La REACCIÓN de AYUSO a la SENTENCIA del FISCAL GENERAL del ESTADO.

 

 

 

 

 

 

20N de 2025: Un día histórico que desafía la democracia española y la separación de poderes.

 

 

 

El 20 de noviembre de 2025 ha quedado marcado en la historia política y judicial de España como una fecha que desafía los cimientos de la democracia liberal.

 

 

La condena del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo, acusado de revelar secretos con el fin de dañar a un adversario político, ha desatado una ola de reflexiones, debates y preocupaciones sobre el verdadero estado de derecho en nuestro país.

 

 

No se trata de un mero acontecimiento judicial; es el síntoma de una crisis institucional que pone a prueba la fortaleza, la independencia y la credibilidad de las instituciones democráticas.

 

 

La sentencia, dictada en un contexto de máxima tensión política, ha dejado al descubierto las fisuras de un sistema que, pese a sus garantías, muestra signos de vulnerabilidad ante el abuso arbitrario del poder.

 

 

El hecho de que un ciudadano particular haya logrado la tutela efectiva de los tribunales frente a los delitos cometidos desde las más altas esferas del Estado es, sin duda, una buena noticia para la democracia.

 

 

Pero también es un recordatorio inquietante de que la protección de los derechos fundamentales está lejos de ser un camino seguro cuando quienes deben defender la ley la vulneran.

 

 

La condena del fiscal general no es un episodio aislado. Es la consecuencia de una serie de acontecimientos que han ido deteriorando la confianza en las instituciones y alimentando la sospecha de que el poder político se ha convertido en juez y parte.

 

 

 

La intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la maquinaria institucional ha sido objeto de duras críticas.

 

 

Se le acusa de dinamitar la separación de poderes, de utilizar la abogacía del Estado para proteger sus intereses personales y de coordinar operaciones destinadas a obstaculizar la labor judicial.

 

 

Estas acusaciones, respaldadas por hechos comprobables y por el testimonio de actores relevantes, han generado una atmósfera de desconfianza y polarización que amenaza con dividir a la sociedad en bandos irreconciliables.

 

 

El relato oficial, que intenta presentar el conflicto como un choque de trenes entre iguales, no convence a quienes ven en la condena del fiscal general un triunfo de la justicia sobre el abuso de poder.

 

 

Sin embargo, otros advierten que la instrumentalización política de la justicia es una amenaza para la democracia y la convivencia.

 

 

El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los derechos de todos los ciudadanos ante el uso interesado de las instituciones.

 

 

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha asumido un papel protagonista en la defensa de la abogacía y del derecho a la defensa, denunciando el atropello y el peligro que supone la revelación de secretos por parte del fiscal general.

 

 

Este gesto, más allá de la coyuntura política, reivindica el valor de la legalidad y la necesidad de preservar la independencia de los profesionales del derecho frente a cualquier intento de manipulación.

 

 

La reacción de la abogacía y de otros sectores sociales demuestra que la democracia española cuenta con mecanismos de resistencia frente al abuso de poder.

 

 

Sin embargo, el hecho de que un delito de esta naturaleza haya podido cometerse en una democracia consolidada como la nuestra obliga a replantear la relación entre poder político y judicial, y a exigir mayores garantías de transparencia y responsabilidad.

 

 

 

La imagen de Pedro Sánchez sentado en el banquillo de los acusados, aunque simbólica, resume el sentir de una parte importante de la sociedad: la percepción de que el máximo representante del poder ejecutivo ha cruzado líneas rojas que nunca debieron ser traspasadas.

 

 

Su defensa pública del fiscal general, su negativa a asumir responsabilidades y su participación en operaciones para obstruir la labor judicial han sido interpretadas como un intento de perpetuarse en el poder a costa de la legalidad y la convivencia.

 

 

La noticia ha dado la vuelta al mundo, provocando el asombro de otras democracias liberales donde la independencia del fiscal general respecto al presidente del Gobierno es un principio inviolable.

 

 

En España, la coordinación entre ambos en operaciones de Estado, que han acabado con la condena del fiscal por el Supremo, plantea interrogantes sobre la calidad democrática y la salud institucional.

 

 

El pulso entre justicia y poder político ha generado un relato polarizado, en el que se contrapone la democracia populista de Sánchez al supuesto golpe institucional de sus adversarios.

 

 

Esta narrativa, alimentada desde Moncloa y replicada por sus detractores, busca dividir a la sociedad en dos bandos enfrentados, donde la verdad y la justicia quedan relegadas a un segundo plano.

 

 

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

 

 

No hay ganadores en este conflicto; todos pierden porque se rompe el tejido institucional y la confianza en el sistema.

 

 

El paso hacia el guerra civilismo, el choque frontal entre poderes y la utilización de la justicia como herramienta política son síntomas de una crisis que exige una respuesta responsable y consensuada.

 

 

La corrupción, lejos de ser un problema aislado, se ha convertido en el telón de fondo de la crisis institucional.

 

 

El mantenimiento del poder a través de pactos con partidos minoritarios, la compra de voluntades y la colonización de empresas públicas y privadas han alimentado la sospecha de que el Estado está al servicio de intereses particulares.

 

 

Los casos que afectan a la mano derecha e izquierda del presidente, con peticiones de cárcel por parte de la fiscalía, refuerzan la percepción de que la corrupción se ha instalado en las estructuras de poder.

 

 

Este escenario, sumado a la falta de explicaciones, el debilitamiento del Parlamento y la erosión del Poder Judicial, dibuja un panorama preocupante para la democracia española.

 

 

La herencia que se deja a las nuevas generaciones es la de un país dividido, donde la presunción de veracidad o culpabilidad depende de quién instruya, legisle o juzgue.

 

 

En este contexto, la apelación a una nueva transición se convierte en una necesidad urgente.

 

 

La obra de 1975, que permitió la consolidación de la monarquía y la convivencia democrática, corre el riesgo de perderse si los españoles no se unen en defensa de la separación de poderes, el estado de derecho y la institucionalidad.

 

 

La alternativa es la autocracia, la destrucción del andamiaje constitucional y la siembra de zozobra, sospecha y venganza.

 

 

La situación actual es la más delicada desde la transición. La democracia liberal está en juego, y solo la unión de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, procedencia o condición, puede garantizar la supervivencia de los valores que nos han permitido avanzar como sociedad.

 

 

Los políticos son figuras de ida y vuelta, pero las instituciones y la imagen de España ante el mundo son lo que permanece.

 

 

La factura que dejará el proyecto de Pedro Sánchez, si continúa la caída de unos y otros en sus trampas, será difícil de asumir y reparar.

 

 

España no merece un gobierno que mienta, que divida a la sociedad y que utilice el poder judicial para fines políticos.

 

Ningún funcionario, fiscal, abogado del Estado debe sentir la presión del poder político en su labor diaria.

 

 

El ataque del aparato estatal a un ciudadano no puede volver a repetirse. No se puede tolerar que el Estado se ponga al servicio del gobierno para protegerlo de su corrupción.

 

 

La corrupción no se soluciona con más corrupción, ni con pactos oscuros ni con el debilitamiento de las instituciones.

 

 

Ante este panorama, es imprescindible apelar a la cordura de los españoles. La convivencia, el decoro y la reputación institucional deben ser los pilares sobre los que se construya una nueva etapa.

 

 

El daño que se está causando a España es profundo y amenaza con ser irreparable si no se toman medidas urgentes para restaurar la confianza en las instituciones.

 

 

España es mucho más que los intereses de unos pocos. La nación no quiere bandos ni muros que dividan a los ciudadanos.

 

 

El presidente debe asumir que este juego ha llegado demasiado lejos y que es hora de iniciar una nueva etapa marcada por el respeto, la convivencia y la defensa de la democracia liberal.

 

 

El 20N de 2025 será recordado como un día histórico, no solo por la condena de un fiscal general, sino por el desafío que supone para la democracia española.

 

 

La crisis institucional, la polarización y la corrupción exigen una respuesta firme y consensuada.

 

 

Solo la defensa de la separación de poderes, el estado de derecho y la convivencia pueden garantizar el futuro de España.

 

 

La historia juzgará a quienes hayan contribuido a la erosión de las instituciones y a quienes hayan luchado por preservarlas.

 

 

El reto es enorme, pero la oportunidad de iniciar una nueva etapa está al alcance de todos los españoles.

 

La democracia liberal, la obra de nuestros padres y abuelos, merece ser defendida con valentía y responsabilidad.