El informe de la UCO, recientemente desclasificado, llegó a Moncloa como una bomba: páginas repletas de datos, conexiones y decisiones que apuntan directamente al hombre de confianza de Pedro Sánchez. Los investigadores describen movimientos inesperados y un escalofriante patrón de comportamiento. Lo que antes era solo una sospecha se ha convertido en realidad con una historia escalofriante e increíble.

 

 

 

 

 

Santos Cerdán, la UCO y la sombra de la corrupción: el informe que sacude los cimientos del PSOE.

 

 

En la España contemporánea, la lucha contra la corrupción no es solo una batalla judicial, sino también una pugna por la confianza pública y la salud de la democracia.

 

 

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado ante el Tribunal Supremo, ha puesto en el centro del debate político a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez.

 

 

Un documento de más de 200 páginas que desentraña una presunta trama de comisiones ilegales, contratos millonarios y vínculos empresariales que, de confirmarse, podrían marcar un antes y un después en la historia reciente del partido socialista y del propio Gobierno .

 

 

 

La investigación se remonta a 2015, cuando la empresa Servinabar, vinculada al empresario Anchón Alonso —amigo personal de Santos Cerdán—, comienza a figurar como beneficiaria de numerosos contratos de obra pública, especialmente en Navarra.

 

 

La constructora Acciona, gigante del sector, aparece como la otra gran protagonista de la trama.

 

 

Según el informe de la UCO, ambas sociedades rubricaron un acuerdo de colaboración apenas días después de la constitución de Servinabar, estableciendo la base para explotar futuras oportunidades de negocio y subcontratar servicios en proyectos adjudicados a Acciona .

 

 

 

Lo que la UCO revela es una operativa milimétrica: cada vez que Acciona obtenía la adjudicación de una obra pública, Servinabar recibía una comisión del 2% del importe neto, una cifra que, sumada a lo largo de varios proyectos, se traduce en millones de euros.

 

 

Este porcentaje, según los investigadores, constituía la principal fuente de financiación de Servinabar, hasta el punto de que el 75,33% de los abonos percibidos por la sociedad procedían de Acciona .

 

 

El informe no solo apunta a Santos Cerdán, sino que extiende su foco a su entorno familiar.

 

 

La UCO detalla cómo la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz Cano, fue contratada por la cooperativa Noran COP —creada entre Anchón Alonso y Coldo García— y percibió cerca de 9.500 euros, con Servinabar como principal origen de los fondos.

 

 

Su hermana, Belén Cerdán León, recibió más de 22.000 euros de Servinabar y posteriormente fue contratada por la cooperativa Ercolan, que también recibió más de 367.000 euros de la empresa investigada. Incluso el cuñado, Antonio Muñoz Cano, figura como receptor de más de 53.000 euros en nóminas .

 

 

Además, Servinabar habría asumido el alquiler de inmuebles y la compra de mobiliario para Santos Cerdán, así como el uso de tarjetas de crédito de la empresa por parte de él y su familia, una operativa que se mantuvo hasta febrero de 2024, justo antes de la detención de Coldo García en el marco de la causa Coldo .

 

 

 

El informe de la UCO destaca la relación mercantil y económica entre Acciona y Servinabar, materializada a través de encuentros entre directivos de ambas empresas y Santos Cerdán.

 

 

Las reuniones, según la Guardia Civil, se celebraban bajo estrictas medidas de seguridad: apagado de teléfonos móviles, uso de aplicaciones de mensajería instantánea y comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias.

 

 

Todo para garantizar la privacidad y el anonimato en un contexto donde las adjudicaciones de obras en Logroño, Sevilla y San Feliú de Jobregat estaban en proceso de licitación .

 

 

Acciona, por su parte, ha mantenido que sus procesos de adjudicación siguen la legalidad vigente, pero el informe de la UCO pone en duda la transparencia de estos procedimientos, sugiriendo la existencia de pagos a Ávalos y Coldo, gestionados por Santos Cerdán, a cambio de la concesión de contratos públicos .

 

 

 

La figura de Anchón Alonso no es menor en esta historia. Empresario cercano a Cerdán, facilitó pactos entre el PSOE y partidos como Bildu, PNV e incluso Junts, claves para la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez tras la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy del Gobierno.

 

 

La UCO señala que los encuentros entre Alonso, Cerdán y Justo (directivo de Acciona) se intensificaron durante la etapa ministerial de Ávalos, entre 2018 y 2021, periodo en el que se produjeron las principales adjudicaciones investigadas .

 

 

 

Este trasfondo político añade una capa de complejidad al caso, pues la presunta corrupción no solo habría servido para el enriquecimiento personal, sino también para consolidar alianzas estratégicas en el tablero nacional.

 

 

 

El PSOE, de momento, ha optado por guardar silencio o limitarse a declaraciones institucionales que apelan a la presunción de inocencia.

 

 

Sin embargo, la magnitud del informe y la implicación de figuras de primer nivel han generado un terremoto mediático y político.

 

 

La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha girado en torno a este asunto, con la oposición exigiendo explicaciones y reclamando la dimisión de los implicados .

 

 

La opinión pública, por su parte, se divide entre quienes consideran que la investigación es una muestra de la fortaleza de las instituciones y quienes ven en ella una maniobra política para debilitar al Ejecutivo.

 

 

En redes sociales y tertulias televisivas, el caso Cerdán se ha convertido en un símbolo de la corrupción sistémica, alimentando la percepción de que “la familia unida en la corrupción” es una realidad en la España actual.

 

 

La UCO, como brazo investigador de la Guardia Civil, ha demostrado una vez más su capacidad para desentrañar tramas complejas y seguir el rastro del dinero público.

 

 

El informe presentado ante el magistrado Leopoldo Puente, encargado de la causa en el Supremo, es solo una pieza más de un puzzle que puede tener ramificaciones en otras administraciones y partidos.

 

 

 

Sin embargo, la presión mediática y la polarización política amenazan con convertir la investigación en un espectáculo, donde la búsqueda de la verdad queda en segundo plano frente a los intereses partidistas y la batalla por el relato.

 

 

El informe patrimonial sobre Santos Cerdán, aún pendiente de publicación, promete arrojar luz sobre sus propiedades, cuentas bancarias y posibles testaferros.

 

 

La UCO ha solicitado la práctica de nuevas diligencias para esclarecer la participación de todos los intervinientes y determinar el alcance real de la organización criminal investigada .

 

 

El desenlace judicial es incierto. Si se confirma la implicación de Cerdán y su entorno, el golpe para el PSOE y el Gobierno de Sánchez sería devastador.

 

 

Pero si, por el contrario, la investigación no logra acreditar la comisión de delitos, la causa podría alimentar la narrativa de persecución política y judicial.

 

 

El caso Santos Cerdán es mucho más que una investigación sobre comisiones ilegales.

 

 

Es un espejo de las debilidades institucionales, la fragilidad de los controles y la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión pública.

 

 

La corrupción, lejos de ser un fenómeno aislado, parece fluir “a borbotones” en las venas del sistema, como denuncia la propia UCO.

 

 

La pregunta que queda en el aire es si la justicia, los agentes de la UCO, los jueces y los fiscales podrán poner remedio a esta corrupción sistémica, o si, por el contrario, la impunidad seguirá siendo la norma.

 

 

En cualquier caso, la información es poder, y solo una ciudadanía informada y crítica podrá exigir el cambio que España necesita.