Sánchez avanza que España “no reconocerá” la intervención de EEUU en Venezuela por “violar el Derecho internacional”.

 

 

 

El presidente español ha asegurado que no reconocerá la legitimidad del operativo estadounidense por vulnerar el Derecho Internacional.

 

 

 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

 

 

La madrugada en la que Estados Unidos confirmó la detención de Nicolás Maduro marcó un antes y un después en la crisis venezolana y abrió una grieta profunda en el tablero internacional.

 

Lo que durante años fue una tensión diplomática permanente se convirtió de golpe en una acción militar directa, con consecuencias políticas inmediatas y un impacto emocional que se extendió mucho más allá de América Latina.

 

En cuestión de horas, gobiernos, analistas y líderes sociales se vieron obligados a posicionarse ante un hecho que reconfigura equilibrios y obliga a replantear discursos que parecían inamovibles.

 

 

En España, la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue rápida y calculada. Su mensaje no dejó lugar a ambigüedades: el Ejecutivo español no reconoce la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

 

No por simpatía hacia el régimen de Maduro —que ya había dejado de reconocer tras los comicios de 2024—, sino por una razón que Sánchez quiso subrayar con claridad: la defensa del Derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

 

Para el Gobierno español, cruzar la línea de la intervención armada sin un marco multilateral empuja a la región a un escenario de incertidumbre, belicismo y consecuencias imprevisibles para la población civil.

 

 

Ese matiz es clave para entender la posición de España. Sánchez no defendió a Maduro ni a su Gobierno; defendió una idea de orden internacional basada en normas, no en la ley del más fuerte.

 

En su discurso, insistió en la necesidad de pensar en los civiles, de evitar una escalada y de apostar por una transición justa, dialogada y supervisada por la comunidad internacional.

 

Un mensaje que busca equilibrio, pero que también refleja el temor a que la normalización de este tipo de operaciones siente un precedente peligroso.

 

 

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Donald Trump comparecía desde Mar-a-Lago con un tono completamente distinto.

 

Sin rastro de prudencia, el presidente estadounidense convirtió la operación en una demostración de fuerza.

 

Habló de éxito total, de superioridad militar incuestionable y de un golpe decisivo contra lo que calificó como “narcoterrorismo”.

 

En su relato, la captura de Maduro y de su esposa no solo es un acto de justicia, sino una advertencia al resto del hemisferio: Estados Unidos está dispuesto a actuar unilateralmente si considera amenazada su soberanía o sus intereses estratégicos.

 

 

El contraste entre ambos discursos no es menor. Mientras Sánchez apela a las reglas comunes y al multilateralismo, Trump reivindica el poder duro y la acción directa como herramientas legítimas de política exterior.

 

Dos visiones del mundo que chocan frontalmente y que colocan a los aliados tradicionales en una posición incómoda.

 

Apoyar la intervención implica avalar una vulneración del Derecho internacional; rechazarla supone asumir el coste político de parecer tibio ante un régimen ampliamente cuestionado por sus prácticas autoritarias.

 

 

La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores español, alineada con Bruselas y con socios regionales, refuerza esa idea de cautela.

 

El seguimiento exhaustivo de la situación, la protección de ciudadanos españoles en el país y la coordinación con la Unión Europea apuntan a una estrategia de contención.

 

Nadie quiere ser arrastrado a un conflicto de consecuencias incalculables, especialmente en una región ya marcada por la inestabilidad y por crisis humanitarias de gran calado.

 

 

Sin embargo, el debate no se limita a los gobiernos. En el espacio público, las reacciones han sido viscerales.

 

Para algunos sectores, la caída de Maduro representa el fin de una dictadura que durante años ha provocado hambre, represión y un éxodo masivo.

 

Para otros, la forma en que se ha producido —mediante una intervención militar extranjera— invalida cualquier discurso de liberación y abre la puerta a una nueva etapa de tutelaje y dependencia.

 

Las palabras de Trump sobre el futuro de Venezuela alimentan ese temor. Cuando habla de “dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura”, muchos leen una ocupación de facto, aunque se disfrace de misión temporal.

 

La promesa de paz y libertad convive con la afirmación de que Washington no permitirá que nadie “no bueno para Venezuela” tome el poder, una frase que suena más a imposición que a autodeterminación.

 

 

Este punto conecta con una crítica recurrente en ámbitos académicos y políticos: la instrumentalización de la democracia como coartada. Venezuela no es solo un país en crisis; es también una potencia energética con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo.

 

Ignorar ese dato sería ingenuo. A lo largo de la historia, los intereses energéticos han sido un factor determinante en muchas intervenciones, y esta no parece una excepción para quienes observan el contexto con desconfianza.

 

 

En España, el posicionamiento de Sánchez también responde a una realidad interna.

 

El Gobierno es consciente de la polarización política y del uso que la oposición puede hacer de cualquier matiz en su discurso.

 

Defender el Derecho internacional le permite mantener una línea coherente con su política exterior y, al mismo tiempo, evitar aparecer como aliado de un régimen que ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos.

 

 

Pero más allá de las estrategias políticas, hay una pregunta que atraviesa todo el debate: ¿qué significa realmente la justicia para el pueblo venezolano? La detención de Maduro en suelo extranjero puede satisfacer a quienes buscan una rendición de cuentas inmediata, pero también deja abiertas incógnitas sobre la legitimidad de los procesos judiciales y sobre el respeto a la soberanía nacional.

 

¿Puede construirse una democracia sólida sobre una intervención militar? ¿O ese origen marcará el futuro del país con una dependencia difícil de revertir?

 

 

 

 

El riesgo de una escalada tampoco es menor. Trump fue explícito al advertir que Estados Unidos está preparado para un segundo ataque si fuera necesario.

 

Ese lenguaje no solo tensiona a Venezuela, sino a toda la región. América Latina, históricamente sensible a las intervenciones externas, observa con inquietud un escenario que recuerda episodios del pasado que dejaron heridas profundas y desconfianza duradera hacia Washington.

 

 

En este contexto, la llamada de Sánchez a la desescalada adquiere un peso simbólico. No es solo una postura diplomática; es un recordatorio de que la estabilidad no se construye a golpe de misiles.

 

La transición que muchos desean para Venezuela requiere algo más que la caída de un líder: necesita instituciones, consensos internos y un acompañamiento internacional que respete la legalidad y la voluntad de su pueblo.

 

 

La Unión Europea, previsiblemente, jugará un papel relevante en los próximos días.

 

Su capacidad para mediar, para impulsar soluciones multilaterales y para ofrecer apoyo humanitario será clave para evitar que la crisis derive en un conflicto prolongado.

 

España, por su vínculo histórico y cultural con Venezuela, está llamada a ser una de las voces más activas en ese proceso.

 

 

Al mismo tiempo, la sociedad civil venezolana se enfrenta a un momento decisivo.

 

Tras años de movilizaciones, represión y frustración, la incertidumbre vuelve a dominar el horizonte.

 

La caída de Maduro no garantiza automáticamente mejoras en la vida cotidiana. Sin un plan claro, sin recursos y sin un proceso inclusivo, el riesgo de caos y de nuevas violencias es real.

 

 

El mensaje de Trump, cargado de épica militar y de advertencias a terceros, contrasta con esa fragilidad sobre el terreno.

 

Las cifras de migración, la crisis económica y la desestructuración social no se solucionan con discursos triunfalistas. Requieren tiempo, inversión y, sobre todo, estabilidad.

 

 

Por eso, la posición de España y de otros países que insisten en el respeto al Derecho internacional no debe leerse como una defensa del statu quo, sino como una apuesta por una salida menos traumática.

 

Reconocer la ilegitimidad de un régimen no implica avalar cualquier medio para sustituirlo.

 

Esa distinción, incómoda pero necesaria, es la que marca la diferencia entre una política exterior responsable y una basada únicamente en la fuerza.

 

El futuro inmediato de Venezuela se escribe ahora, en medio de tensiones cruzadas y de relatos enfrentados.

 

La comunidad internacional tiene ante sí una oportunidad —y una responsabilidad—: evitar que el fin de una etapa autoritaria dé paso a otra forma de dominación.

 

Escuchar a la población civil, respetar las normas comunes y apostar por soluciones dialogadas no es una postura débil; es, quizá, la única vía para que la promesa de libertad no se convierta en una nueva decepción.

 

 

En última instancia, lo ocurrido obliga a todos a tomar partido, no solo sobre Venezuela, sino sobre el modelo de relaciones internacionales que queremos.

 

Si la intervención militar se normaliza como herramienta política, el Derecho internacional pierde sentido.

 

Si, por el contrario, se refuerza la idea de que las transiciones deben construirse con legalidad y consenso, incluso en los contextos más difíciles, todavía habrá margen para la esperanza.

 

Esa es la encrucijada que define este momento histórico y que explica por qué las palabras de Pedro Sánchez, más allá de la coyuntura, resuenan como una advertencia sobre el mundo que estamos construyendo.