BOMBAZO INDULTO FISCAL ORTIZ DESAFÍA AL TRIBUNAL SUPREMO. LA INFAME SENTENCIA SIGUE TRAYENDO COLA.

 

 

La condena al Fiscal General del Estado: una crisis de confianza en la justicia y el Estado de derecho.

 

 

La reciente condena al Fiscal General del Estado ha desatado un auténtico terremoto en la vida pública española, traspasando los límites de la esfera jurídica para convertirse en un debate social, político y ético de primer orden.

 

La reacción de la Asociación Progresista de Fiscales, a través de un comunicado y de las palabras de su presidente Félix Martín, ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales acerca de la legitimidad y la percepción de la justicia, la defensa de la presunción de inocencia y el papel de los fiscales frente a la desinformación y los bulos en la sociedad contemporánea.

 

 

El comunicado de la Asociación Progresista de Fiscales arranca con una advertencia que debería ser un principio rector en toda democracia: “Las resoluciones judiciales no solo deben ser justas, tienen que parecerlo, despejando toda sombra de duda sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia y a las garantías del estado de derecho”.

 

 

Esta frase, lejos de ser retórica, sintetiza el núcleo del problema: la justicia, para ser legítima, debe inspirar confianza y transparencia, y no dejar resquicio a la sospecha de arbitrariedad, politización o injusticia.

 

 

La condena al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha sido percibida por amplios sectores de la ciudadanía como un hecho incomprensible y preocupante.

 

 

Félix Martín, en una entrevista radiofónica, relataba cómo este asunto ha trascendido los círculos jurídicos y se ha convertido en tema de conversación cotidiana, desde los partidos de fútbol hasta las tertulias familiares.

 

 

“La gente no ha entendido nada”, afirma, reflejando la desconexión entre la lógica judicial y la percepción social.

 

 

Más allá de la complejidad técnica del caso, lo que se ha instalado es una sensación de que la justicia, en esta ocasión, no ha sido plenamente justa.

 

 

La presunción de inocencia, recuerda Martín, no es solo un principio jurídico sofisticado, sino una intuición democrática básica, compartida por la mayoría de los ciudadanos.

 

 

Es el famoso “in dubio pro reo”, el principio de que ante la duda, debe favorecerse al acusado.

 

 

En este caso, la duda no solo ha surgido fuera del tribunal, sino también en el seno del propio Tribunal Supremo, donde dos magistradas firmaron votos particulares señalando que la sentencia vulneraba la presunción de inocencia y que la actuación del fiscal general era, en realidad, la única opción legal posible para combatir un bulo.

 

 

 

Este hecho pone de manifiesto la fractura interna en la judicatura y la politización de la justicia, una cuestión que preocupa y que se refleja en la composición de la sentencia: cinco votos conservadores frente a dos progresistas.

 

 

La división ideológica en el seno del Tribunal Supremo es, para muchos, un síntoma de la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema judicial español.

 

 

Cuando la ciudadanía percibe que las sentencias pueden depender más de la adscripción política de los magistrados que de un análisis objetivo de los hechos, la confianza en el Estado de derecho se resiente gravemente.

 

 

El caso del Fiscal General también ha puesto en primer plano el papel de los fiscales en la lucha contra la desinformación.

 

 

En una sociedad saturada de noticias falsas, rumores y campañas de intoxicación, los fiscales tienen la responsabilidad de informar a la opinión pública y desmontar los bulos con datos y argumentos.

 

 

Sin embargo, la condena a García Ortiz envía un mensaje de temor y desprotección a toda la carrera fiscal: ¿puede un fiscal ser castigado penalmente por cumplir con su deber de informar? ¿No debería estar blindado ante este tipo de riesgos si actúa en defensa del interés público?

 

 

 

Félix Martín reclama una reforma legal que proteja a los fiscales y les permita ejercer su función sin miedo a represalias.

 

 

La unidad profesional, más allá de las diferencias ideológicas, es fundamental en este momento.

 

 

“No hay ni un fiscal que pueda estar más tranquilo que ayer después de esta sentencia”, reconoce, subrayando la vulnerabilidad en la que se encuentran todos los miembros del Ministerio Público.

 

 

La condena, lejos de aportar seguridad, ha generado incertidumbre y una sensación de indefensión colectiva.

 

 

Otro aspecto especialmente polémico ha sido la indefensión sufrida por García Ortiz durante el proceso.

 

 

Según relata Martín, la defensa del fiscal general se preparó para responder a una acusación concreta —la revelación indebida de información—, pero finalmente fue condenado por algo distinto, en base a la interpretación de un testimonio del decano del Colegio de Abogados de Madrid, que actuó como acusación particular.

 

 

Además, la presencia de magistrados del Supremo en cursos organizados por ese mismo colegio mientras deliberaban sobre la sentencia añade un elemento de sospecha sobre la imparcialidad del proceso.

 

 

El paralelismo entre la justicia y el periodismo es evidente en este caso. Si los jueces pueden condenar a partir de rumores, deducciones e inferencias —como se señala en la sentencia—, ¿qué diferencia hay entonces con la desinformación que tanto se denuncia en los medios? La condena por una nota informativa que, para unos, es delito y, para otros, es una obligación legal, ilustra el dilema de fondo: ¿cómo debe actuar un fiscal ante un bulo? ¿Qué mecanismos tiene para informar a la opinión pública sin exponerse a una sanción penal?

 

 

 

La sentencia ha puesto de manifiesto la necesidad de clarificar los límites y las obligaciones de los fiscales en la era de la información instantánea.

 

 

El derecho a la información veraz, la protección de la reputación y la intimidad de los ciudadanos, y el deber de transparencia de las instituciones son principios que deben equilibrarse cuidadosamente.

 

 

La reforma legal que reclama la Asociación Progresista de Fiscales debería abordar estos desafíos, estableciendo criterios claros y garantizando la seguridad jurídica de los profesionales.

 

 

En el plano humano, Félix Martín hace un llamamiento a no deshumanizar a los protagonistas de estos procesos.

 

 

La figura de García Ortiz, que en la toma de posesión de la nueva Fiscal General insistió en la primacía de la institución sobre la persona, debe servir de ejemplo para reflexionar sobre el clima de encarnizamiento y caricaturización que a menudo domina el debate público.

 

 

La justicia no puede convertirse en un espectáculo de linchamiento, ni la condena de una persona en motivo de satisfacción para quienes ven la política y el derecho como un campo de batalla ideológico.

 

 

La nueva Fiscal General, Teresa Peramato, ha señalado la necesidad de “sanar la profunda herida” que esta sentencia ha abierto en la carrera fiscal y en la sociedad.

 

 

La unidad, la prudencia y el compromiso ético son más necesarios que nunca para recuperar la confianza en la justicia y en el Estado de derecho.

 

 

La reconstrucción del crédito institucional no será fácil, pero es imprescindible para garantizar la estabilidad democrática y la paz social.

 

 

La sociedad española, que ha seguido este caso con atención y preocupación, espera que el camino, aunque complejo, sea fructífero y permita recuperar la confianza en sus instituciones.

 

 

El periodismo y la justicia, aliados en la defensa de la verdad y la democracia, tienen ante sí el reto de demostrar que la justicia no solo se administra en los tribunales, sino que empieza mucho antes, con la información veraz y el respeto a los principios fundamentales.

 

 

 

La condena al Fiscal General del Estado es, en última instancia, un síntoma de una crisis más profunda que afecta a la relación entre poder judicial, poder político y sociedad civil.

 

 

La politización de la justicia, la utilización partidista de los procedimientos judiciales y la falta de transparencia en la toma de decisiones son riesgos que amenazan la calidad de la democracia española.

 

 

La defensa de la presunción de inocencia, la necesidad de reformas legales, la unidad de los fiscales y el respeto a la humanidad de los implicados son los ejes sobre los que debe girar la reconstrucción del crédito del Estado de derecho.

 

 

El debate abierto por este caso debe servir para impulsar una reflexión colectiva sobre el sentido y los límites de la justicia en una sociedad democrática.

 

 

La legitimidad de las instituciones no se basa solo en el cumplimiento formal de la ley, sino en la confianza que inspiran a los ciudadanos.

 

 

La transparencia, la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales son condiciones indispensables para que la justicia sea, no solo justa, sino también percibida como tal.

 

 

En definitiva, la condena al Fiscal General del Estado ha abierto una herida profunda en la justicia española, que exige una respuesta colectiva y profesional.

 

 

La sociedad, los fiscales y los jueces tienen la responsabilidad de trabajar juntos para sanar esa herida, fortalecer el Estado de derecho y garantizar que nunca más se repita una situación de indefensión e incomprensión como la que ha sacudido a España en los últimos días.

 

 

Solo así será posible restaurar la confianza en la justicia y en la democracia, y asegurar que las resoluciones judiciales sean, como reclama la Asociación Progresista de Fiscales, no solo justas, sino también legítimas y creíbles para todos.