El PP lanza a sus perfiles más duros contra la jueza de la DANA tras acorralar a Feijóo y destapar sus mentiras.

 

 

 

 

El PP traslada la presión política al ámbito judicial tras quedar en entredicho el papel de Feijóo durante la DANA.

 

 

 

 

 

El Partido Popular ha entrado en una fase de confrontación abierta con la judicatura que no pasa desapercibida ni para los observadores políticos ni para el propio ámbito judicial.

 

En los últimos días, la formación conservadora ha intensificado una ofensiva directa contra la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA de octubre de 2024, una investigación que, con el avance del sumario, ha situado en el centro del foco político y mediático al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha puesto en cuestión la coherencia entre su relato público y los hechos documentados en la causa.

 

 

La estrategia desplegada por el PP responde a un patrón reconocible en momentos de máxima presión: desplazar el debate desde el fondo del asunto hacia la legitimidad de quien investiga.

 

A medida que la instrucción judicial ha ido revelando contradicciones relevantes y ha solicitado documentación clave, la dirección del partido ha optado por activar a sus perfiles más duros y a antiguos cargos con amplia presencia mediática para cuestionar la actuación de la magistrada y sembrar dudas sobre su imparcialidad.

 

 

El objetivo, según analistas políticos y fuentes parlamentarias, no sería tanto rebatir jurídicamente las decisiones judiciales como erosionar la credibilidad de la investigación y ganar tiempo en un contexto de desgaste creciente para Feijóo.

 

 

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado que investiga posibles responsabilidades penales por la gestión de la catástrofe, ha ido avanzando en la instrucción con una serie de diligencias que han resultado especialmente incómodas para el Partido Popular.

 

 

Entre ellas destaca la solicitud formal a Alberto Núñez Feijóo para que aporte los mensajes de WhatsApp intercambiados con el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante las horas más críticas de la emergencia.

 

 

Se trata de una petición que no surge de manera arbitraria, sino como consecuencia directa de las declaraciones públicas del propio Feijóo, quien aseguró en distintas comparecencias que estuvo informado “en tiempo real” de la evolución de la DANA y que actuó con diligencia política ante una situación de emergencia sin precedentes.

 

 

Sin embargo, los mensajes conocidos hasta ahora y las actuaciones documentadas en el sumario no encajan plenamente con ese relato.

 

De ahí que la magistrada haya considerado necesario contrastar la versión pública del líder del PP con las comunicaciones reales mantenidas en esos momentos clave.

 

En términos jurídicos, se trata de una diligencia habitual cuando existen indicios de contradicción entre lo declarado y lo actuado, y que busca esclarecer qué información se manejó, cuándo se tuvo conocimiento de ella y qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptar.

 

 

La reacción del Partido Popular no ha sido la de un perfil bajo ni la de una colaboración discreta con la Justicia.

 

Por el contrario, Génova ha permitido, cuando no alentado, una escalada política que ha trasladado el conflicto al terreno mediático y a las redes sociales.

 

En este contexto, antiguos dirigentes y cargos históricos del partido han asumido un papel protagonista como arietes contra la jueza, con mensajes de gran dureza que la acusan de parcialidad, de extralimitarse en sus funciones e incluso de actuar movida por intereses ideológicos.

 

 

Uno de los ejemplos más claros de esta ofensiva lo protagonizó Rafael Hernando, ex portavoz del PP en el Congreso y una de las voces más reconocibles del ala dura del partido.

 

A través de un mensaje en redes sociales, Hernando atacó directamente a la magistrada, cuestionando tanto su actuación como el objeto mismo de la investigación.

 

“Lo de la jueza ‘Tobarra’ es insólito. Sigue contra Alberto Núñez Feijóo que no tiene competencia alguna sobre la prevención o la ayuda a los afectados en el momento de la DANA, pero no pide nada ni al presidente del Gobierno ni a los ministros responsables de prevenir y ayudar.

 

Delirante”, escribió, en un tuit que fue rápidamente amplificado por el ecosistema digital conservador y replicado por cuentas afines al PP.

 

 

El mensaje no solo busca desacreditar a la jueza, sino que introduce un marco interpretativo muy concreto: presentar a Feijóo como una víctima de una supuesta persecución judicial mientras se desplaza la responsabilidad hacia el Gobierno central.

 

Es una estrategia clásica del Partido Popular cuando se ve acorralado por investigaciones judiciales que afectan a sus dirigentes.

 

Sin embargo, fuentes judiciales recuerdan que la jueza actúa dentro de un ámbito competencial claramente definido y que la investigación no se centra en la prevención abstracta de la catástrofe, sino en la gestión concreta de la información y de las decisiones políticas adoptadas durante la emergencia.

 

 

Desde el entorno judicial se subraya que la instrucción no persigue culpabilidades políticas genéricas ni se dirige contra una sigla concreta, sino que busca esclarecer si hubo negligencias relevantes, omisiones graves o actuaciones contrarias a los deberes inherentes a los cargos que participaron en la gestión de la crisis.

 

 

En ese marco, la solicitud de los mensajes de WhatsApp a Feijóo se interpreta como una consecuencia lógica de sus propias afirmaciones públicas y de su papel político en aquellos días.

 

 

La virulencia de los ataques contra la magistrada ha ido en aumento a medida que se han conocido nuevos detalles del sumario y que la oposición ha puesto el foco en las inconsistencias del relato del líder del PP.

 

 

Desde el PSOE, varios dirigentes han acusado abiertamente a Feijóo de haber mentido sobre su grado de implicación y de información durante la DANA, y han denunciado que el Partido Popular esté intentando intimidar a la judicatura para proteger a su máximo dirigente.

 

Estas acusaciones han elevado aún más la tensión política y han convertido la investigación judicial en un campo de batalla partidista.

 

 

En Génova, sin embargo, la versión oficial insiste en que Feijóo está colaborando con la Justicia y que los ataques a la jueza no forman parte de una estrategia organizada del partido.

 

No obstante, esta afirmación choca con un hecho difícil de ignorar: ningún miembro de la dirección nacional del PP ha salido públicamente a desautorizar los mensajes de Rafael Hernando ni de otros dirigentes que han seguido una línea similar.

 

 

Este silencio ha sido interpretado por amplios sectores políticos y mediáticos como un respaldo implícito a la campaña de desgaste contra la magistrada.

 

El contexto en el que se produce esta ofensiva no es menor. La gestión de la DANA de octubre de 2024 fue uno de los episodios más traumáticos del año, con graves consecuencias humanas y materiales.

 

La sociedad española sigue muy sensible ante cualquier indicio de negligencia política en situaciones de emergencia, y la exigencia de responsabilidades forma parte del clima social posterior a la catástrofe.

 

En ese escenario, cualquier contradicción en los relatos oficiales adquiere una relevancia política y moral mucho mayor.

 

 

Para Alberto Núñez Feijóo, el caso supone uno de los mayores desafíos de su liderazgo desde que asumió la presidencia del Partido Popular.

 

Su imagen de gestor serio y responsable, uno de los pilares de su proyección nacional, se ve cuestionada por una investigación que pone en duda la veracidad de sus afirmaciones públicas.

 

De ahí que el partido haya optado por una estrategia de confrontación que busca proteger su figura y convertir la causa judicial en un debate sobre supuestas injerencias ideológicas en la justicia.

 

 

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. Atacar a una jueza en pleno ejercicio de sus funciones puede reforzar la percepción de que el PP está dispuesto a tensar las instituciones cuando estas no se alinean con sus intereses.

 

Además, puede generar un efecto bumerán entre sectores moderados del electorado, que valoran la independencia judicial como un pilar básico del Estado de derecho.

 

Diversos analistas advierten de que convertir a la magistrada en el blanco de la polémica puede acabar fortaleciendo su posición y dando mayor legitimidad a la investigación.

 

 

 

 

Desde asociaciones judiciales y profesionales del derecho se observa con preocupación la escalada de ataques personales contra la jueza.

 

Aunque muchas de estas entidades evitan pronunciarse sobre el fondo de las causas abiertas, sí alertan del peligro que supone normalizar la descalificación de jueces cuando sus decisiones afectan a dirigentes políticos.

 

La independencia judicial, recuerdan, no solo se protege con leyes, sino también con una cultura política que respete la separación de poderes y evite campañas de descrédito.

 

Mientras tanto, la instrucción continúa su curso. La jueza Ruiz Tobarra sigue recabando documentación y analizando comunicaciones para reconstruir de manera precisa cómo se gestionó la información durante la DANA y quién tomó qué decisiones en cada momento.

 

El foco sobre los mensajes de WhatsApp entre Feijóo y Mazón es solo una pieza de un puzle más amplio que busca determinar responsabilidades y aclarar si hubo fallos graves en la gestión política de la emergencia.

 

 

El desenlace judicial aún está lejos y nadie puede anticipar con certeza sus consecuencias penales o políticas.

 

Lo que sí parece claro es que el Partido Popular ha optado por una estrategia de choque que trasciende este caso concreto y que reabre un debate recurrente en la política española: hasta qué punto los partidos están dispuestos a respetar la independencia judicial cuando sus líderes se ven directamente afectados por una investigación.

 

 

En última instancia, lo que está en juego no es solo la situación de Alberto Núñez Feijóo o el desgaste puntual del Partido Popular, sino la confianza ciudadana en las instituciones.

 

Cada ataque a una jueza, cada insinuación de parcialidad sin pruebas y cada intento de trasladar la presión al ámbito mediático contribuyen a erosionar un equilibrio delicado.

 

Y en un país marcado por episodios recientes de tensión entre política y justicia, la forma en que se gestione este conflicto tendrá consecuencias que van mucho más allá de la DANA de octubre de 2024.

 

 

La investigación judicial seguirá su camino, ajena —al menos en lo formal— al ruido político.

 

Pero la batalla por el relato ya está en marcha, y el Partido Popular ha decidido librarla sin ambages.

 

La pregunta que queda en el aire es si esta ofensiva logrará su objetivo de proteger a su líder o si, por el contrario, acabará reforzando la percepción de que, cuando la justicia se acerca demasiado, algunos partidos prefieren disparar contra el mensajero antes que afrontar las preguntas incómodas que plantea el sumario.