El juez Bosch pone el foco en un aspecto muy de fondo de la sentencia que condena al Fiscal General del Estado: para reflexionar.

 

 

 

“Estas altas instituciones han quedado algo tocadas”.

 

 

 

 

 

 

El juez Joaquim Bosch ha puesto el foco en un asunto muy de fondo y que llama a la reflexión tras conocerse los detalles de la sentencia que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, casi tres semanas después de que el Tribunal Supremo adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

 

 

 

 

El Supremo ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- lo fue tanto por la filtración a los medios del ’email’ donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.

 

 

 

En el texto, de 180 folios, el alto tribunal asegura que existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” para considerar que fue García Ortiz “o una persona de su entorno” y con su conocimiento quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo enviado el 2 de febrero de ese año por el abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel.

 

 

 

Bosch señala aspectos “discutibles”.

 

 

 

“Desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para decidir y debe ser acatado, la sentencia tiene aspectos que son discutibles jurídicamente.

 

 

La muestra más clara es que hay un voto particular de dos magistradas que es bastante crítico con la argumentación”, ha explicado Bosch en la Cadena Ser.

 

 

 

 

Ese voto, explica, “plantea que hay periodistas de cuatro medios distintos, son cuatro, muchos, de reconocido prestigio, de larga trayectoria, que han presentado un testimonio sin que se haya deducido por falsedad ninguna causa contra ellos, que han declarado que el Fiscal general no pudo ser el filtrador porque no era su fuente”.

 

 

 

Una valoración que “puede ser insuficiente”.

 

 

 

“Creo que la valoración de estas declaraciones puede ser insuficiente y al mismo tiempo no hay prueba directa y la indiciaria es también más bien débil y está más en el espacio de la sospecha que de llevar a una conclusión lógica que te lleve a concluir que el Fiscal General o alguien de su entorno, cuyo nombre tampoco se ha dicho, pudieran ser los responsables”, reflexiona Bosch, que señala que ahora “tendremos que ver el previsible recurso al Tribunal Constitucional”.

 

 

 

 

El juez señala que “hay coherencia interna en el razonamiento, pero hay aspectos más discutibles que pueden vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”: “Entre ellos el aspecto en el que está más fundamentada la sentencia, que es el borrado de los datos del móvil del Fiscal general”.

 

 

 

“Estas altas instituciones han quedado algo tocadas”.

 

 

 

Más allá de todo eso, Joaquim Bosch pone el foco en “la imagen de la Fiscalía y del Supremo”: “Estas altas instituciones han quedado algo tocadas después de esto porque se ha conectado con una causa de origen claramente político como la investigación contra la pareja de Ayuso”.

 

 

 

“Y en un contexto tan politizado hubiera sido muy deseable que la condena, si se producía, no hubiese generado dudas, Al igual que la absolución.

 

 

Es decir, que el Supremo hubiera quedado claramente al margen de la batalla política porque hoy las fuerzas políticas han trasladado al ámbito judicial sus cuestiones de debate público”, insiste el juez.

 

 

 

“A partir de ahí, me parece que ha habido una sentencia con un tribunal muy dividido, hubo división a la hora de ir o no a juicio, ha habido muchas excepcionalidades y a partir de ahí hay que salir de ese posible deterioro institucional con el respecto a las reglas de juego”, subraya Bosch.

 

 

 

La sentencia del Supremo, lejos de cerrar el debate, lo amplifica y deja abiertas numerosas cuestiones para el futuro.

 

 

El previsible recurso al Tribunal Constitucional obligará a revisar los estándares probatorios y el respeto a los derechos fundamentales en el proceso penal, mientras la sociedad observa con preocupación el deterioro de la confianza en las instituciones.

 

 

 

El caso García Ortiz ha evidenciado la fragilidad de la justicia española ante la presión política y mediática, y ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas profundas para garantizar la independencia y el rigor en la administración de justicia.

 

 

 

Bosch insiste en que, en un momento tan delicado, es fundamental respetar las reglas del juego y reforzar la transparencia y la solidez de los procedimientos judiciales para evitar que las instituciones queden “tocadas” por episodios de duda y división interna.

 

 

 

En definitiva, la sentencia contra García Ortiz es mucho más que un fallo judicial: es el reflejo de una crisis institucional que exige reflexión, autocrítica y reformas.

 

 

 

La sociedad española demanda una justicia independiente, transparente y rigurosa, capaz de resistir las presiones externas y de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

 

 

El futuro de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y de la propia democracia dependerá de la capacidad de las instituciones para salir reforzadas de este episodio y para recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia.