El MOMENTO EXACTO en que AYUSO ACOJONA al PSOE y ZAPATERO 😱¡¡CON VENEZUELA, PLUS ULTRA y MADURO!!.

 

 

 

La sesión parlamentaria en la Asamblea de Madrid se convirtió en algo más que un intercambio de preguntas y respuestas.

 

Fue un retrato crudo del choque frontal entre dos formas opuestas de entender la sanidad, la política y el poder.

 

Un debate que dejó de ser técnico para convertirse en emocional, áspero y profundamente simbólico, con Isabel Díaz Ayuso en el centro de todas las miradas y una oposición decidida a llevar al límite el relato sobre la gestión sanitaria de la Comunidad.

 

 

Desde los primeros segundos, el tono quedó marcado. La diputada socialista cargó con una intervención que no buscaba matices ni concesiones.

 

Habló de listas de espera que crecen “intencionadamente”, de paritorios sin urgencias, de reutilización de material desechable y de profesionales obligados a desinfectar instrumental en casa.

 

No presentó estos hechos como errores puntuales, sino como síntomas de una estrategia calculada.

 

La comparación con Venezuela no fue casual ni inocente: era una forma de subrayar la gravedad de lo que, a su juicio, está ocurriendo en Madrid.

 

El mensaje era claro y directo. Para la oposición, la degradación de la sanidad pública madrileña no es fruto de la casualidad ni de la falta de recursos, sino de una decisión política consciente para favorecer a empresas privadas.

 

La metáfora del “lobo en el gallinero” resumía una acusación recurrente: cuando la gestión privada entra en lo público, el beneficio económico pasa por delante del paciente.

 

Ya no hay enfermos, hay clientes. Ya no se mide el éxito en vidas salvadas, sino en balances contables.

 

En ese contexto, los nombres propios adquirieron un peso especial. Quirón Salud, Ribera Salud y otros grandes grupos sanitarios aparecieron como actores clave en un modelo que la izquierda considera depredador.

 

Las cifras lanzadas en el hemiciclo —miles de millones en conciertos sanitarios, pagos que superan ampliamente lo presupuestado— reforzaban la idea de que el dinero público fluye hacia intereses privados mientras la sanidad pública se asfixia.

 

La alusión al ático, a la pareja de la presidenta y a supuestos conflictos de intereses añadió un componente personal que elevó aún más la tensión.

 

La respuesta de Ayuso fue tan breve como contundente. “El modelo sanitario funciona”.

 

Cuatro palabras que, lejos de cerrar el debate, lo encendieron aún más. Para la presidenta, no había nada que rectificar.

 

Su gobierno defiende un sistema mixto donde lo público y lo privado conviven, y sostiene que los datos avalan su gestión.

 

Pero esa seguridad fue interpretada por la oposición como desprecio hacia quienes sufren las consecuencias de las listas de espera y la precariedad.

 

La réplica socialista no dejó espacio a la ambigüedad. Se recordó la pandemia, los protocolos en las residencias y las miles de personas mayores fallecidas sin ser derivadas a hospitales.

 

Se habló de “inmoralidad”, de responsabilidades políticas y de la necesidad de reparación y justicia para las familias.

 

No se trataba solo de pasado, sino de presente y futuro. La pregunta que flotaba en el aire era inquietante: ¿qué ocurre con los pacientes que no son rentables? ¿Se les aparta, se les retrasa, se les condena al final de la lista?

 

 

La intervención conectó con una herida que sigue abierta en la sociedad madrileña.

 

Las residencias de mayores durante la pandemia se han convertido en un símbolo del abandono y de las decisiones tomadas bajo criterios económicos.

 

Recordar ese episodio en pleno debate sobre la privatización de la sanidad no fue casual: era una advertencia sobre lo que sucede cuando la lógica del negocio se impone a la del cuidado.

 

 

La respuesta posterior de Ayuso cambió el foco. Miró hacia el Gobierno central y denunció la política sanitaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

 

Habló del aumento de la cápita de Muface, de la sanidad privada para funcionarios y de la huelga de médicos a nivel nacional.

 

Su argumento fue claro: si la colaboración público-privada es un problema, entonces también lo es en ministerios, en Correos y en otras comunidades gobernadas por la izquierda.

 

El mensaje buscaba desmontar la acusación de hipocresía y devolver el golpe.

 

 

La presidenta defendió además el prestigio de los hospitales privados, citando rankings internacionales y avances tecnológicos como la robótica quirúrgica, la protonterapia o las terapias celulares.

 

Para su gobierno, estos centros no solo no restan calidad al sistema, sino que la elevan.

 

Las cifras de consultas, cirugías y satisfacción de los pacientes fueron utilizadas como prueba de que el modelo funciona y es eficiente.

 

 

Pero la oposición no se dio por satisfecha. Desde Más Madrid, la crítica fue aún más dura.

 

Se denunciaron audios de directivos sanitarios que, según la diputada, evidencian que cuando la sanidad se gestiona como una empresa, el beneficio manda.

 

El concepto de “mercancía” aplicado a los ciudadanos resonó con fuerza. La acusación era clara: listas de espera infladas deliberadamente, pruebas diagnósticas retrasadas y decisiones que afectan directamente a la supervivencia de las personas.

 

 

El debate volvió a las residencias y a los 7.291 mayores fallecidos durante la pandemia. Se mencionaron nombres, cargos y responsabilidades.

 

La ausencia de determinados ex altos cargos ante los tribunales fue presentada como una huida de la justicia.

 

Para la oposición, el problema no es solo el modelo, sino quienes lo sostienen y se benefician de él. La exigencia final fue tajante: recuperar una gestión 100 % pública de los hospitales.

 

 

Ayuso respondió apelando a la complejidad del sistema sanitario actual.

 

Envejecimiento de la población, falta de médicos, competencia internacional por el talento sanitario.

 

Para ella, la colaboración público-privada no excluye a nadie y no convierte a los pacientes ni a los profesionales en ciudadanos de segunda.

 

Defendió las cifras de listas de espera en Madrid frente a otras comunidades y reivindicó los reconocimientos internacionales recibidos.

 

 

El debate derivó entonces hacia el feminismo, el machismo y los casos de acoso sexual en la política nacional.

 

Ayuso acusó a la izquierda de incoherencia, de silencio cómplice y de utilizar el feminismo como un negocio y una pancarta.

 

La confrontación dejó de ser estrictamente sanitaria para convertirse en una batalla cultural y moral.

 

La sesión reflejaba una polarización profunda, donde cada argumento era también un ataque al modelo de sociedad del adversario.

 

 

En el tramo final, la política fiscal tomó protagonismo. Ayuso defendió a Madrid como una región de impuestos bajos, alta recaudación y motor económico del país.

 

Criticó al Gobierno central por el uso de fondos públicos, la presión fiscal y lo que calificó como una red clientelar.

 

Frente a ello, reivindicó la creación de empleo, la inversión en transporte, educación y sanidad, y una política que, según su discurso, incentiva y no castiga.

 

La réplica del Partido Popular elevó aún más el tono, acusando a la izquierda de difundir bulos sobre la sanidad madrileña para tapar escándalos de corrupción a nivel nacional.

 

Se mencionaron detenciones, investigaciones judiciales y casos mediáticos que han sacudido al PSOE.

 

El objetivo era claro: desplazar el foco del debate y presentar a la oposición como moralmente deslegitimada para dar lecciones.

 

 

Lo ocurrido en la Asamblea no fue un episodio aislado. Refleja un clima político en el que la sanidad se ha convertido en un campo de batalla ideológico.

 

Para unos, el modelo madrileño es un ejemplo de eficiencia y libertad de elección.

 

Para otros, es la prueba de una privatización encubierta que pone en riesgo derechos fundamentales.

 

Entre cifras, reproches y acusaciones personales, lo que queda en segundo plano son los ciudadanos que esperan una operación, una prueba diagnóstica o una atención digna.

 

La sesión dejó una sensación amarga. Más allá de quién tenga razón, el debate mostró una desconexión preocupante entre el enfrentamiento político y la realidad cotidiana de miles de madrileños.

 

La sanidad no es un abstracto ni un arma arrojadiza: es una urgencia diaria. Cuando el Parlamento se convierte en un ring, el riesgo es que el ruido tape lo esencial.

 

Lo que está en juego no es solo un modelo de gestión, sino la confianza en las instituciones.

 

Cada palabra pronunciada, cada cifra lanzada y cada acusación tiene consecuencias.

 

El desafío es recuperar un debate que, sin renunciar a la firmeza, ponga en el centro a las personas.

 

Porque al final, más allá de ideologías y estrategias, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién cuida de quienes más lo necesitan cuando la política se olvida de ellos?