¡LA PRENSA QUEDA EN VILO Y EN SILENCIO ANTE ESTA BOMBA CONTRA SÁNCHEZ QUE PUEDE TUMBARLE!.

 

 

 

 

 

La intervención que hemos escuchado no es un desahogo improvisado ni una reacción puntual.

 

Es el reflejo de un clima político y social que se ha ido enrareciendo a lo largo de 2025 y que ayer encontró un nuevo punto de inflexión tras el balance anual presentado por Pedro Sánchez.

 

Un balance que, para una parte muy amplia de la opinión pública y de la oposición, no solo fue incompleto, sino profundamente revelador por todo lo que decidió dejar fuera.

 

Pedro Sánchez compareció para hacer su habitual repaso del año, un ejercicio que debería servir para rendir cuentas ante los ciudadanos.

 

Sin embargo, el resultado fue percibido como una operación de maquillaje político, un relato cuidadosamente construido para esquivar los asuntos más incómodos que han marcado los últimos doce meses.

 

No se trató de un simple olvido, sino de una omisión sistemática de hechos graves, contrastados y ampliamente recogidos por los principales medios de comunicación nacionales e internacionales.

 

Durante su intervención, el presidente del Gobierno no mencionó en ningún momento el caso de José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, cuya figura se ha convertido en uno de los símbolos más dañinos para el partido.

 

 

Tampoco hubo referencia alguna a la situación de Koldo García, encarcelado, ni a Santos Cerdán, que ha pasado por prisión y sobre el que pesan indicios claros de que podría volver a hacerlo.

 

El silencio fue absoluto, como si esos nombres no formaran parte de la historia reciente del sanchismo.

 

La lista de ausencias no termina ahí. Sánchez evitó hablar del ministro de Justicia condenado y apartado de la carrera pública, un hecho de enorme gravedad institucional.

 

No hubo ni una palabra sobre la situación judicial de su esposa ni sobre la de su hermano, ambos sentados en el banquillo.

 

Tampoco mencionó que el candidato socialista en Extremadura se encuentra igualmente imputado.

 

Todo ello mientras las cuentas del Partido Socialista están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por presunta financiación irregular y blanqueo de capitales.

 

 

Frente a este cúmulo de escándalos, el presidente optó por referirse únicamente al llamado “caso de las mascarillas”, dejando fuera otras tramas de enorme calado como el caso de los hidrocarburos, el asunto Servinabar, las conexiones con Plus Ultra y SEPI, o el conocido como “caso Leire”, relacionado con prácticas irregulares en las cloacas del Estado.

 

 

También quedó en el aire el caso Tito Berni, el caso Salazar y las denuncias por acoso sexual que han salpicado a miembros del entorno socialista, con acusaciones directas de intentos de silenciar a las víctimas.

 

 

Todo esto ocurrió en un contexto especialmente delicado. Apenas unos días antes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) había registrado empresas públicas y accedido a distintos ministerios para recabar información.

 

Una imagen demoledora para cualquier democracia avanzada y que, sin embargo, no mereció ni una sola mención en el discurso presidencial.

 

Para muchos ciudadanos, este silencio no es neutral: es una forma de desprecio hacia la inteligencia colectiva y hacia el derecho básico a la verdad.

 

 

La sensación que se extiende es clara: el balance presentado por Pedro Sánchez ya no sirve a los españoles.

 

Cuando el presidente insiste en que está dispuesto a “aguantarlo todo” y en que es víctima de campañas de desprestigio, la respuesta de una parte creciente de la sociedad es contundente: lo que España no tiene por qué soportar es la corrupción, el lodazal moral ni los escándalos continuos en el seno del Gobierno y del partido que lo sustenta.

 

 

A esta situación se suma un elemento que empieza a adquirir dimensiones preocupantes: el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

 

 

En los últimos días, hasta cinco grandes medios han publicado informaciones distintas pero convergentes sobre sus actividades, especialmente relacionadas con negocios en Venezuela y con su cercanía al régimen chavista.

 

Noticias que, en conjunto, dibujan un patrón inquietante y plantean interrogantes muy serios sobre posibles influencias en decisiones del actual Gobierno español.

 

 

Cada nueva información apunta a una red de intereses opacos, a contactos internacionales de dudosa transparencia y a un posible papel de intermediación en operaciones vinculadas a la explotación ilegal de recursos como el oro y el petróleo venezolanos.

 

 

Resulta difícil ignorar que Zapatero es una de las figuras con más acceso al entorno de Pedro Sánchez y que, según diversas fuentes, mantiene una influencia notable en determinadas áreas de la política exterior y económica.

 

 

Precisamente por ello, el Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas parlamentarias.

 

Entre otras cuestiones, quieren saber por qué el Gobierno facilitó a Zapatero el uso de una zona de acceso restringido de Patrimonio Nacional para reunirse con un empresario vinculado a Plus Ultra, apenas 72 horas después de una reunión secreta que terminó con una detención.

 

También se pregunta por la eliminación de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y archivos de teléfonos móviles, un patrón que se repite en varias de las tramas investigadas.

 

Las filtraciones interesadas, la desaparición de pruebas y la información privilegiada parecen formar parte de un mismo modus operandi.

 

Un patrón que, según denuncia la oposición, siempre aparece cuando los casos rozan de algún modo a Pedro Sánchez o a su entorno más cercano.

 

La sospecha es grave: si desde el poder se ha facilitado el aviso a posibles implicados o se ha permitido la destrucción de pruebas, estaríamos ante un deterioro democrático de enorme alcance.

 

 

Mientras tanto, Santos Cerdán volverá a ser protagonista. Su comparecencia en el Senado es inminente y se espera que tenga que explicar las contradicciones y falsedades detectadas en sus declaraciones anteriores.

 

 

La sensación general es que ni él ni el presidente desean dar la cara, pero la presión política y mediática hace cada vez más difícil seguir esquivando las explicaciones.

 

 

La negativa sistemática del Gobierno a comparecer con normalidad en el Congreso se ha convertido en otro de los grandes focos de crítica.

 

El Partido Popular solicitó la semana pasada una comparecencia urgente de Pedro Sánchez en pleno periodo ordinario de sesiones.

 

La respuesta fue el silencio primero y, después, una maniobra que la oposición califica abiertamente de engaño: alegar que no era posible convocar el pleno cuando, según el reglamento, el periodo ordinario se extiende hasta el 31 de diciembre.

 

 

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha quedado en el centro de la polémica. Para la oposición, o bien desconoce deliberadamente el reglamento, o bien actúa de mala fe para proteger al Ejecutivo.

 

 

La conclusión es la misma: se está utilizando la arquitectura institucional para evitar una votación que el Gobierno podría perder, algo que cuestiona seriamente la calidad democrática del sistema.

 

 

En este contexto, resulta especialmente llamativo el posicionamiento del grupo Sumar, que ha llegado a pedir una remodelación profunda del Gobierno.

 

 

La paradoja es evidente: quienes sostienen a Sánchez en el poder reconocen implícitamente que el Ejecutivo está agotado y rodeado de escándalos, pero siguen votando para que nada cambie.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de regeneración puede surgir de quienes forman parte del mismo problema?

 

 

Lo que la oposición y una parte creciente de la ciudadanía reclaman no es un espectáculo ni una caza de brujas.

 

Es algo mucho más básico: que el presidente del Gobierno comparezca, dé explicaciones claras y asuma responsabilidades.

 

Que hable de todo aquello que ayer decidió ocultar. Que explique por qué su entorno político, familiar y partidista aparece una y otra vez vinculado a casos judiciales, investigaciones y registros policiales.

 

España atraviesa un momento de profundo cansancio social. No es solo una cuestión de siglas o ideologías, sino de dignidad democrática.

 

La corrupción continuada, la falta de transparencia y el desprecio por el control parlamentario erosionan la confianza de los ciudadanos y alimentan la sensación de que existen dos varas de medir: una para los gobernantes y otra para el resto.

 

 

El tiempo de los silencios se agota. O el Gobierno opta por la transparencia real y las explicaciones completas, o el coste político y social seguirá creciendo.

 

Porque, como cada vez más españoles sienten, lo que está en juego ya no es la imagen de un presidente, sino la credibilidad misma de las instituciones y la salud de la democracia.