era la revalorización de las pensiones para 2026, que establecía un alza del 2,7 % general, un 7 % para las pensiones mínimas y un 11,4 % para prestaciones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Aunque estos incrementos se aplicarán en la nómina de enero porque la norma aún estaba vigente hasta su rechazo, la falta de convalidación deja en el aire su continuidad más allá de ese mes si el Gobierno no consigue aprobar la subida por separado con otro decreto.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han señalado que, de no pactarse una nueva norma antes de febrero, las pensiones podrían volver a los niveles de 2025, con la consecuente preocupación entre más de 10 millones de pensionistas.

El Gobierno ha defendido que trabaja para salvar esta revalorización “a pesar de la irresponsabilidad mostrada por algunos grupos parlamentarios”, y varios grupos de la oposición han planteado que el Ejecutivo presente un decreto específico para la subida.

La caída del decreto ómnibus también afecta a medidas sociales que habían estado en vigor desde 2020 como parte del escudo social: la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz y gas) a hogares en situación de vulnerabilidad, y la continuación de descuentos del bono social eléctrico.

Estas prórrogas, que tenían vigencia hasta finales de 2025, han caducado con el rechazo parlamentario y ahora quedan sin efecto, generando inquietud en colectivos sociales y organizaciones de vivienda.

Más allá de las políticas sociales, el texto también recogía otras medidas que ahora no podrán aplicarse: deducciones fiscales para mejoras de eficiencia energética en viviendas, exenciones de impuestos para instalaciones de autoconsumo, ayudas por daños causados por incendios forestales y la DANA, la eliminación de la obligación de presentar la declaración de la renta para perceptores de prestaciones por desempleo y coyunturas fiscales para autónomos.

En medio de este contexto, el Gobierno sí logró convalidar por separado un real decreto sobre ayudas al transporte público, que mantiene las bonificaciones actuales y pone en marcha, entre otras novedades, un abono único estatal que permite viajar en autobús y tren por todo el país con una tarifa mensual integrada.