Nacho Abad critica la postura de Pedro Sánchez ante la regularización de inmigrantes: “Se la trae al pairo”.
El presentador de ‘En boca de todos’ no se muerde la lengua.

El debate estalló casi sin avisar, como una cerilla encendida en una habitación llena de gas.
Una decisión política que llevaba meses gestándose en silencio terminó por hacerse pública y, de repente, España volvió a mirarse al espejo con una pregunta incómoda: ¿está preparada para asumir una regularización masiva de inmigrantes? Más de medio millón de personas que llegaron al país en el pasado podrían beneficiarse de una medida que ya está en marcha, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que para algunos es un acto de justicia social largamente esperado, para otros es una bomba de relojería con consecuencias imprevisibles. Y en medio de ese choque frontal de opiniones, una voz resonó con especial fuerza en la televisión: la de Nacho Abad.
El presentador de Cuatro, conocido por su tono directo y su sarcasmo afilado, no pudo evitar recordar algo que muchos parecían haber olvidado. Hace apenas año y medio, el propio Pedro Sánchez defendía una postura muy distinta sobre este asunto.
Un giro de 180 grados que, a ojos de Abad, no responde a una evolución ideológica ni a un repentino ataque de conciencia, sino a una necesidad política muy concreta: mantenerse en el poder.
Esa contradicción, expuesta en directo en el programa ‘En boca de todos’, fue el detonante de una de las críticas más duras y comentadas de los últimos tiempos.
“Como quiere seguir en el Gobierno, ha cambiado de opinión y ahora los va a regularizar a todos. Es que me parto (…) Se la trae al pairo”.
La frase, pronunciada entre risas irónicas, se viralizó en cuestión de minutos. No solo por el contenido, sino por el contexto.
Porque no era una crítica aislada, sino el reflejo de una sensación cada vez más extendida entre una parte de la ciudadanía: la idea de que las grandes decisiones se toman más por cálculo político que por una planificación realista de sus consecuencias.
La regularización de inmigrantes no es un tema nuevo en España, pero sí lo es la magnitud de la medida.
Más de medio millón de personas es una cifra que impresiona por sí sola. Detrás de ese número hay historias humanas, trayectorias vitales marcadas por la precariedad, la huida, la esperanza y también por la frustración.
Sin embargo, también hay un impacto directo sobre un país que ya arrastra problemas estructurales graves. Y ahí es donde Nacho Abad puso el foco con especial insistencia.
El comunicador advirtió de un posible colapso de servicios públicos que ya están al límite.
La sanidad y la educación llevan años soportando una presión creciente, con listas de espera interminables, aulas saturadas y profesionales quemados.
A esto se suma el eterno problema de la vivienda, una herida abierta que España no logra cerrar.
Si la población aumenta de forma significativa y rápida, la lógica del mercado es clara: la demanda sube y los precios también.
Alquileres más caros, menos oferta y una competencia feroz por un derecho básico que ya resulta inaccesible para miles de familias.
Estas preocupaciones no nacen de la nada. Informes de organismos oficiales y datos publicados por medios de comunicación de referencia llevan tiempo alertando sobre la fragilidad del sistema.
Comunidades autónomas y ayuntamientos se enfrentan a presupuestos ajustados, con recursos limitados para atender nuevas necesidades.
Y, según Abad, la regularización no viene acompañada de una dotación económica suficiente para amortiguar el golpe.
“Gran parte de ese gasto lo van a tener que asumir las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, señaló, subrayando un problema que rara vez ocupa los titulares: quién paga la factura final.
Pero fue su última reflexión la que encendió de verdad la polémica. Nacho Abad habló sin rodeos de un aspecto que muchos prefieren esquivar: la seguridad.
Recordó que dentro de ese colectivo de inmigrantes que se va a regularizar hay personas con antecedentes delictivos que no cuentan con condenas firmes.
“A esos nos los comemos”, dijo, en una frase que levantó ampollas y aplausos a partes iguales. Para él, el problema no es la regularización en sí, sino la falta de control y de garantías para los ciudadanos que ya viven en el país.
Esta postura conecta con una demanda recurrente en el debate público: una regularización ordenada, controlada y acompañada de medidas reales de integración y seguridad.
No se trata, según sus defensores, de criminalizar a un colectivo entero, sino de reconocer que la ausencia de filtros y de seguimiento puede generar problemas graves a medio y largo plazo.
Una idea incómoda, pero que cada vez se escucha con más fuerza en tertulias, redes sociales y conversaciones de bar.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria a una realidad que no se puede seguir ignorando.
Miles de personas viven y trabajan en la economía sumergida, sin derechos laborales ni protección social.
Regularizarlas, argumentan, permitiría recaudar más impuestos, mejorar sus condiciones de vida y reducir la explotación.
Es un discurso respaldado por ONG, sindicatos y expertos en migraciones, que insisten en que la integración es siempre más eficaz que la exclusión.
Sin embargo, el choque entre el relato oficial y las críticas mediáticas evidencia una fractura profunda.
No es solo una cuestión de inmigración, sino de confianza. Confianza en que el Estado sea capaz de gestionar un cambio de esta magnitud sin que los servicios colapsen.
Confianza en que la seguridad no se vea comprometida. Confianza en que las decisiones se tomen pensando en el conjunto de la sociedad y no solo en la aritmética parlamentaria.
El caso de Pedro Sánchez es especialmente llamativo por el contraste entre sus declaraciones pasadas y la situación actual.
En política, cambiar de opinión no es necesariamente un pecado. Las circunstancias cambian, los datos se actualizan y los contextos evolucionan.
Pero cuando ese cambio se percibe como oportunista, el coste en credibilidad puede ser alto. Y eso es precisamente lo que Nacho Abad quiso subrayar con su sarcasmo: la sensación de que el presidente dice una cosa u otra según le convenga para mantenerse en La Moncloa.
Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, el vídeo del presentador acumuló miles de comentarios en pocas horas.
Algunos lo acusaban de alarmismo y de alimentar discursos xenófobos. Otros, en cambio, celebraban que alguien dijera en voz alta lo que muchos piensan en silencio.
Esa división refleja un país polarizado, donde cada debate importante se convierte en un campo de batalla ideológico.
Más allá del ruido mediático, la regularización ya está en marcha. Las administraciones deberán adaptarse, los servicios públicos ajustarse y la sociedad convivir con una nueva realidad.
El verdadero reto no será aprobar la medida, sino gestionarla con eficacia y transparencia. Porque si algo ha quedado claro es que las decisiones que afectan a cientos de miles de personas no admiten improvisaciones.
En este contexto, las palabras de Nacho Abad actúan como un recordatorio incómodo. No basta con apelar a la solidaridad o a la justicia social.
Tampoco es suficiente agitar el miedo o el rechazo. La cuestión exige un debate profundo, honesto y basado en datos reales. Un debate que huya de los eslóganes fáciles y afronte las consecuencias prácticas de cada decisión.
España se encuentra, una vez más, ante una encrucijada. La regularización de inmigrantes puede ser una oportunidad para corregir desigualdades históricas y fortalecer el tejido social, pero también puede agravar problemas existentes si no se acompaña de recursos y planificación. El tiempo dirá si esta medida fue un acierto valiente o un error costoso.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y el foco mediático no se apaga. Porque cuando política, inmigración y supervivencia del poder se mezclan, el resultado siempre es explosivo.
Y porque, como dejó claro Nacho Abad en directo, hay preguntas que muchos prefieren no hacerse, pero que tarde o temprano exigen respuesta. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, y la ciudadanía observa, expectante, consciente de que las decisiones de hoy marcarán el país de mañana.
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