FRAN RIVERA ACUSADO DE DELITO DE TRAICIÓN A ESPAÑA “LE PEGAN ZASCA Y ABANDONA PROGRAMA EN DIRECTO”.

 

 

El debate estalló en directo, sin filtros y sin red de seguridad, como suelen hacerlo las grandes polémicas que condensan en pocas horas tensiones políticas, emocionales y mediáticas que llevan años acumulándose.

 

 

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no solo sacudió el tablero internacional: en España abrió una grieta profunda en el discurso público, dejando al descubierto hasta dónde llega la polarización cuando se mezclan geopolítica, emociones, patriotismo y espectáculo televisivo.

 

 

En ese contexto apareció Fran Rivera. El torero, personaje habitual en tertulias y redes, lanzó un mensaje que fue interpretado por muchos como algo más que una opinión personal.

 

Tras celebrar la intervención estadounidense en Venezuela y calificar a Maduro como “narcoterrorista, asesino y cobarde”, pidió explícitamente que Donald Trump “no parara” y que siguiera adelante.

 

El gesto, acompañado de una puesta en escena cargada de simbología, fue leído por una parte de la audiencia como una insinuación peligrosa: ¿estaba pidiendo una intervención extranjera también para España?

 

 

La reacción fue inmediata. Las redes sociales ardieron, los fragmentos del vídeo se viralizaron y el debate saltó de X a los platós de televisión en cuestión de minutos.

 

 

No se trataba solo de un comentario más. En un país con una memoria histórica compleja respecto a la soberanía y las injerencias externas, la idea de “llamar” a una potencia extranjera activó alarmas políticas y emocionales.

 

 

Algunos analistas fueron directos: acusaron a Rivera de hacer apología de la violencia y de frivolizar con un asunto de extrema gravedad.

 

 

Otros fueron más lejos y hablaron abiertamente de traición, de incitación a una intervención militar y de un discurso incompatible con cualquier noción democrática.

 

 

Incluso desde sectores de la izquierda se planteó si sus palabras podrían tener encaje penal, recordando que inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra puede acarrear penas de prisión según el Código Penal español.

 

 

La polémica alcanzó tal dimensión que una exdiputada de Podemos llegó a pedir públicamente 20 años de cárcel para el diestro.

 

Más allá de la viabilidad jurídica de esa petición, el gesto simbolizaba el nivel de tensión al que había llegado el debate.

 

Fran Rivera pasó, en cuestión de horas, de comentarista indignado a protagonista de una tormenta política y mediática.

 

 

Cuando se le dio la oportunidad de responder, Rivera optó por una estrategia defensiva: negó haber señalado directamente al presidente del Gobierno español y afirmó que sus palabras habían sido malinterpretadas.

 

Insistió en que no pedía ninguna invasión de España y que su intención era denunciar a quienes, según él, se habían beneficiado de la dictadura venezolana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

 

En política y en comunicación, el contexto pesa tanto como las palabras, y el contexto era explosivo.

 

 

El cruce de intervenciones en plató reflejó algo más profundo que una discusión puntual.

 

De un lado, quienes defendían que la acción de Estados Unidos, aunque ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, había servido para liberar a un pueblo sometido durante años.

 

 

Del otro, quienes advertían del peligro de normalizar secuestros de jefes de Estado, vulneraciones de la soberanía nacional y operaciones militares sin aval de Naciones Unidas.

 

 

En medio del caos dialéctico, surgió una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se puede justificar un “mal menor” en nombre de un supuesto bien mayor? Rivera llegó a decir que no apoyaba la intervención militar en abstracto, pero que entendía la operación como un “mal pequeño” frente al sufrimiento de millones de venezolanos.

 

 

Esa frase, repetida en titulares y debates posteriores, se convirtió en uno de los ejes del conflicto moral.

 

 

El programa se convirtió entonces en un reflejo en miniatura del debate global. Algunos tertulianos recordaron que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza salvo en defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad.

 

 

Otros señalaron que Estados Unidos había actuado sin consultar siquiera a su propio Congreso, algo que en sí mismo ya generaba dudas sobre la legitimidad de la operación.

 

 

El número de víctimas mortales durante la incursión —más de 80 según diversas fuentes— añadió una capa más de crudeza.

 

 

Cada dato nuevo hacía más difícil sostener un discurso simplista. No se trataba solo de Maduro, ni siquiera solo de Venezuela.

 

Se trataba del precedente que se estaba creando y del mensaje que se enviaba al mundo: que la ley del más fuerte puede imponerse sobre el derecho internacional.

 

 

Fue en ese punto cuando intervino Ione Belarra, líder de Podemos, elevando el tono del debate a un nivel aún más ideológico.

 

Sus palabras no dejaron lugar a matices: calificó a Donald Trump como “el Hitler del siglo XXI” y denunció que Estados Unidos estaba instaurando un orden internacional basado en el fascismo, la fuerza bruta y el expolio de recursos.

 

 

Para Belarra, lo ocurrido en Venezuela no era un caso aislado, sino la continuación lógica de lo sucedido en Palestina, Irak y otros escenarios donde, según su análisis, Occidente ha actuado con impunidad.

 

 

Belarra fue más allá y planteó una pregunta que incomodó incluso a algunos de sus interlocutores: ¿qué va a hacer España para frenar a Estados Unidos? Criticó lo que llamó “declaraciones tristes e impotentes” del Gobierno y exigió medidas concretas.

 

Entre ellas, una que sonó casi utópica para algunos y radical para otros: la salida inmediata de España de la OTAN.

 

 

Su argumento se apoyaba en una idea central: permanecer en la alianza militar convierte a España en cómplice de acciones que vulneran el derecho internacional.

 

Según Belarra, no hay neutralidad posible cuando se comparte estructura militar con quien secuestra presidentes y bombardea países por petróleo.

 

Para ella, el “rearme moral” pasa por romper con esa lógica y construir una autonomía estratégica europea al margen de Estados Unidos.

 

 

La réplica no tardó en llegar. Salir de la OTAN, le dijeron, podría dejar a España aislada y debilitada en un mundo cada vez más inestable.

 

Belarra respondió con una inversión del argumento: lo verdaderamente peligroso, sostuvo, es seguir dentro de una alianza que legitima guerras por recursos y normaliza la ley del más fuerte. Para ella, la seguridad no puede construirse sobre la injusticia.

 

 

El debate derivó entonces hacia el verdadero elefante en la habitación: el petróleo.

 

Venezuela no es solo un país con una crisis política profunda; es el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta.

 

Más que Arabia Saudí, más que Irán, más que Canadá. Esa realidad geológica condiciona toda la historia reciente del país y explica, según muchos analistas, la intensidad del interés estadounidense.

 

 

Belarra recordó cómo en los años noventa las grandes petroleras estadounidenses explotaban el crudo venezolano a gran escala, llegando a producir tres millones de barriles diarios destinados en gran parte a Estados Unidos.

 

La llegada de Hugo Chávez al poder cambió ese equilibrio: nacionalizaciones, expulsión de empresas extranjeras y una política energética soberana que redujo drásticamente la presencia de multinacionales norteamericanas.

 

 

Desde entonces, la producción cayó, las sanciones se multiplicaron y el conflicto se enquistó.

 

 

Hoy, Venezuela apenas representa el 1% de la producción mundial de crudo. Recuperar los niveles de los años noventa no es cuestión de meses, sino de inversiones colosales: entre 110.000 y 120.000 millones de dólares durante varios años, según estimaciones de expertos del sector.

 

 

Ahí está, según esta lectura, el verdadero trasfondo de la operación: una batalla de largo plazo por el control del recurso energético más importante del planeta.

 

No un gesto aislado ni una reacción improvisada, sino una pieza más en un tablero geopolítico donde el petróleo sigue marcando el ritmo de las decisiones.

 

 

Mientras tanto, en España, el debate sigue abierto. Las palabras de Fran Rivera, lejos de diluirse, han actuado como catalizador de una discusión mucho más amplia sobre patriotismo, soberanía y límites del discurso público.

 

 

¿Se puede llamar patriota a quien pide ayuda extranjera? ¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza la irresponsabilidad política? ¿Qué papel deben jugar los personajes públicos cuando hablan de guerras y golpes de Estado?

 

Lo ocurrido demuestra hasta qué punto la política internacional ya no se discute solo en despachos diplomáticos, sino en platós de televisión, redes sociales y debates encendidos que mezclan información, opinión y emoción.

 

Cada gesto, cada frase, se amplifica y se convierte en un símbolo.

 

 

En ese ruido constante, quizá la pregunta más importante no sea quién tiene razón, sino qué mundo estamos dispuestos a aceptar como normal.

 

Uno donde las potencias deciden quién gobierna y quién no, o uno donde, con todas sus imperfecciones, el derecho internacional sigue siendo una línea roja.

 

 

Porque lo que hoy ocurre en Venezuela, mañana puede servir de precedente en cualquier otro lugar. Y esa posibilidad, más allá de ideologías, debería inquietar a cualquiera.