Cunde PÁNICO! Todos MIRAN SOBRECOGIDOS al NO DAR CRÉDITO a LO QUE PASABA con DIPUTADO VOX Congreso.

 

 

La sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados dejó una de esas escenas que resumen con crudeza el clima político que atraviesa España.

 

Un debate áspero, cargado de reproches personales, acusaciones de gravedad institucional y un tono cada vez más bronco que ya no sorprende, pero que sigue impactando por su intensidad.

 

 

Lo que debía ser una simple pregunta parlamentaria acabó convirtiéndose en un cruce de acusaciones sobre la separación de poderes, la presunción de inocencia, la gestión económica y el uso de los impuestos, con el Ejecutivo, el Partido Popular y Vox enfrentados en un hemiciclo al borde del colapso dialéctico.

 

 

Todo comenzó con una cuestión que, según la diputada del Partido Popular Miriam Guardiola Salmerón, estaba dirigida directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno

 

. Sin embargo, quien tomó la palabra fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

 

Ese cambio fue el detonante de una intervención especialmente dura por parte de la diputada popular, que acusó al Gobierno de esconder a la vicepresidenta para evitar que “se meta en otro jardín” y llegó a calificar la maniobra como un acto de “paternalismo machista”.

 

 

El tono de la intervención fue subiendo rápidamente. Guardiola no se limitó a criticar el procedimiento parlamentario, sino que lanzó un ataque frontal contra el Ejecutivo, afirmando que ni la vicepresidenta ni el propio Bolaños deberían estar sentados ese día en el Congreso.

 

 

Según la diputada, una de las razones era el supuesto ataque del Gobierno a la presunción de inocencia y, la otra, permitir que se socave un “pilar fundamental del Estado de derecho”.

 

 

En su discurso, la parlamentaria popular apeló directamente a la reacción de las instituciones judiciales, recordando que asociaciones de jueces, de fiscales e incluso el Consejo General del Poder Judicial habían tenido que salir públicamente a pedir respeto y responsabilidad institucional al Gobierno.

 

 

“Qué vergüenza”, exclamó desde la tribuna, en una intervención que fue respondida desde los escaños socialistas con gritos y protestas.

 

 

Lejos de rebajar el tono, Guardiola insistió en que la verdadera vergüenza era, a su juicio, la falta de respeto del Ejecutivo a la separación de poderes y a las resoluciones judiciales, así como el señalamiento constante de los jueces.

 

 

En su argumentación, acusó al Gobierno de aplicar la presunción de inocencia de manera selectiva, “solo para quienes ustedes quieren”, citando distintos casos que han marcado la agenda política reciente, desde decisiones tomadas durante la pandemia hasta la amnistía y los acuerdos con el independentismo.

 

 

El momento culminante de su intervención llegó cuando lanzó una pregunta directa a Bolaños: si el Gobierno se plantea acabar con los derechos fundamentales de los españoles.

 

La pregunta provocó una ovación en la bancada popular y un ambiente de máxima tensión en el hemiciclo.

 

 

La respuesta del ministro de la Presidencia fue firme, aunque irónica en algunos tramos.

 

Bolaños aseguró que había revisado tanto el plan anual normativo aprobado el año anterior como el que el Ejecutivo tiene previsto aprobar próximamente y que en ninguno de ellos existe plan alguno para acabar con los derechos fundamentales.

 

 

Subrayó que el Gobierno está “absolutamente comprometido” con el Estado de derecho y con las libertades públicas.

 

 

El ministro aprovechó su turno para devolver el golpe político y acusar al Partido Popular de recurrir a exageraciones, intervenciones “delirantes”, bulos y mentiras de manera recurrente. Sus palabras fueron recibidas con aplausos desde los escaños del PSOE, en un ambiente ya claramente polarizado.

 

 

Pero la diputada popular no dio el debate por cerrado. En su réplica, insistió en que el Gobierno no cumple su propio plan normativo y acusó a Bolaños de mostrarse inquieto, deslizando incluso que podría tener “alguna cita importante la semana que viene”, en una clara alusión velada a problemas judiciales o políticos.

 

 

Guardiola amplió el foco de sus críticas y acusó al Ejecutivo de atacar a médicos, universidades, jueces y, en general, a los pilares de la democracia española.

 

 

Uno de los reproches más contundentes fue la exigencia de que el Gobierno presente de una vez los Presupuestos Generales del Estado, caducados desde la legislatura anterior.

 

Para la diputada del PP, no hacerlo supone una falta de respeto a la Constitución y a los ciudadanos.

 

En un tono especialmente duro, llegó a afirmar que lo que sí es una pérdida de tiempo para los españoles es el sueldo público que se paga a miembros del Gobierno que, según ella, dedican los fines de semana a hacer campaña electoral.

 

Su conclusión fue demoledora: si no son capaces de hacer su trabajo, deberían marcharse porque han convertido el Consejo de Ministros en un “comité electoral con sede en La Moncloa”.

 

 

Bolaños, en su segundo turno, reiteró el compromiso del Gobierno con el Estado de derecho, pero lanzó una pregunta que tensó aún más el ambiente: si el Partido Popular puede hablar de compromiso con la igualdad y los derechos fundamentales cuando pacta acuerdos con Vox.

 

El silencio y los murmullos en el hemiciclo evidenciaron que la confrontación estaba lejos de terminar.

 

 

La sesión dio entonces paso a la intervención del diputado de Vox José María Figaredo, que cambió el foco del debate hacia la política fiscal del Gobierno. Su discurso fue un largo y detallado alegato contra lo que calificó como una “sangría fiscal” sin precedentes.

 

 

Según Figaredo, desde la llegada del actual Ejecutivo se han creado o incrementado hasta 97 figuras impositivas o fiscales similares.

 

 

El diputado de Vox enumeró una larga lista de impuestos y modificaciones fiscales: desde el impacto del SMI y la inflación en el IRPF, hasta los cambios en las cotizaciones de los autónomos, la tasa de servicios digitales, el impuesto a las transacciones financieras, el incremento del impuesto de sociedades, el IVA a las bebidas azucaradas, los impuestos sobre residuos y plásticos, el de matriculación, los ajustes en el impuesto de vehículos de tracción mecánica y los coeficientes que afectan al IBI y a la plusvalía municipal.

 

 

 

Para Figaredo, el resultado de estas políticas es claro: España recauda más que nunca y cada español paga más impuestos que nunca.

 

 

Según sus cifras, la media de impuestos por ciudadano habría pasado de unos 5.000 euros en 2009 a alrededor de 10.000 euros en la actualidad. La pregunta que lanzó al Gobierno fue directa: ¿para qué sirve esta presión fiscal?

 

 

La vicepresidenta primera respondió defendiendo la política económica del Ejecutivo.

 

 

Argumentó que cuando los gobiernos progresistas impulsan una dinámica económica que permite una mayor recaudación, la derecha lo interpreta como una subida de impuestos, mientras que cuando ocurre bajo gobiernos conservadores se habla de que “la economía va como un tiro”.

 

 

Según la vicepresidenta, la mayor recaudación es fruto del crecimiento económico, del récord de afiliación a la Seguridad Social y del dinamismo de la economía española, que ha registrado uno de los crecimientos más importantes de la zona euro.

 

 

Figaredo, lejos de dar su brazo a torcer, acusó directamente a la vicepresidenta de mentir y sostuvo que los españoles nunca habían pagado tantos impuestos como ahora.

 

 

En su intervención, cargó contra el destino de esos recursos, acusando al Gobierno de regar con fondos públicos a medios de comunicación afines, subvencionar “chiringuitos” ideológicos y destinar millones a programas internacionales mientras, a su juicio, se descuidan las necesidades reales de los ciudadanos.

 

 

El diputado de Vox mencionó partidas concretas aprobadas recientemente en el Consejo de Ministros, como fondos destinados a la Agenda 2030 o a organismos internacionales, y criticó duramente operaciones empresariales impulsadas por el Estado y el gasto en RTVE.

 

 

Su discurso culminó con una acusación ideológica: que el Gobierno no gobierna para los españoles, sino para el PSOE, recordando una frase atribuida a la vicepresidenta sobre su lealtad al partido.

 

 

El intercambio de acusaciones, los aplausos cruzados y las interrupciones constantes reflejaron una sesión de control que fue mucho más que un trámite parlamentario.

 

 

Fue un retrato fiel de la polarización política actual, donde el debate sobre derechos fundamentales, independencia judicial y política fiscal se mezcla con reproches personales y estrategias de desgaste.

 

 

Más allá del ruido, la sesión dejó claro que la confrontación entre el Gobierno y la oposición no solo se mantiene, sino que se intensifica.

 

 

La presunción de inocencia, la separación de poderes, la presión fiscal y el uso del dinero público se han convertido en ejes centrales del discurso político, utilizados por cada bloque para reforzar su relato ante una ciudadanía cada vez más cansada del enfrentamiento permanente.

 

 

 

Lo ocurrido en el Congreso no es un episodio aislado, sino un síntoma de una legislatura marcada por la crispación, la desconfianza institucional y la lucha constante por el control del relato público.

 

 

Mientras tanto, los problemas estructurales del país siguen esperando respuestas que, de momento, quedan eclipsadas por el ruido de un hemiciclo convertido en escenario de confrontación diaria.