Esta es la carta íntegra de dimisión del Fiscal General del Estado: “Es el momento de abandonar”.

 

 

 

 

García Ortiz asegura que es un “acto debido a toda la ciudadanía española”: “He sido fiel a la institución a la que me honro en pertenecer”.

 

 

 

 

 

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

 

 

 

 

En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en “profundo respeto a las resoluciones judiciales” tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado “el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

 

 

 

 

 

 

Transcripción de la carta.

 

 

 

“El pasado 20 de noviembre fui notificado anticipadamente del fallo condenatorio recaído tras el juicio oral presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

 

 

Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento.

 

 

 

El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad -siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española.

 

 

 

Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.

 

 

Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 a) y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado.

 

 

 

Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad.

 

 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirte un afectuoso saludo”.

 

 

Así se ha pronunciado García Ortiz en la misiva enviada al ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños.

 

 

 

 

El futuro de la Fiscalía y el reto de la regeneración institucional.

 

 

La dimisión de García Ortiz abre una nueva etapa en la Fiscalía española.

 

 

El Consejo de Ministros deberá aceptar el cese y proceder al nombramiento de un nuevo Fiscal General, en un contexto marcado por la desconfianza y la exigencia de transparencia.

 

 

La carta, aunque no lo menciona explícitamente, plantea el reto de regenerar la institución y de recuperar la confianza ciudadana en la justicia.

 

 

El futuro de la Fiscalía dependerá, en buena medida, de la capacidad del nuevo titular para ejercer el cargo con independencia, rigor y sentido institucional.

 

 

La dimisión de García Ortiz, lejos de cerrar el debate, lo amplía y lo intensifica, invitando a la sociedad a reflexionar sobre el papel de la justicia en la democracia y sobre la necesidad de fortalecer las garantías y los controles institucionales.

 

 

 

 

Reflexión final: una carta que interpela a toda la sociedad.

 

 

 

La renuncia de Álvaro García Ortiz, plasmada en una carta que combina respeto, dignidad y sentido institucional, es mucho más que un trámite administrativo.

 

 

Es el reflejo de una crisis que afecta a la justicia, a la política y a la confianza ciudadana.

 

 

En tiempos de polarización y desconfianza, el gesto del Fiscal General invita a recuperar el valor de la responsabilidad, la transparencia y el respeto a las instituciones.

 

 

La carta, dirigida al Gobierno pero en realidad enviada a toda la ciudadanía, plantea preguntas que no pueden ser eludidas: ¿Puede la justicia sobrevivir a la crisis de legitimidad? ¿Es posible restaurar la confianza cuando la política y la justicia parecen ir de la mano? ¿Qué papel deben jugar los responsables institucionales en la defensa de los valores democráticos?

 

 

 

 

 

 

La respuesta, como sugiere la carta, está en la capacidad de la sociedad para exigir transparencia, ética y rigor.

 

 

La dimisión de García Ortiz, lejos de ser un punto final, es el inicio de un debate necesario sobre el futuro de la justicia y la democracia en España.