ASÍ HA SIDO el MAYOR DESALOJO de la HISTORIA de ESPAÑA.

 

 

 

Badalona, desalojo y relato: crónica de un conflicto urbano entre seguridad, derechos y polarización política.

 

 

La mañana del 19 de diciembre de 2025 quedará marcada en la memoria de Badalona como el día en que se llevó a cabo uno de los mayores desalojos de ocupas en la historia reciente de España.

 

El complejo ocupado, situado en el antiguo centro educativo B9, había sido foco de atención mediática, social y política durante meses.

 

Allí convivían entre 400 y 500 migrantes subsaharianos, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad extrema, pero también con un elevado índice de conflictividad, robos, violencia y problemas de salud pública, como el brote de tuberculosis que se desató hace unos meses.

 

 

La tensión acumulada en el barrio era palpable. Los vecinos, hartos de la inseguridad y el deterioro de la convivencia, venían demandando soluciones al Ayuntamiento, presidido por Xavier García Albiol, conocido por su discurso firme en materia de seguridad y orden público.

 

El complejo, convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, era descrito por los medios como una bomba de relojería: peleas, muertes violentas, condiciones insalubres y un clima de miedo en la zona.

 

 

El episodio que desencadenó la intervención definitiva fue la agresión sufrida por un equipo de reporteros de Espejo Público, a quienes les rompieron la cámara mientras intentaban documentar la situación.

 

El hecho, más allá del daño material, ilustró el grado de impunidad y violencia que se vivía en el lugar. Para muchos, aquello fue la gota que colmó el vaso y que justificó la intervención policial.

 

 

En la madrugada del desalojo, una veintena de furgones de los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana se desplegaron en la zona.

 

El operativo fue seguido en directo por los medios, que lo vivieron casi como una revancha por el ataque anterior.

 

La imagen de los reporteros regresando al lugar, tras haber sido expulsados a pedradas semanas antes, transmitía el mensaje de que la ley y el orden habían vuelto a imponerse. “Quien ríe el último, ríe mejor”, comentaba uno de los periodistas.

 

 

La operación no estuvo exenta de tensión. Grupos de ocupas y asociaciones de apoyo resistieron el desalojo, algunos de manera voluntaria, otros enfrentándose a las fuerzas de seguridad.

 

La presencia de figuras como Willy Toledo, la CUP y Podemos en defensa de los ocupas evidenciaba la polarización política en torno al conflicto.

 

La izquierda radical, feminista y social, se movilizó para denunciar lo que consideraban una vulneración de derechos humanos: el desalojo de 400 personas en pleno invierno, sin alternativa habitacional y en una ciudad con miles de viviendas vacías.

 

 

El relato emocional, centrado en la precariedad, el racismo inmobiliario y la falta de recursos, fue impulsado por figuras como Irene Montero, que retuiteó mensajes denunciando el desalojo como criminal y responsabilizando directamente a Albiol.

 

“Ni casa sin gente, ni gente sin casas”, clamaba la consigna, mientras se acusaba al alcalde de fascista y de ejecutar una política de exclusión y represión.

 

 

Sin embargo, para los vecinos de Badalona y para buena parte de la opinión pública, el desalojo era una demanda largamente esperada.

 

La inseguridad, los robos, las agresiones sexuales y los problemas sanitarios habían convertido la zona en un lugar inhabitable.

 

El argumento de la izquierda, centrado en la vulnerabilidad de los desalojados, chocaba con la experiencia cotidiana de quienes sufrían las consecuencias de la ocupación.

 

“¿Qué más da que roben, que haya agresiones sexuales, que haya brotes de tuberculosis, cuando estamos en pleno invierno?”, ironizaban algunos, subrayando la desconexión entre el relato político y la realidad social.

 

 

El discurso de Xavier García Albiol tras el operativo fue contundente: “Esto no es un problema de falta de vivienda, es un problema de control y legalidad.

 

Es una cuestión de poner orden en nuestras ciudades. No se puede dejar entrar a todo el mundo si no tienes condiciones para hacerlo”.

 

El alcalde defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad y anunció que el edificio sería derribado y convertido en una comisaría, símbolo de la restauración del orden y la seguridad.

 

 

La respuesta de la izquierda fue inmediata y previsible. Se denunció la falta de alternativas, la criminalización de la pobreza y la marginación de los migrantes.

 

Se acusó al gobierno municipal de insensibilidad y de alimentar el odio y la polarización.

 

El debate sobre la clase trabajadora, la propiedad privada y el comunismo emergió en las redes y en las tertulias, con argumentos que oscilaban entre la utopía y la indignación.

 

“La socialdemocracia no tiene capacidad de solucionar las problemáticas reales de la clase trabajadora”, afirmaba Mamadú, portavoz del sindicato de inquilinos y defensor de la abolición de la propiedad privada.

 

El intercambio entre Mamadú y Albiol, recogido en directo por los medios, ilustró la distancia abismal entre los dos relatos.

 

Mamadú defendía la organización de la clase trabajadora, la redistribución de la vivienda y la lucha contra la miseria, mientras Albiol respondía con pragmatismo y realismo: “En Badalona, no amigo. Aquí no se va a permitir acampar ni ocupar viviendas. La policía local y los Mossos tienen instrucciones claras”.

 

 

El desalojo de Badalona no es solo un episodio local; es el reflejo de un conflicto estructural que atraviesa la sociedad española.

 

El debate sobre la ocupación, la vivienda, la migración y la seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la polarización política.

 

La izquierda radical, cada vez más alejada de las mayorías sociales, defiende un relato emocional y utópico que, para muchos, resulta ajeno a la experiencia cotidiana de los barrios.

 

La derecha, en cambio, capitaliza el hartazgo y la demanda de orden, presentándose como garante de la seguridad y la convivencia.

 

 

La operación policial, aunque celebrada por los vecinos, deja abiertas muchas incógnitas.

 

¿Dónde irán los desalojados? ¿Se dispersarán por otras ciudades, reproduciendo el problema en otros lugares? ¿Es suficiente la intervención policial para resolver un conflicto que tiene raíces sociales, económicas y políticas? El alcalde reconoce que la solución no es definitiva y que la vigilancia y el control deberán mantenerse en los próximos días.

 

 

El debate sobre la vivienda vacía, la especulación inmobiliaria y la falta de recursos públicos para atender a los más vulnerables sigue siendo una asignatura pendiente.

 

La izquierda denuncia la falta de voluntad política para garantizar el derecho a la vivienda, mientras la derecha insiste en la necesidad de cumplir la ley y proteger a los vecinos.

 

El choque entre derechos individuales y colectivos, entre seguridad y justicia social, se agudiza en cada episodio de ocupación y desalojo.

 

La cobertura mediática del desalojo, con reporteros en directo, imágenes de tensión y testimonios de los protagonistas, ha contribuido a amplificar el conflicto y a consolidar la polarización.

 

Los medios, lejos de limitarse a informar, participan activamente en la construcción del relato, tomando partido y alimentando la confrontación.

 

El espectáculo político y social se convierte en parte del problema, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.

 

 

La experiencia de Badalona plantea preguntas de fondo sobre el modelo de ciudad, la gestión de la diversidad y la capacidad de las instituciones para responder a los desafíos contemporáneos.

 

La inseguridad, la pobreza y la exclusión no pueden resolverse únicamente con intervenciones policiales; requieren políticas integrales, recursos públicos y voluntad de diálogo.

 

Pero la polarización política y la lógica del enfrentamiento dificultan la construcción de consensos y alimentan la sensación de impotencia y frustración.

 

 

El desalojo de Badalona es, en última instancia, una metáfora de la España actual: una sociedad dividida entre el miedo y la esperanza, entre el orden y la justicia, entre la seguridad y los derechos.

 

La política, atrapada en la lógica de la confrontación, corre el riesgo de perder el sentido del debate racional y de la búsqueda de soluciones compartidas.

 

Los vecinos celebran la recuperación de la seguridad, mientras los defensores de los ocupas denuncian la vulneración de derechos humanos.

 

El conflicto está lejos de resolverse y exige respuestas complejas, más allá de la intervención policial y la retórica emocional.

 

 

La lección de Badalona es clara: la gestión de la ocupación y la inseguridad requiere políticas integrales, diálogo social y un compromiso real con la justicia y la convivencia.

 

La polarización y el espectáculo mediático solo agravan el problema y dificultan la construcción de una sociedad más justa y segura.

 

El reto, para todos los actores, es superar la lógica del enfrentamiento y avanzar hacia un modelo de ciudad donde la seguridad y los derechos sean compatibles y donde la dignidad de todas las personas sea respetada.