El MOMENTO en que RUFIÁN SE VA HUMILLADO el Congreso ¡AL SER PILLADO MINTIENDO PARA HUNDIR A MAZÓN!.

 

 

 

Inundaciones en la Comunidad Valenciana: Protocolo, gestión y controversia política tras la tragedia de la DANA.

 

 

 

La gestión de emergencias ante desastres naturales en España, y en concreto en la Comunidad Valenciana, ha quedado en el centro del debate público tras la trágica DANA que azotó la región en octubre de 2024.

 

 

Más allá del dolor irreparable de las víctimas y sus familias, la comisión de investigación parlamentaria ha puesto sobre la mesa las carencias, errores y contradicciones en la aplicación de protocolos, la coordinación entre administraciones y la transparencia informativa.

 

 

El caso del protocolo SALERT, la gestión del Barranco del Pollo y el papel del Gobierno central y autonómico han desatado una tormenta política que trasciende el ámbito técnico y pone en cuestión la responsabilidad institucional ante la ciudadanía.

 

 

La polémica sobre el protocolo SALERT se ha convertido en uno de los ejes centrales del enfrentamiento político. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, afirmó en sede parlamentaria que “no existe protocolo de SALERT”, negando que formara parte del plan de inundaciones o de emergencias.

 

 

Sin embargo, distintos medios han documentado la existencia de instrucciones, pliegos técnicos y comunicaciones oficiales que contradicen esta versión.

 

 

Según El Diario, la jueza encargada del caso ha establecido que el envío territorial de alertas sí estaba regulado, aunque Mazón alegue que se trataba de un documento provisional no incorporado formalmente al plan especial de riesgos.

 

 

Esta controversia no es menor: la activación oportuna del sistema de avisos a la población podría haber cambiado el curso de los acontecimientos.

 

 

El País revela que la Generalitat contemplaba el uso del sistema ES-Alert desde agosto de 2024, lo que desmonta el testimonio exculpatorio de Mazón y abre la puerta a nuevas responsabilidades políticas y judiciales.

 

 

El Plural, por su parte, aporta notas de prensa y documentos oficiales que evidencian la existencia de un protocolo operativo, aunque su aplicación efectiva haya sido objeto de disputa interna.

 

 

La discusión sobre la existencia, vigencia y aplicación del protocolo SALERT no solo tiene implicaciones técnicas, sino que refleja la fragilidad de los mecanismos de coordinación entre administraciones y la tendencia a priorizar el cálculo político sobre la prevención y la transparencia.

 

 

 

Otro de los puntos más controvertidos ha sido la gestión del Barranco del Pollo, cuyo caudal desbordado provocó graves daños y pérdidas humanas.

 

 

Durante la comisión de investigación, se ha puesto de manifiesto que las obras de mejora y canalización, recomendadas por expertos y solicitadas por vecinos desde hace años, fueron bloqueadas por razones administrativas y presupuestarias.

 

 

El diputado Sánchez del Partido Popular ha denunciado que “todas las administraciones implicadas fallaron”, y que la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat y el Gobierno central agravó las consecuencias del desastre.

 

 

La cuestión no es solo técnica, sino política: ¿por qué no se ejecutaron las obras recomendadas? ¿Por qué la información sobre la evolución del caudal no se compartió en tiempo real entre los órganos de emergencia? ¿Por qué hubo dos horas y media de vacío informativo, según denuncian varios grupos parlamentarios? La respuesta, lejos de ser sencilla, pone en evidencia la falta de mecanismos de alerta temprana, la opacidad en la toma de decisiones y la tendencia a evitar responsabilidades colectivas.

 

 

 

El debate parlamentario ha desnudado las grietas en la cadena de mando y la coordinación entre administraciones.

 

 

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la Confederación Hidrográfica y la dirección general de Protección Civil han sido señaladas por su falta de diligencia y transparencia.

 

 

El retraso en la llegada del ejército (96 horas), la tardanza en la activación de la Policía Nacional y la ausencia de la directora general de Protección Civil —que viajó a Brasil el mismo día de la catástrofe— han alimentado la indignación pública y el cuestionamiento político.

 

 

 

A pesar de que la Ley Nacional de Protección Civil habilita al Gobierno central a intervenir en situaciones de emergencia que afectan a varias comunidades autónomas, la respuesta institucional fue, según los críticos, “insuficiente y tardía”.

 

 

El recuerdo de la inundación de Bilbao en 1983, cuando Felipe González movilizó 10.000 efectivos en 48 horas, sirve como contraste y argumento para quienes exigen mayor rapidez y eficacia en la gestión de desastres.

 

 

Más allá de los hechos técnicos y administrativos, la gestión de la DANA se ha convertido en un campo de batalla política y mediática.

 

 

Las acusaciones de manipulación informativa, la denuncia de “bulos machistas” y la instrumentalización de la tragedia con fines partidistas han marcado el tono de la comisión de investigación.

 

 

El cruce de acusaciones entre los grupos parlamentarios, la presión sobre comparecientes y la filtración de documentos han alimentado un clima de confrontación que dificulta el consenso y la búsqueda de soluciones.

 

 

La jueza encargada del caso ha solicitado las grabaciones de Mazón en las comisiones de investigación, sumando nuevas pruebas al procedimiento judicial que investiga la gestión de las inundaciones y la posible responsabilidad institucional en las 229 víctimas mortales que dejó la DANA.

 

 

Una de las cuestiones más delicadas ha sido la petición de disculpas.

 

 

El Partido Popular ha subrayado que solo Mazón ha pedido perdón públicamente, mientras que ningún responsable del Gobierno central ha hecho lo propio.

 

 

Las familias de las víctimas, según los diputados, “merecen una explicación y un compromiso para que esto no vuelva a ocurrir”.

 

Sin embargo, la tendencia a repartir culpas y evitar la asunción de responsabilidades concretas ha predominado en el debate.

 

 

El dolor de las familias es irreparable, pero la obligación política es aprender de los errores y garantizar que los mecanismos de prevención, alerta y gestión funcionen de manera eficaz en futuras emergencias.

 

 

La ausencia de un sistema de alerta temprana un año después de la tragedia es, para muchos, una muestra de la falta de voluntad institucional para corregir las carencias detectadas.

 

 

La cobertura mediática de la comisión de investigación ha sido intensa y plural, con medios como El Diario, El País, El Plural y El Español aportando documentos, testimonios y análisis que han enriquecido el debate público.

 

 

La opinión pública, movilizada a través de redes sociales, ha exigido transparencia, rigor y responsabilidad, cuestionando la tendencia de los partidos a instrumentalizar la tragedia con fines partidistas.

 

 

El papel de los medios como garantes de la verdad y fiscalizadores del poder ha sido fundamental para desmontar bulos, evidenciar contradicciones y poner el foco en las necesidades reales de la ciudadanía.

 

 

Sin embargo, la polarización política y la fragmentación del relato han dificultado la construcción de consensos y la adopción de soluciones estructurales.

 

 

La gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema de prevención y alerta ante desastres naturales, la falta de coordinación entre administraciones y la tendencia a priorizar el cálculo político sobre la protección ciudadana.

 

 

El debate sobre el protocolo SALERT, la gestión del Barranco del Pollo y la cadena de mando institucional revela la necesidad de reformas profundas y de una cultura política centrada en la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con las víctimas.

 

 

Las preguntas esenciales siguen abiertas: ¿por qué fallaron los mecanismos de alerta? ¿Por qué no se compartió la información en tiempo real? ¿Por qué no se ejecutaron las obras recomendadas? ¿Por qué la respuesta institucional fue insuficiente y tardía? ¿Quién debe pedir perdón y asumir la responsabilidad?

 

 

 

La ciudadanía exige respuestas, reformas y garantías de que la tragedia no se repetirá. Solo a través de la transparencia, el rigor y la colaboración entre administraciones será posible construir un sistema de gestión de emergencias eficaz y respetuoso con el dolor de las víctimas.