ABASCAL ANIQUILA a SÁNCHEZ tras acusación de RACISMO en directo.

 

 

El hemiciclo del Congreso volvió a convertirse en un escenario de alta tensión política cuando una intervención dirigida directamente a Santiago Abascal —mal pronunciado de forma reiterada como “Vascal” por su interlocutora— encendió un debate que va mucho más allá de una bronca parlamentaria.

 

No fue solo un intercambio de reproches: fue la radiografía de dos relatos irreconciliables sobre inmigración, seguridad, economía y modelo de país.

 

Un choque frontal que, una vez más, desbordó el recinto y se trasladó a la calle, a las redes sociales y a la conversación pública cotidiana.

 

 

La pregunta inicial, formulada con un tono duro y emocional —“¿Por qué odia usted tanto a los inmigrantes?”— no buscaba una respuesta literal. Funcionó como detonante.

 

En ese momento quedó claro que el objetivo era señalar a Vox como el actor que ha logrado arrastrar el marco del debate migratorio hacia posiciones cada vez más extremas, forzando al Partido Popular a endurecer su discurso y empujando al PSOE a defenderse desde una posición moral y jurídica.

 

El mensaje era nítido: no se estaba discutiendo solo de cifras o leyes, sino de humanidad, de valores y de la responsabilidad que tienen los líderes políticos cuando convierten a colectivos enteros en dianas retóricas.

 

 

Desde la izquierda se acusó a Abascal de haber normalizado un lenguaje que deshumaniza a las personas migrantes, de haber instalado el concepto de “invasión” en el debate público y de haber logrado que ese vocabulario contamine a otras formaciones.

 

 

Se mencionaron declaraciones recientes de dirigentes del PP sobre deportaciones masivas y episodios de tensión social en municipios donde el discurso antiinmigración ha prendido con especial fuerza.

 

 

La acusación iba más allá de Vox: señalaba directamente a Alberto Núñez Feijóo por permitir que el miedo a perder votos por la derecha condicionara decisiones políticas, como el bloqueo del reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, una cuestión que afecta de lleno a comunidades desbordadas por la presión migratoria.

 

 

Ese fue el contexto en el que Santiago Abascal tomó la palabra. Y lo hizo fiel a su estilo: un discurso largo, denso, cargado de cifras, acusaciones y una narrativa que mezcla inmigración, fiscalidad, seguridad y corrupción en un mismo hilo argumental.

 

 

 

Desde el primer momento dejó claro que no iba a rebajar el tono. Habló de “invasión migratoria”, de “catástrofe” en costas y barrios, y señaló directamente a Pedro Sánchez como responsable político de una situación que, según Vox, se ha agravado de forma exponencial en los últimos años.

 

 

Abascal citó incrementos porcentuales de la inmigración irregular, especialmente en Canarias, y los vinculó a las políticas del Gobierno central y al mensaje que, a su juicio, se envía desde el Congreso cuando se plantean regularizaciones extraordinarias.

 

 

Conviene subrayar aquí un elemento clave para entender el debate: muchas de las cifras que se utilizan en este tipo de intervenciones proceden de datos oficiales del Ministerio del Interior o de Frontex, pero su interpretación varía enormemente según el marco ideológico.

 

 

Mientras Vox presenta esos números como prueba de un “efecto llamada”, el Gobierno y organizaciones especializadas recuerdan que los flujos migratorios responden a factores geopolíticos, económicos y climáticos mucho más amplios, y que España no es una excepción en el contexto europeo.

 

 

El líder de Vox insistió en que la izquierda promete a los migrantes un “paraíso” que no puede ofrecer ni siquiera a los jóvenes españoles.

 

Introdujo así uno de los ejes más recurrentes de su discurso: la contraposición entre inmigración y precariedad juvenil.

 

Según Abascal, la llegada de mano de obra extranjera abarata salarios, expulsa a trabajadores nacionales y sirve a intereses empresariales que buscan reducir costes.

 

Este argumento conecta con una preocupación real —la dificultad de los jóvenes para acceder a empleo estable y vivienda—, pero es objeto de un intenso debate entre economistas.

 

Numerosos estudios señalan que el impacto de la inmigración en salarios y empleo depende del sector, del nivel de cualificación y del ciclo económico, y que en muchos casos los efectos negativos no son tan directos ni generalizados como se afirma en la tribuna política.

 

 

El discurso dio un giro aún más duro cuando abordó la cuestión de la seguridad y la delincuencia.

 

Abascal habló de ocupaciones, colapso de servicios públicos y delitos graves, incluyendo agresiones sexuales, atribuyendo una parte significativa de estos problemas a la inmigración irregular.

 

 

Citó datos sobre condenas en Cataluña y los utilizó para cuestionar la coherencia de un Gobierno que se autodefine como feminista.

 

Este es, probablemente, uno de los terrenos más sensibles del debate, porque mezcla miedo, protección de las víctimas y riesgo de estigmatización.

 

 

Las estadísticas oficiales muestran diferencias en tasas de criminalidad según nacionalidad en determinados delitos, pero también advierten de que esos datos deben analizarse con cautela, teniendo en cuenta variables socioeconómicas y evitando generalizaciones que criminalicen a colectivos enteros.

 

 

Otro de los bloques centrales de la intervención fue el de los menores migrantes no acompañados.

 

Abascal calificó de “secuestro sistemático” su acogida en España y defendió que deberían permanecer en sus países de origen con sus familias.

 

Aquí el choque con el marco legal es evidente: la legislación española y los convenios internacionales obligan a proteger a los menores que llegan solos, independientemente de su nacionalidad.

 

Las pruebas de determinación de edad, la cooperación con países de origen y el reparto entre comunidades autónomas son asuntos complejos, llenos de matices, que rara vez encuentran espacio en discursos tan polarizados.

 

 

La inmigración, en el relato de Vox, no aparece aislada, sino integrada en una crítica más amplia al modelo fiscal del Gobierno.

 

Abascal acusó a Sánchez de haber subido impuestos de forma masiva, de empobrecer a las clases medias y de utilizar esos recursos para financiar políticas que considera fallidas, así como redes de corrupción.

 

Mencionó casos judiciales conocidos y los vinculó directamente con la presión fiscal y el gasto público.

 

Esta estrategia discursiva busca conectar el malestar económico cotidiano —el precio de los alimentos, la vivienda, la energía— con una narrativa de saqueo y mala gestión.

 

Desde el punto de vista comunicativo, la intervención fue un manual de movilización emocional: frases cortas, repeticiones, enemigos claros y una promesa implícita de orden y control.

 

No es casual que este tipo de discursos encuentre eco en sectores de la población que sienten que el sistema no les protege o que perciben un deterioro rápido de su entorno.

 

Tampoco es casual que genere una reacción igual de intensa en el lado opuesto del espectro político, donde se ve como una amenaza directa a la convivencia y a los principios básicos del Estado de derecho.

 

 

La respuesta a este tipo de mensajes no se limita al Parlamento. Cada intervención de Abascal es analizada, desmentida, amplificada o recortada en función del medio y del usuario que la comparte.

 

En las redes sociales, fragmentos concretos del discurso se convierten en munición para unos y otros.

 

Mientras simpatizantes de Vox celebran lo que consideran “verdades incómodas”, organizaciones sociales, juristas y periodistas recuerdan la importancia de no confundir problemas reales con soluciones simplistas.

 

 

Lo que quedó claro tras esta sesión es que el debate sobre inmigración en España ha entrado en una fase decisiva.

 

Ya no se trata solo de gestionar flujos o cumplir cuotas europeas, sino de definir qué tipo de sociedad se quiere construir.

 

Una sociedad que afronta los retos con políticas públicas complejas, cooperación internacional y pedagogía social, o una que opta por el cierre, la expulsión y la confrontación constante.

 

 

Para el Partido Popular, atrapado entre la presión de Vox y la necesidad de presentarse como alternativa de gobierno, el dilema es evidente.

 

Cada guiño al discurso duro puede suponer réditos a corto plazo, pero también erosiona su perfil institucional y genera tensiones territoriales, como se ha visto en comunidades que reclaman solidaridad en la acogida.

 

Para el PSOE y sus socios, el reto es doble: defender un enfoque basado en derechos sin caer en la autocomplacencia y ofrecer respuestas eficaces a problemas reales de convivencia, vivienda y servicios públicos.

 

 

El ciudadano que sigue este debate desde fuera puede sentirse saturado, incluso confundido.

 

Entre cifras cruzadas, acusaciones de bulo y discursos inflamados, resulta difícil discernir qué hay de diagnóstico honesto y qué de estrategia electoral. Precisamente por eso es fundamental exigir rigor, contexto y responsabilidad.

 

La inmigración no es un fenómeno pasajero ni un eslogan: es una realidad estructural que seguirá marcando la agenda política y social en las próximas décadas.

 

 

La sesión parlamentaria dejó una imagen potente, casi simbólica: aplausos, abucheos y un hemiciclo dividido en bloques que apenas se escuchan.

 

Pero también dejó una pregunta abierta que interpela a todos, más allá de siglas: ¿cómo se puede hablar de inmigración sin alimentar el odio ni negar los problemas? ¿Cómo se protegen los derechos sin ignorar los miedos? ¿Cómo se construye un relato que no fracture aún más a la sociedad?

 

 

Responder a esas preguntas exige algo más que discursos encendidos. Exige políticas basadas en datos, cooperación entre administraciones, inversión en integración, lucha real contra las mafias y un esfuerzo comunicativo que rebaje la tensión en lugar de explotarla.

 

Exige, en definitiva, entender que cada palabra pronunciada desde una tribuna tiene consecuencias fuera de ella. Porque cuando el lenguaje se vuelve arma, la convivencia se convierte en la primera víctima.