BOCHORNO en el CONGRESO tras el “INSULTO” de CHIQUI MONTERO y la BRUTAL RESPUESTA de ESTER MUÑOZ.

 

 

El pleno del Congreso vivió una de esas sesiones que trascienden el trámite parlamentario y se convierten en un reflejo crudo del momento político que atraviesa España.

 

 

No fue un debate técnico ni una discusión fría sobre cifras o procedimientos.

 

Fue un choque frontal, cargado de tensión, reproches personales, acusaciones de fondo y una pregunta que quedó flotando en el aire durante más de cuarenta minutos de intercambio: ¿puede un país afrontar un contexto internacional crítico sin presupuestos generales aprobados y con un Gobierno profundamente dividido?

 

 

La intervención de la diputada del Partido Popular, en tono duro desde el primer minuto, marcó el rumbo de la sesión.

 

Arrancó denunciando lo que calificó como una actitud “indecente y cobarde” por parte de un ministro al difamar a una diputada desde la tribuna, reprochando además el aplauso de las diputadas socialistas.

 

No era solo una crítica puntual: era el preludio de un discurso construido para cuestionar la legitimidad política, moral y constitucional del Ejecutivo.

 

Desde ese momento, el eje central quedó claro. El Partido Popular situó el foco en la ausencia de presupuestos generales del Estado durante varios ejercicios consecutivos, acusando al Gobierno de vivir en una “rebeldía constitucional permanente”.

 

La diputada leyó de forma literal el artículo 134 de la Constitución, subrayando que la presentación anual de los presupuestos no es opcional, sino una obligación expresa del Gobierno, independientemente de que exista o no una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlos.

 

 

La estrategia no fue casual. Al recurrir al texto constitucional, el discurso buscaba despojar al debate de interpretaciones políticas y situarlo en el terreno de la legalidad pura.

 

“La Constitución no permite prorrogar presupuestos indefinidamente”, insistió, interpelando directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para que señalara en qué artículo se avala la práctica actual del Ejecutivo.

 

La pregunta se repitió como un estribillo a lo largo de la intervención, reforzando la idea de que el Gobierno elude su responsabilidad básica.

 

 

El alegato fue más allá de la cuestión presupuestaria. La diputada popular trazó un paralelismo entre los mecanismos que existen para obligar a las comunidades autónomas a cumplir la Constitución —mencionando explícitamente el artículo 155— y la inexistencia de herramientas similares cuando, según su tesis, es el propio Gobierno central quien incumple la Carta Magna.

 

“El constituyente nunca imaginó que sería el Gobierno de España quien desobedeciera la Constitución”, afirmó, apelando a una sensación de vacío institucional que conecta con una parte del electorado.

 

 

El discurso se endureció al abordar las alianzas parlamentarias del Ejecutivo.

 

Según la intervención, el Gobierno no presenta presupuestos porque sus socios no se los aprobarían, especialmente si incluyen partidas sensibles como el aumento del gasto en defensa exigido por los compromisos con la OTAN.

 

En ese punto, la diputada introdujo una cifra concreta —hasta 35.000 millones de euros adicionales— para ilustrar el impacto real de esas decisiones, reforzando la dimensión práctica del debate frente a lo que calificó como “retórica vacía”.

 

 

El tono se volvió aún más político al acusar al presidente del Gobierno de haber mentido al Rey durante el proceso de investidura, al confundir una mayoría para ser investido con una mayoría real para gobernar.

 

En ese relato, el Ejecutivo aparece sostenido por una “mayoría contra el Estado”, incapaz de sacar adelante leyes clave sin concesiones constantes a sus socios independentistas.

 

 

Para reforzar su argumento, la diputada comparó la situación actual con gobiernos anteriores del Partido Popular.

 

Citó de forma detallada los presupuestos aprobados durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy, llegando incluso a mostrar ejemplares del BOE desde la tribuna.

 

El mensaje era claro: otros gobiernos, incluso en contextos complejos, cumplieron con la obligación constitucional de presentar y aprobar presupuestos.

 

 

La intervención cerró su primera parte con una advertencia sobre el contexto internacional: tensiones geopolíticas, amenazas militares, incertidumbre económica, posibles guerras comerciales y la necesidad de un Gobierno sólido y fiable.

 

En ese escenario, afirmó, España no puede permitirse un Ejecutivo dividido, sin rumbo y dependiente de chantajes parlamentarios.

 

 

La respuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no rebajó la tensión.

 

Desde el inicio, pidió amparo a la Presidencia del Congreso por las interrupciones constantes y acusó a la diputada popular de utilizar la tribuna para insultar y difundir bulos.

 

El choque personal se hizo evidente cuando la ministra afirmó haber sido llamada “sinvergüenza”, algo que la diputada negó posteriormente, matizando que se había referido a actitudes, no a personas.

 

 

Más allá del intercambio personal, la vicepresidenta intentó reconducir el debate hacia el terreno económico.

 

Defendió que el Gobierno afronta la situación internacional con un crecimiento sólido, récord de afiliación, reducción de la inflación y cuentas públicas saneadas.

 

Recordó la gestión de crisis recientes como la pandemia y la guerra de Ucrania, presentándolas como prueba de la capacidad del Ejecutivo para responder en contextos adversos.

 

 

En cuanto a los presupuestos, la ministra subrayó que la propia Constitución contempla la prórroga presupuestaria cuando no se aprueban nuevas cuentas, algo que, según ella, invalida la acusación de ilegalidad.

 

Negó tajantemente que el Gobierno haya defendido una prórroga indefinida y aseguró que el compromiso es presentar presupuestos cuando exista una “ventana de oportunidad” parlamentaria.

 

 

La vicepresidenta giró el foco hacia el Partido Popular, recordando votaciones pasadas en las que, según su relato, los populares se opusieron a medidas clave durante la pandemia, a los ERTE, a ayudas sociales o a la revalorización de las pensiones.

 

La pregunta que lanzó fue directa: ¿estará el PP dispuesto ahora a apoyar medidas para proteger a sectores afectados por los aranceles estadounidenses o volverá a situarse, a su juicio, “en contra del interés general”?

 

 

El intercambio se intensificó cuando la ministra acusó al Partido Popular de no aceptar el resultado democrático de la investidura y de alimentar deliberadamente la inestabilidad para desgastar al Gobierno, incluso hablando mal de España en foros europeos.

 

La sesión dejó claro que el enfrentamiento no es solo programático, sino profundamente estratégico y emocional.

 

 

La réplica final de la diputada popular volvió a elevar el tono. Negó haber insultado personalmente a la ministra y reiteró la pregunta clave: ¿en qué artículo de la Constitución se permite prorrogar presupuestos durante varios años consecutivos? Acusó a la vicepresidenta de no responder a lo esencial, de repetir argumentos y de eludir responsabilidades.

 

 

El discurso derivó entonces hacia una crítica más amplia a la trayectoria política de la ministra, recordando su etapa como consejera en Andalucía, acusaciones de recortes, gestión polémica y una larga lista de reproches relacionados con corrupción, amnistía, igualdad ante la ley y ataques a instituciones como la judicatura o los medios de comunicación.

 

Fue un alegato diseñado para desgastar la credibilidad personal y política de la vicepresidenta.

 

 

La última intervención de la ministra cerró el debate con un mensaje claro: acusó al Partido Popular de convertir la política en un “teatrillo” de fango, bulos y confrontación constante, y defendió la necesidad de centrarse en los problemas reales de los ciudadanos, especialmente la incertidumbre económica derivada de los aranceles internacionales.

 

La pregunta final quedó sin respuesta explícita por parte de la oposición: si apoyarán o no las medidas del Gobierno ante ese desafío.

 

 

Más allá de quién ganó el duelo dialéctico, el pleno dejó una imagen nítida del momento político actual.

 

Un Parlamento profundamente polarizado, un Gobierno que gobierna con dificultad y una oposición que ha decidido hacer de la Constitución y los presupuestos el eje central de su ofensiva.

 

Para la ciudadanía, el debate no es retórico: afecta a servicios públicos, inversiones, defensa, impuestos y credibilidad internacional.

 

 

La sesión terminó entre aplausos, interrupciones y reproches cruzados, pero con una certeza compartida incluso entre quienes discrepan:

 

 

España afronta un escenario complejo que exige decisiones claras, responsabilidad institucional y algo que hoy parece escasear en el hemiciclo, pero que muchos ciudadanos reclaman con urgencia: capacidad de acuerdo.