BOMBAZO JUDICIAL “FEIJÓO SE PONE CHULO CON LA JUEZA DANA Y SE CONTRADICE TRES VECES” ORDENÓ A MAZÓN.

 

 

 

 

 

La escena que se vive hoy en los tribunales no es una más dentro del calendario político español.

 

No es una comparecencia técnica ni una diligencia rutinaria. Es un momento incómodo, áspero, de esos que dejan huella porque obligan a alguien con aspiraciones de poder a enfrentarse a la verdad con la obligación legal de decirla.

 

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, comparece como testigo en la causa judicial que investiga la gestión de la DANA que arrasó Valencia y dejó más de 230 muertos.

 

Y lo que está aflorando no es solo un choque de versiones: es una grieta profunda entre el relato político sostenido durante más de un año y los hechos que ahora emergen negro sobre blanco.

 

 

Desde primera hora, la declaración está siendo larga, densa, llena de repreguntas, matices forzados y silencios incómodos.

 

No es casual. La jueza insiste porque hay contradicciones evidentes entre lo que Feijóo afirmó públicamente tras la tragedia y lo que hoy reconocen los mensajes de WhatsApp intercambiados con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

 

Y cuando una instrucción judicial se alarga más de tres horas, no es por capricho: es porque algo no encaja.

 

 

Durante meses, Feijóo repitió una idea central como un mantra: que estuvo informado “en tiempo real” de la evolución de la emergencia, que Mazón le mantenía al corriente desde el primer momento, que la situación se seguía minuto a minuto.

 

Esa afirmación fue clave para sostener una estrategia política muy concreta: descargar responsabilidades, proteger a Mazón y construir un relato de abandono por parte del Gobierno central. Hoy, ese pilar empieza a resquebrajarse.

 

 

Los mensajes hablan. El primer WhatsApp de Feijóo a Mazón llega a las 19:59 del día de la tragedia.

 

No por la mañana, no por la tarde, no cuando las lluvias ya estaban causando estragos, sino cuando ya había anochecido y cuando empezaban a confirmarse las peores noticias.

 

La respuesta de Mazón, nueve minutos después, es demoledora: “Gracias, presi, luego te cuento, se está jodiendo a cada minuto”.

 

No hay información detallada, no hay control, no hay relato ordenado. Hay caos.

 

 

A partir de ahí, el intercambio revela una segunda contradicción de enorme calado.

 

Feijóo sostuvo durante meses que el Gobierno de España no llamó, no ayudó, no estuvo presente.

 

Sin embargo, en los mensajes, Mazón le confirma que sí habló con Pedro Sánchez, con María Jesús Montero, con Defensa, con Interior, y que la UME ya estaba desplegada.

 

Incluso le dice algo que desmonta por completo la narrativa posterior: “Tenemos todo lo que necesitamos ahora mismo”. Pese a eso, el discurso público fue exactamente el contrario: “Nos han abandonado”.

 

 

Y luego llega la tercera grieta, quizá la más dolorosa. En los mensajes consta que Mazón informa a Feijóo de la aparición de fallecidos en Utiel a primera hora de la tarde.

 

 

Le dice que van a aparecer muchos más. “Esto va a ser un desastre”, le advierte.

 

 

Sin embargo, públicamente se sostuvo que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, que no se conocía la magnitud de lo que estaba ocurriendo hasta bien entrada la madrugada.

 

Hoy, ante la jueza, Feijóo dice que no recuerda cuándo tuvo constancia de los primeros muertos. Los mensajes dicen otra cosa.

 

 

Aquí ya no hablamos solo de errores de comunicación o malentendidos semánticos.

 

Hablamos de una construcción política sostenida durante más de un año.

 

De una estrategia basada en controlar el relato, incluso cuando ese relato chocaba frontalmente con los hechos.

 

En uno de los mensajes, Feijóo le dice a Mazón que “lidere informativamente”, que tome la iniciativa en la comunicación “como hiciste en el incendio”. La prioridad no parece ser la gestión de la emergencia, sino cómo se cuenta.

 

 

La comparecencia también deja otro dato clave: Feijóo reconoce que no fue hasta el día 31, viendo imágenes en el CECOPI, cuando sugirió a Mazón que se decretara la emergencia nacional.

 

 

No el día 29, cuando llovía sin control. No el día 30, cuando ya había desaparecidos y cadáveres en las calles. El día 31.

 

Cuarenta y ocho horas tarde. Una recomendación que, además, Mazón no ejecutó.

 

 

Este detalle es fundamental porque desmonta otra de las grandes líneas de defensa del Partido Popular: que la emergencia nacional debía haberse decretado antes y que la responsabilidad era del Gobierno central.

 

Si el propio líder del PP no lo plantea hasta dos días después, ¿cómo sostener que era una obviedad desde el primer momento?

 

 

La reacción política no se ha hecho esperar. Desde el Gobierno, desde Compromís, desde las asociaciones de víctimas, la lectura es casi unánime: no se trata de simples contradicciones, sino de mentiras.

 

Mentiras dichas en un contexto especialmente sensible, con cientos de víctimas mortales y miles de personas afectadas.

 

Mentiras que, según denuncian, han prolongado el sufrimiento de las familias durante meses, obligándolas a escuchar cómo se manipulaba su dolor con fines partidistas.

 

 

Otro elemento que ha generado una fuerte carga simbólica es el lugar desde el que Feijóo ha declarado.

 

Lo ha hecho por vía telemática desde el Congreso de los Diputados, no presencialmente desde el juzgado de Catarroja, en plena zona cero de la tragedia. Legalmente es correcto.

 

 

Humanamente, para muchos, es insuficiente. Mientras familiares de las víctimas han tenido que recorrer ese mismo pasillo judicial para contar su verdad, el líder de la oposición ha optado por la distancia física.

 

Un gesto que muchos interpretan como falta de empatía.

 

 

Durante la declaración, Feijóo ha intentado matizar. Ha dicho que cuando hablaba de “tiempo real” se refería a 23 mensajes en tres horas.

 

Ha reconocido que se equivocó al situar esos mensajes en lunes cuando eran del martes. Ha insistido en que no borró mensajes.

 

Pero cada matiz parece abrir nuevas preguntas. ¿Por qué entonces sostuvo durante tanto tiempo una versión que no se corresponde con los hechos? ¿Por qué protegió a Mazón durante más de un año, incluso cuando las evidencias se acumulaban?

 

 

Las asociaciones de víctimas lo tienen claro: la verdad llega tarde, pero tiene que llegar completa.

 

No solo para depurar responsabilidades políticas, sino para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

 

Insisten en que la gestión fue mala, sí, pero que lo más grave fue la gestión posterior del relato, la negación de errores, la utilización partidista de una tragedia humana.

 

 

Este caso ya no va solo de Carlos Mazón. Va de Alberto Núñez Feijóo. De su credibilidad.

 

De su capacidad para liderar un país en momentos de crisis. Porque si alguien aspira a gobernar España, debe demostrar que sabe anteponer la verdad y la vida de las personas al cálculo político.

 

Y hoy, ante una jueza, con obligación legal de decir la verdad, lo que se está viendo es que durante un año se dijo otra cosa.

 

 

La instrucción sigue. Las preguntas continúan. Y el clima político se calienta.

 

No porque haya un debate ideológico legítimo, sino porque se está confrontando algo mucho más básico: la verdad frente al relato.

 

Y cuando esa confrontación se produce en sede judicial, ya no hay argumentario que valga.

 

 

Lo que ocurra a partir de ahora marcará un antes y un después. Para las víctimas, que siguen esperando justicia y respeto.

 

Para la política española, que vuelve a mirarse en el espejo de una tragedia mal gestionada.

 

Y para Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha comprobado que, ante un juez, las palabras pesan más que cualquier estrategia.