GOLPE FINAL AL TRIBUNAL SUPREMO “FISCALÍA PRESENTA PRUEBA CLAVE ABSOLUCIÓN FISCAL GENERAL”.

 

 

 

 

 

La sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no solo ha abierto un debate jurídico de enorme calado, sino que ha provocado una sacudida profunda en la confianza ciudadana en el sistema judicial.

 

Desde que se conoció el fallo, una pregunta se repite con insistencia en círculos jurídicos, mediáticos y políticos: ¿por qué el Supremo ha relegado a un segundo plano testimonios clave que podían haber cambiado el sentido de la condena? Esa duda, lejos de disiparse, se ha intensificado tras el incidente de nulidad presentado por la Fiscalía, un movimiento que marca el inicio de un recorrido que apunta directamente al Tribunal Constitucional.

 

 

El foco del debate está en algo que, para el ciudadano común, resulta tan sencillo como inquietante: si un tribunal no cree un testimonio, ¿por qué no lo dice claramente? Y si considera que ese testimonio es falso, ¿por qué no actúa en consecuencia? Estas preguntas no son retóricas. Son las mismas que se han hecho algunos de los periodistas que declararon en la causa y que, tras leer la sentencia, se encontraron con una sensación difícil de digerir: su palabra no fue considerada prueba de descargo, pero tampoco se les acusó de mentir.

 

 

Ese silencio judicial es uno de los elementos que más desconciertan. El Supremo, según se desprende del fallo, se cuida mucho de no afirmar de manera explícita que esos testimonios carezcan de credibilidad.

 

 

Tampoco deduce testimonio por falso testimonio, una figura habitual cuando un tribunal entiende que un declarante ha faltado a la verdad. El resultado es una especie de limbo jurídico: no se cree del todo lo que dijeron, pero tampoco se considera lo suficientemente grave como para actuar contra ellos.

 

Para muchos juristas, esta ambigüedad es uno de los puntos más débiles de la sentencia.

 

 

La Fiscalía, en su escrito de incidente de nulidad, ha puesto el dedo en esa llaga. No solo cuestiona la valoración de la prueba testifical, sino que exige una explicación clara: si los magistrados no dieron valor a lo declarado por los periodistas —que aseguraron haber tenido acceso al correo filtrado antes que el propio García Ortiz—, ¿por qué esa circunstancia no se tuvo en cuenta como prueba de descargo? La pregunta es directa y apunta al corazón del principio de presunción de inocencia.

 

 

Este incidente de nulidad no es un simple trámite menor. Es un paso imprescindible para poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Y, en ese sentido, el escrito del Ministerio Público funciona casi como un adelanto del recurso que vendrá después.

 

 

En él se habla de vulneración de derechos fundamentales, de una valoración errónea de las pruebas y, sobre todo, de una quiebra del principio acusatorio, uno de los pilares del proceso penal.

 

 

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la inclusión de la nota de prensa del 14 de marzo de 2024 como elemento central de la condena.

 

En un primer momento, esa nota no formaba parte del objeto del procedimiento.

 

Así lo reconoció la propia sala cuando decidió abrir la causa. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa nota terminó convirtiéndose en una de las pruebas consideradas determinantes por la mayoría de los magistrados para condenar a García Ortiz.

 

Para la Fiscalía, este giro plantea un problema grave: ¿cómo puede una defensa combatir eficazmente una acusación si no sabe exactamente de qué se le acusa?

 

Aquí entra en juego otro principio esencial: el de contradicción. Toda persona investigada tiene derecho a conocer con precisión los hechos que se le imputan para poder defenderse.

 

Si un elemento clave entra en el procedimiento de manera tardía, sin posibilidad real de alegación durante la instrucción, se rompe ese equilibrio básico entre acusación y defensa.

 

Eso es, precisamente, lo que denuncia el Ministerio Público y lo que previsiblemente será uno de los ejes del recurso ante el Constitucional.

 

 

La controversia se agrava cuando se analiza el delito por el que fue condenado García Ortiz.

 

No se trata de una revelación de secretos en el sentido clásico, sino de un delito de revelación de datos reservados.

 

La Fiscalía sostiene que, en la práctica, la sentencia acaba construyendo una especie de nuevo tipo delictivo, una interpretación “creativa” del Código Penal que permite condenar sin que exista una conducta claramente tipificada en la ley.

 

Para el ciudadano sin formación jurídica, la pregunta es inevitable: ¿se puede condenar a alguien por algo que no está claramente definido como delito?

 

 

En este punto, el testimonio de los periodistas vuelve a cobrar relevancia. Si ellos tuvieron acceso al contenido del correo electrónico antes que el propio fiscal general, la tesis de que fue García Ortiz quien reveló esos datos pierde fuerza.

 

 

Sin embargo, el Supremo introduce un argumento adicional para sostener la condena: el deber reforzado de confidencialidad que pesa sobre un alto cargo del Estado.

 

Según esta lógica, aunque la información ya fuera conocida por terceros, el fiscal general tenía la obligación de mantener la reserva por el cargo que ocupaba.

 

 

Este razonamiento es clave para entender la sentencia y, al mismo tiempo, uno de los más discutidos.

 

Para la mayoría del tribunal, ese deber especial justifica la condena incluso si los datos ya circulaban.

 

Para la Fiscalía, en cambio, este enfoque desdibuja los límites del derecho penal y castiga una conducta sin acreditar una relación directa y probada entre el acusado y la supuesta filtración.

 

 

La sensación de injusticia que algunos analistas han expresado públicamente se apoya en esta concatenación de decisiones.

 

Se condena sin pruebas directas, se reinterpreta el objeto del proceso sobre la marcha y se resta valor a testimonios que podrían haber exculpado al acusado sin ofrecer una explicación plenamente satisfactoria.

 

De ahí que voces autorizadas hayan llegado a afirmar que estamos ante una condena que daña seriamente la confianza en la justicia.

 

 

No se trata solo de la figura de García Ortiz. Lo que está en juego es algo mucho más amplio: la percepción de que el sistema puede condenar sin pruebas sólidas y sin respetar escrupulosamente las garantías procesales.

 

Esa preocupación no es patrimonio de una ideología concreta. Atraviesa a juristas, periodistas y ciudadanos de muy distintas sensibilidades, unidos por la inquietud ante un precedente peligroso.

 

 

El debate se ha trasladado también al terreno mediático. Algunos periodistas que siguieron el caso desde dentro han señalado la existencia de una auténtica “cacería” en la que confluyeron intereses políticos, presiones mediáticas y una narrativa que daba por culpable al exfiscal general antes incluso de que se dictara sentencia.

 

Sin entrar en teorías conspirativas, lo cierto es que el clima previo al fallo no ayudó a reforzar la idea de un proceso sereno y estrictamente jurídico.

 

 

Quienes defienden la actuación del Supremo apelan a la autoridad del alto tribunal y recuerdan que no se trata de una instancia cualquiera.

 

Precisamente por eso, la crítica resulta más incisiva. Si el Supremo es la cúspide del sistema judicial ordinario, sus errores —si los hay— tienen un impacto mayor.

 

Y, como han señalado algunos analistas, es ingenuo pensar que el propio tribunal vaya a rectificar en esta fase, porque hacerlo supondría reconocer vulneraciones graves del procedimiento penal.

 

 

De ahí que muchas expectativas estén puestas en el Tribunal Constitucional, al que algunos se refieren como el verdadero tribunal de garantías.

 

Será allí donde se analice si se ha vulnerado la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal.

 

Será allí donde se determine si se puede condenar a alguien sin pruebas directas y con una acusación que cambia de contornos a lo largo del proceso.

 

 

El incidente de nulidad presentado por la Fiscalía es, en este sentido, un paso inevitable.

 

No garantiza nada, pero abre la puerta a que el Constitucional entre a valorar el fondo del asunto.

 

Y ese simple hecho ya es significativo. Indica que el propio Ministerio Público considera que la sentencia no es jurídicamente sólida y que existen motivos serios para revisarla.

 

 

Mientras tanto, el caso sigue generando preguntas incómodas. ¿Por qué el Supremo no explica de forma clara por qué descarta una prueba de descargo tan relevante? ¿Por qué no actúa contra los testigos si considera que no dijeron la verdad? ¿Por qué una nota de prensa pasa de ser irrelevante a convertirse en el eje de una condena? Cada una de estas cuestiones, por separado, ya sería motivo de debate. Juntas, dibujan un panorama preocupante.

 

 

Para el ciudadano de a pie, todo esto puede sonar técnico, lejano, casi incomprensible.

 

Pero las consecuencias son muy concretas. Si se acepta que se puede condenar sin pruebas claras, si se normaliza que los tribunales interpreten el Código Penal de manera expansiva para encajar una condena, cualquiera puede verse algún día en una situación similar.

 

Esa es la razón por la que este caso ha trascendido el ámbito estrictamente jurídico y se ha convertido en un símbolo de algo más grande.

 

 

La confianza en la justicia no se impone por decreto. Se construye con sentencias comprensibles, bien fundamentadas y respetuosas con las garantías.

 

Cuando esas garantías parecen tambalearse, el daño es profundo y duradero. Por eso, más allá de nombres propios, este proceso interpela a toda la sociedad.

 

 

El recorrido aún no ha terminado. Falta la respuesta del Supremo al incidente de nulidad y, previsiblemente, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Hasta entonces, el debate seguirá abierto.

 

Y seguirá siendo incómodo, porque obliga a mirar de frente una pregunta que nadie quiere hacerse: ¿qué pasa cuando el máximo intérprete de la ley ordinaria dicta una sentencia que muchos consideran injusta?

 

 

La respuesta, quizá, no llegará de inmediato. Pero el simple hecho de que se plantee ya es un síntoma de algo que no funciona como debería. Y eso, en un Estado de derecho, es una señal que no se puede ignorar.