CAYETANA QUEDA en SHOCK cuando ANA VAZQUEZ revela el SECRETO de MARLASKA y LO QUE le HIZO ¡Y SE LIA!.

 

 

 

 

La sesión parlamentaria de este miércoles en el Congreso de los Diputados dejó una de esas escenas que condensan, en poco más de una hora, el clima político que atraviesa España.

 

Una interpelación urgente del Grupo Popular al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acabó convirtiéndose en un enfrentamiento duro, áspero y cargado de acusaciones cruzadas que van mucho más allá del trámite parlamentario.

 

Lo que estaba en juego no era solo la política de seguridad, sino el relato completo de siete años de gestión, el uso de los datos, la legitimidad moral de unos y otros y, en el fondo, la confianza de los ciudadanos en quien debe garantizar algo tan básico como sentirse seguros.

 

 

Desde el primer minuto, la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, subió a la tribuna con un tono claramente ofensivo y calculado para impactar. No buscó matices ni zonas grises.

 

Su intervención arrancó poniendo el foco en la valoración ciudadana del ministro, citando encuestas del CIS que sitúan a Marlaska como el ministro peor valorado del Gobierno.

 

El contraste con 2018, cuando aparecía entre los mejor valorados, fue utilizado como argumento central para construir un relato de caída, fracaso y desconexión con la realidad.

 

No era solo una crítica política: era un cuestionamiento personal, directo, pensado para erosionar su autoridad desde la raíz.

 

 

A partir de ahí, el discurso se desplegó como una acumulación de reproches que tocaban casi todos los frentes sensibles: inseguridad ciudadana, violencia de género, criminalidad, narcotráfico, ocupación ilegal de viviendas, situación de la Guardia Civil, inmigración irregular y, sobre todo, la protección de los agentes.

 

Cada bloque estaba acompañado de cifras, muchas de ellas extraídas de estadísticas oficiales, otras discutidas por el propio ministro después. Pero el objetivo no era tanto el detalle técnico como la sensación de descontrol generalizado.

 

 

Uno de los ejes más potentes del alegato fue la seguridad ciudadana. Vázquez aseguró que la sensación de inseguridad se ha triplicado desde 2018, pasando de poco más de dos puntos a casi ocho según el CIS.

 

Habló de un aumento de la criminalidad, del incremento de delitos graves como homicidios, secuestros o peleas callejeras, y dibujó una España más peligrosa que hace siete años.

 

En ese relato, el ministro aparecía como un gestor incapaz o directamente negligente, más preocupado por resistir políticamente que por proteger a los ciudadanos.

 

La violencia de género ocupó uno de los momentos más tensos del debate.

 

La diputada popular acusó al Gobierno de haber fallado estrepitosamente en la protección de las mujeres, citando incrementos de casos, de agresiones sexuales y de violaciones. Su discurso mezcló datos con una acusación política de enorme carga simbólica: la de haber traicionado la bandera del feminismo.

 

Según su relato, un Gobierno que se presentó como el más feminista de la historia habría acabado siendo, paradójicamente, el que más daño ha hecho a las mujeres.

 

La mención a las pulseras de protección, a la gestión del sistema Biogen y a la excarcelación de agresores sexuales reforzó esa idea de fracaso moral.

 

El narcotráfico fue otro de los puntos clave. Vázquez describió el Campo de Gibraltar como un territorio donde los narcos actúan con impunidad, con medios superiores a los de las fuerzas de seguridad.

 

Mencionó episodios recientes, agentes heridos, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate y acusó al Ministerio del Interior de minimizar el problema y de ocultar información.

 

En su discurso, Marlaska no solo habría fallado en vida a los agentes, sino que seguiría fallándoles después, al no asumir responsabilidades ni depurar decisiones.

 

La situación de la Guardia Civil, especialmente en el medio rural, se presentó como un símbolo del abandono del Estado.

 

Cierres de cuarteles, reducción de horarios, falta de efectivos en provincias con gran dispersión territorial como Ourense.

 

El mensaje era claro: menos presencia del Estado equivale a más inseguridad y más desigualdad entre ciudadanos según vivan en ciudades o en pueblos. La diputada convirtió este argumento en una apelación directa a la dignidad de los territorios olvidados.

 

 

El segundo gran bloque de la interpelación fue la política migratoria. El PP acusó al Gobierno de haber renunciado a controlar las fronteras, de haber facilitado el trabajo de las mafias y de haber generado un colapso en puertos y aeropuertos.

 

El discurso insistió en que no hay política migratoria más inhumana que la inexistente, planteando la falta de control como una forma de irresponsabilidad que acaba pagando tanto el migrante como la sociedad de acogida.

 

 

Todo ese relato culminó en una acusación final que iba más allá de la seguridad: la de usar el Ministerio del Interior para proteger al Gobierno de la corrupción.

 

Según Vázquez, los recursos, los nombramientos y las decisiones del ministerio estarían orientados a tapar escándalos, presionar a jueces y desacreditar a unidades como la UCO.

 

Era el cierre perfecto de un discurso diseñado para vincular inseguridad, corrupción y decadencia institucional.

 

La respuesta de Fernando Grande-Marlaska fue larga, medida en el tono pero firme en el fondo.

 

El ministro rechazó frontalmente el relato de fracaso y acusó a la diputada de faltar a la verdad, de desinformar y de construir un discurso basado en bulos.

 

Desde el inicio dejó claro que no iba a entrar en el terreno del insulto personal, pero sí en la confrontación de datos y modelos.

 

Uno de sus primeros argumentos fue ampliar el concepto de seguridad. Según Marlaska, la oposición reduce la seguridad a una visión parcial y distorsionada, ignorando ámbitos como la seguridad vial, la protección civil, las instituciones penitenciarias o la gestión de emergencias.

 

Defendió que el Ministerio del Interior trabaja con una estrategia integral, recogida en el modelo de Seguridad 2030, que aborda la seguridad como un valor público complejo y transversal.

 

 

En cuanto a los datos, el ministro afirmó que la tasa de criminalidad actual es inferior a la que existía cuando el Gobierno llegó en 2018, y que España sigue siendo uno de los países más seguros de Europa.

 

Recordó que hoy hay más de 160.000 efectivos frente a los 142.000 de entonces, que el presupuesto del ministerio ha aumentado un 35% y que los salarios de policías y guardias civiles han subido alrededor de un 40%.

 

Frente a la imagen de abandono, presentó una gestión basada en inversión, refuerzo de plantillas y modernización.

 

 

El narcotráfico, uno de los asuntos más sensibles, fue abordado con cifras concretas: planes especiales en Andalucía, cientos de millones invertidos, miles de detenciones y toneladas de droga incautadas.

 

Marlaska aseguró que la criminalidad en el Campo de Gibraltar ha descendido de forma significativa respecto a 2018 y anunció la preparación de nuevos planes. Su mensaje era claro: donde antes había dejación, ahora hay estrategia y resultados.

 

 

Sobre violencia de género y violencia sexual, el ministro defendió el sistema Biogen, su actualización y la creación de planes específicos contra las violencias sexuales.

 

Subrayó que un aumento de denuncias no siempre implica un aumento real de delitos, sino también mayor confianza en las instituciones y menor tolerancia social.

 

Reivindicó estas políticas como parte de un compromiso histórico de los gobiernos socialistas con la protección de las mujeres.

 

 

La migración fue otro de los puntos donde el relato del Gobierno chocó frontalmente con el del PP. Marlaska defendió la cooperación con países de origen y tránsito, la reducción de salidas irregulares y la apuesta por una migración legal, segura y ordenada.

 

Recordó que millones de migrantes cotizan hoy a la Seguridad Social y contribuyen al crecimiento económico, desmontando la idea de la migración como problema exclusivamente de seguridad.

 

 

El debate dio un giro aún más áspero en la réplica de Ana Vázquez. La diputada elevó el tono, introdujo acusaciones personales y machistas, habló de espionaje, de informes contra ella y citó declaraciones de una ex secretaria de Estado para desacreditar al ministro.

 

 

También volvió a cargar contra los pactos del Gobierno con Bildu, el acercamiento de presos de ETA y la supuesta humillación a las víctimas del terrorismo.

 

Fue un momento de máxima tensión, en el que el debate político se mezcló con reproches morales y heridas históricas.

 

 

La última intervención de Marlaska buscó cerrar el debate desde otro lugar. Defendió su trayectoria personal, rechazó cualquier acusación de machismo, recordó la presencia de mujeres en puestos clave del Ministerio del Interior y apeló a la convivencia y al respeto.

 

Habló de ETA desde la memoria, recordó a las víctimas de todos los partidos y pidió no utilizar ese dolor como arma política. Su cierre fue una defensa del servicio público como honor y responsabilidad.

 

 

Más allá de quién tenga razón en cada cifra o en cada interpretación, el debate dejó una imagen clara: la seguridad se ha convertido en uno de los campos de batalla centrales de la política española.

 

No solo porque afecta a la vida cotidiana de millones de personas, sino porque concentra miedos, frustraciones y desconfianza institucional.

 

Cuando se discute sobre policías, mujeres protegidas, narcotráfico o fronteras, no se discute solo de números, se discute de la sensación de control o abandono que percibe la ciudadanía.

 

Este enfrentamiento también muestra hasta qué punto el Parlamento se ha transformado en un escenario de confrontación emocional.

 

Las palabras ya no buscan solo convencer, sino movilizar, indignar, fidelizar. El riesgo es evidente: que el ruido sepulte el análisis sereno y que la seguridad, en lugar de ser una política de Estado, se convierta en un arma arrojadiza permanente.

 

 

Para los ciudadanos, el mensaje es incómodo pero necesario. La seguridad no mejora solo con discursos incendiarios ni con autocomplacencia institucional.

 

Exige datos transparentes, evaluación constante, diálogo político y respeto a quienes están en primera línea.

 

El debate de hoy no ofrece respuestas definitivas, pero sí una fotografía nítida de las tensiones que atraviesan el país.

 

Y obliga a una pregunta que va más allá de Marlaska o del PP: ¿estamos discutiendo para mejorar la seguridad o solo para ganar la próxima batalla política?

 

 

La respuesta a esa pregunta no se dará en el Congreso, sino en la calle, en los barrios, en los pueblos y en la percepción diaria de millones de personas que solo quieren vivir tranquilas.

 

Ahí es donde se medirá, de verdad, el éxito o el fracaso de cualquier política de seguridad.