El futuro que Trump prepara para Venezuela: ¿mantener el chavismo o acabar con él?.

 

 

 

 

La caída de Nicolás Maduro tras la ofensiva militar de Estados Unidos ha abierto una grieta histórica en Venezuela y, al mismo tiempo, un enorme interrogante geopolítico: ¿qué pretende realmente Donald Trump con este movimiento? ¿Estamos ante el inicio de una auténtica transición democrática o frente a una reconfiguración del poder diseñada desde Washington para asegurar sus propios intereses estratégicos y económicos? Las palabras del propio Trump, los primeros gestos de su Administración y la lectura que hacen analistas internacionales permiten trazar, al menos, dos caminos posibles para el futuro inmediato del país.

 

 

 

Conviene partir de una premisa incómoda, pero necesaria. El Ejército de Estados Unidos no actúa como una ONG internacional dedicada a liberar pueblos oprimidos por altruismo.

 

Es el brazo armado de una potencia global que utiliza la fuerza como instrumento para proteger y expandir sus intereses.

 

Pensar lo contrario sería ingenuo. Sin embargo, aceptar esta realidad no implica negar que, en ocasiones, esos intereses puedan coincidir de forma colateral con el deseo legítimo de millones de personas de sacudirse una dictadura.

 

En Venezuela, ese deseo llevaba años acumulándose bajo el peso de una crisis económica devastadora, una represión sistemática y un Estado capturado por una élite política y militar.

 

 

Por eso, la caída de Maduro genera sentimientos encontrados. No es un triunfo moral de Washington ni una victoria automática del pueblo venezolano, pero sí supone la desaparición de la figura que simbolizaba el régimen chavista en su fase más autoritaria y empobrecida.

 

Esa ausencia abre una ventana de oportunidad. La pregunta clave es quién y cómo va a atravesarla.

 

 

Las declaraciones públicas de Donald Trump tras la operación militar ofrecen pistas relevantes.

 

El presidente estadounidense habló de la instauración de un gobierno provisional y de transición, tutelado directamente por Estados Unidos.

 

No utilizó eufemismos. Habló de dirigir el proceso, de garantizar la estabilidad y de reconstruir la economía venezolana, especialmente a través de la industria petrolera.

 

En ese punto, el mensaje fue cristalino: el petróleo está en el centro de la ecuación.

 

 

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su industria energética ha sido devastada por años de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales.

 

Trump presentó este colapso como una consecuencia directa del chavismo y como una oportunidad para “reflotar” el sector mediante inversiones multimillonarias de compañías estadounidenses.

 

El lenguaje empleado no fue el de la cooperación entre iguales, sino el de una potencia que asume el control de un activo estratégico clave.

 

 

Ese énfasis económico alimenta la sospecha de que el objetivo prioritario de la intervención no es la democratización, sino la reorganización del poder para garantizar un acceso estable y favorable a los recursos venezolanos.

 

En este contexto, la política aparece subordinada a la lógica del negocio. La reconstrucción prometida podría traducirse en crecimiento y empleo, pero también en una nueva dependencia estructural.

 

 

Otro elemento revelador fue el trato dispensado por Trump a la oposición venezolana.

 

En particular, su frialdad hacia María Corina Machado, una de las figuras más visibles y combativas contra el chavismo.

 

El presidente estadounidense llegó a poner en duda su apoyo mayoritario dentro del país y descartó implícitamente que liderara el proceso de transición.

 

El mensaje fue interpretado como un desdén, pero también como una señal estratégica: Washington no parece dispuesto a entregar el poder a una líder que no controla.

 

 

Más significativo aún fue el reconocimiento explícito de contactos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen chavista.

 

Mientras Maduro era detenido y trasladado fuera del país, otras figuras clave del chavismo permanecían intactas y, en algunos casos, convertidas en interlocutores válidos para Estados Unidos.

 

Este detalle ha encendido todas las alarmas entre quienes temen que la intervención no haya buscado desmontar el régimen, sino simplemente decapitarlo para gestionarlo desde fuera.

 

 

A partir de estos hechos, se dibujan dos escenarios posibles. El primero, y más pesimista, es el de una continuidad encubierta del chavismo sin Maduro.

 

 

En este escenario, los cuadros políticos, militares y administrativos del régimen seguirían controlando el Estado venezolano, pero bajo la supervisión directa de Washington.

 

Estados Unidos habría eliminado al líder incómodo para asumir el mando real, sin alterar las estructuras profundas de poder.

 

 

Este modelo permitiría una explotación más eficiente de los recursos naturales, especialmente el petróleo, pero no garantizaría ni libertad política ni prosperidad compartida.

 

Cambiaría el beneficiario final de la rapiña: de la oligarquía chavista a las arcas estadounidenses y a las multinacionales energéticas.

 

Para los venezolanos, supondría una versión renovada del mismo problema: un Estado capturado, esta vez al servicio de intereses extranjeros.

 

 

Este escenario explicaría por qué figuras como Diosdado Cabello o la propia Delcy Rodríguez no fueron detenidas.

 

Mantener a los cuadros chavistas sería funcional para una transición controlada, pero profundamente incompatible con una ruptura democrática real.

 

La represión podría suavizarse, la economía estabilizarse parcialmente, pero el núcleo autoritario permanecería intacto.

 

 

El segundo escenario, más optimista aunque lleno de riesgos, plantea una transición gradual hacia un Estado de derecho, precedida por una “deschavización” profunda de las instituciones.

 

 

Aquí la lógica sería distinta. Antes de celebrar elecciones libres y colocar al frente del país a un líder opositor, sería necesario desmontar el entramado de lealtades, corrupciones y controles que el chavismo ha incrustado en el ejército, la judicatura y la administración.

 

 

Desde esta perspectiva, la exclusión inicial de figuras como Edmundo González o María Corina Machado del poder no sería un castigo, sino una estrategia.

 

Colocar de inmediato a un presidente opositor sin control sobre el aparato del Estado podría convertirlo en un “presidente de paja”, incapaz de gobernar y expuesto a sabotajes internos.

 

El resultado sería el caos, la inestabilidad y, posiblemente, un nuevo conflicto civil.

 

 

Quienes defienden esta lectura señalan paralelismos con la Transición española.

 

En España, el paso de la dictadura a la democracia fue ejecutado en gran medida por las propias élites del franquismo, dentro de la legalidad vigente.

 

Fue un proceso “de la ley a la ley”, imperfecto pero eficaz. Algo similar podría estar planteándose para Venezuela: utilizar a sectores del chavismo para desmontar el chavismo.

 

 

Este camino, sin embargo, entraña un dilema moral y político enorme. ¿Es legítimo confiar la transición a quienes han sostenido el régimen durante décadas? ¿Puede construirse una democracia sólida sobre la base de un aparato estatal que ha sido cómplice de abusos sistemáticos? La respuesta no es sencilla, pero la experiencia comparada muestra que las transiciones abruptas, sin control institucional, suelen fracasar.

 

 

En este segundo escenario, la distancia pública de Trump respecto a la oposición venezolana podría acabar beneficiándola.

 

Si María Corina Machado o cualquier otro líder opositor llega al poder tras un proceso en el que Washington no aparece como su padrino directo, su legitimidad interna sería mayor.

 

Gobernarían por mandato popular, no por designación extranjera. Eso es clave para la estabilidad a largo plazo.

 

 

Ahora bien, nada de esto garantiza que Estados Unidos esté realmente comprometido con ese desenlace.

 

Trump no ha ocultado nunca su visión transaccional de la política internacional.

 

Para él, la democracia es secundaria frente al control estratégico y al beneficio económico.

 

Pensar que actuará por convicción democrática sería un error. Pensar que no puede verse forzado por la realidad venezolana y por la presión interna e internacional también lo sería.

 

 

Porque, al final, el futuro de Venezuela no lo decidirá únicamente Washington.

 

Estados Unidos puede ser el actor hegemónico, pero no el único.

 

La sociedad venezolana, debilitada pero no derrotada, sigue siendo un factor decisivo.

 

Si acepta pasivamente una tutela externa que perpetúe las estructuras del chavismo, el primer escenario se consolidará.

 

Si, por el contrario, presiona desde las calles, los medios y las organizaciones civiles para exigir una apertura real, el margen de maniobra estadounidense se reducirá.

 

 

Aquí reside el punto más importante y, a menudo, el más olvidado. La caída de Maduro no es el final del camino, sino el comienzo de una disputa por el sentido de la transición.

 

Confiar ciegamente en Donald Trump sería un error estratégico. Pero desaprovechar la ventana de oportunidad abierta por la desaparición del líder chavista sería un error histórico.

 

 

La lucha que se abre ahora es más compleja y menos épica. No se trata de derrocar a un tirano, sino de evitar que su sistema sobreviva bajo otro amo.

 

Se trata de construir instituciones, recuperar la legalidad, reactivar la economía sin hipotecar la soberanía y reconciliar a una sociedad profundamente fracturada. Nada de eso será rápido ni indoloro.

 

 

En este escenario incierto, el papel de la comunidad internacional también será clave.

 

Europa, América Latina y los organismos multilaterales deberán decidir si avalan una transición tutelada por Estados Unidos o si exigen garantías claras de apertura política, respeto a los derechos humanos y un calendario creíble de elecciones libres.

 

El silencio o la complacencia contribuirían a legitimar un modelo extractivo disfrazado de reconstrucción.

 

 

En última instancia, Venezuela se enfrenta a una encrucijada histórica.

 

Puede salir del chavismo para caer en una nueva forma de dependencia o puede iniciar, con enormes dificultades, un proceso de regeneración política y económica.

 

Donald Trump tendrá influencia, pero no control absoluto. El desenlace dependerá de la capacidad de los venezolanos para organizarse, exigir y resistir, y de la voluntad del mundo de no confundir la caída de un dictador con la llegada automática de la libertad.

 

 

La historia demuestra que las ventanas de oportunidad no permanecen abiertas para siempre.

 

La que hoy se ha abierto en Venezuela es frágil y peligrosa, pero real. Aprovecharla exigirá lucidez, valentía y una desconfianza sana hacia cualquier potencia que prometa salvación a cambio de obediencia.

 

Solo así podrá evitarse que el fin del chavismo sea, en realidad, solo un cambio de dueño.