El testimonio final: GARCÍA ORTIZ denuncia la “ACTUACIÓN DESLEAL” en el proceso.

 

 

 

 

 

 

La verdad no se filtra, se defiende: El Fiscal General ante el caso González Amador y el desafío de la transparencia institucional.

 

 

En los pasillos solemnes del Tribunal, mientras las miradas se cruzan entre acusaciones y defensas, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a uno de los momentos más críticos de su carrera.

 

No es solo un proceso judicial; es la puesta a prueba de la confianza ciudadana en las instituciones.

 

El caso González Amador —con sus ramificaciones políticas, mediáticas y personales— ha desnudado no solo los mecanismos internos de la fiscalía, sino también las tensiones latentes entre la verdad procesal y la gestión pública de la información.

 

 

¿Dónde termina el deber institucional y dónde comienza la responsabilidad individual? ¿Hasta qué punto la búsqueda de la verdad puede verse enturbiada por filtraciones, presiones externas y el ruido mediático?

 

 

La comparecencia de García Ortiz ante el tribunal, que se ha viralizado en redes y medios, no es solo una defensa técnica: es una declaración de principios sobre el papel del Ministerio Fiscal y el delicado equilibrio entre la protección de los perjudicados y la salvaguarda del proceso.

 

 

El Fiscal General, con voz serena pero firme, rechaza contestar a las preguntas de la acusación particular.

 

 

No por desdén, sino por lo que considera una actuación desleal, no hacia él, sino hacia el propio tribunal y la búsqueda de la verdad judicial.

 

 

Y lo justifica con cuatro hitos que, según su relato, han marcado el curso del procedimiento y han puesto en cuestión la buena fe de quienes impulsan la querella.

 

La historia arranca con la formulación de la querella, el punto de partida de toda investigación penal.

 

García Ortiz subraya que, desde el inicio, se omite un dato esencial: el correo electrónico del 2 de febrero, objeto de investigación, fue enviado ese mismo día a una persona ajena al proceso, perteneciente a otra institución.

 

 

¿Casualidad, descuido o estrategia? Para el Fiscal General, esta omisión no es inocente y podría haber cambiado el rumbo del proceso.

 

Si el dato hubiese estado en la querella, quizá —sugiere— ni siquiera estaríamos aquí.

 

 

Pero la sombra de la duda se extiende más allá. El correo del 12 de marzo, pieza clave en la instrucción, fue entregado por el perjudicado a una tercera persona ajena al procedimiento, con el objetivo explícito de hacer un uso político del mismo.

 

 

El Fiscal General denuncia que se revela información sensible de un fiscal, rompiendo la confidencialidad y exponiendo el caso a la voracidad mediática. No es solo una cuestión de privacidad, sino de lealtad procesal y respeto a la función pública.

 

 

El tercer hito que destaca García Ortiz es la entrevista del perjudicado con el director de investigación de un medio de comunicación.

 

En esa conversación, se comparten detalles sobre la relación con el fiscal y la conformidad procesal.

 

 

Poco después, la información aparece publicada, alimentando el ciclo de noticias y generando presión sobre el tribunal.

 

 

El Fiscal General lamenta que estos hechos hayan salido a la luz por la investigación interna, y no por iniciativa de quienes debían informar al instructor del caso.

 

En este contexto, surge la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto los medios de comunicación pueden influir en el desarrollo de un proceso judicial? ¿Es legítimo que los perjudicados busquen apoyo público para reforzar su posición, o están cruzando una línea peligrosa que pone en riesgo la imparcialidad del tribunal? El debate está servido, y no solo entre juristas.

 

 

 

Pero el aspecto más personal —y quizás más polémico— llega con la petición de responsabilidad civil.

 

 

El perjudicado renuncia a la responsabilidad subsidiaria del Estado, dirigiendo la acción únicamente contra García Ortiz.

 

No busca resarcimiento institucional, sino una acción directa contra el Fiscal General, llegando incluso a pedir el afianzamiento, lo que puede traducirse en una pena anticipada.

 

El mensaje es claro: el conflicto se personaliza, y la figura del Fiscal General se convierte en el centro de la controversia.

 

 

Esta estrategia, que García Ortiz considera distorsionadora, plantea cuestiones de fondo sobre la naturaleza del proceso penal y la protección de los funcionarios públicos.

 

¿Debe el Estado responder siempre por sus representantes, o es legítimo que los perjudicados busquen responsabilidades individuales? La respuesta no es sencilla y abre la puerta a un debate jurídico y ético que trasciende el caso concreto.

 

 

El testimonio del Fiscal General también arroja luz sobre la gestión de la comunicación interna y externa.

 

García Ortiz relata las dificultades para coordinar la publicación de una nota de prensa, la resistencia de la Fiscal Superior de Madrid y las presiones para evitar que la nota se interprete como una respuesta política.

 

El objetivo, insiste, era proteger a los fiscales y ofrecer una versión institucional, no entrar en una guerra de declaraciones.

 

 

En este punto, la figura de la señora Lastra adquiere protagonismo.

 

Según el Fiscal General, nunca recibió recomendaciones sobre el contenido sustantivo de la nota, aunque sí percibió reticencias sobre su oportunidad: “Vamos a hacer el ridículo, porque vamos a contar cosas que ya están en los medios”, habría dicho Lastra.

 

 

García Ortiz atribuye esta actitud a una situación de desafección profesional y personal, que se ha trasladado a diferentes foros judiciales y fiscales.

 

 

La dificultad para coordinar la comunicación —llamadas, mensajes, WhatsApps— revela la complejidad de gestionar la información en tiempos de hiperconectividad y presión mediática.

 

El Fiscal General reconoce que tuvo que insistir, incluso por WhatsApp, para que se publicara la nota, subrayando que su único objetivo era defender a los compañeros fiscales.

 

 

Uno de los momentos más delicados del testimonio llega cuando García Ortiz denuncia la filtración de datos personales en el atestado de la UCO: su cuenta de Gmail, su teléfono móvil, su identidad.

 

 

La exposición de estos datos le llevó a recibir mensajes amenazantes, a plantearse la existencia de una brecha de seguridad y, finalmente, a cerrar su cuenta de correo electrónico.

 

El Fiscal General consultó formalmente al Cuerpo Nacional de Policía, buscando protección ante posibles vulnerabilidades.

 

 

Esta situación, que trasciende el ámbito penal, pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los altos cargos públicos en la era digital.

 

 

La filtración de datos personales no solo afecta a la privacidad, sino que puede tener consecuencias graves para la seguridad física y psicológica de los afectados.

 

 

¿Está el sistema judicial preparado para proteger a sus miembros frente a estas amenazas? ¿Qué responsabilidad tienen los medios y las partes en la preservación de la confidencialidad?

 

 

En la recta final de su comparecencia, García Ortiz responde con claridad: no ha intentado perjudicar el derecho de defensa del señor González Amador ni su honorabilidad.

 

 

La nota de prensa, afirma, se modificó para evitar cualquier asociación con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con acontecimientos políticos.

 

 

El Fiscal General insiste en que toda la documentación del caso, incluso la que afecta a su propia intimidad, demuestra que su obsesión era proteger a la fiscalía y a los fiscales, no atacar a los perjudicados.

 

 

El proceso de negociación y conformidad, que continuó durante meses entre los fiscales y los letrados del señor González Amador, no se frustró por acción del Fiscal General, sino por la falta de acuerdo entre las acusaciones particulares y la acción popular.

 

 

“Nuestro sistema procesal es así”, concluye, subrayando la independencia de las partes y la imposibilidad de imponer una conformidad si no hay consenso.

 

 

Antes de abandonar la sala, García Ortiz comparte una reflexión que resume el espíritu de su defensa: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”.

 

Es un mensaje poderoso, que invita a repensar el papel de las instituciones y la responsabilidad de quienes las representan.

 

 

En un mundo donde la información circula a velocidad vertiginosa y la presión mediática puede distorsionar los hechos, la defensa de la verdad institucional se convierte en un desafío diario.

 

 

El caso González Amador, más allá de sus implicaciones jurídicas, es un espejo de las tensiones que atraviesan la justicia española: la lucha por la transparencia, la protección de los derechos de los perjudicados, la gestión de la comunicación y la exposición personal de los altos cargos.

 

 

Cada decisión, cada declaración, cada filtración puede tener consecuencias imprevisibles, no solo para los protagonistas, sino para la confianza ciudadana en el sistema.

 

 

La comparecencia de García Ortiz ha dejado al descubierto las grietas y fortalezas del sistema judicial.

 

Ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas que merecen una respuesta colectiva: ¿Cómo garantizar la lealtad procesal en tiempos de polarización? ¿Qué límites deben imponerse a la acción mediática y política en los procesos penales? ¿Es posible proteger la intimidad y la seguridad de los funcionarios sin sacrificar la transparencia?

 

 

El debate está abierto. Y, como bien dice el Fiscal General, la verdad no es una mercancía que se pueda filtrar o manipular; es un principio que debe defenderse, incluso cuando el precio es alto y las presiones son muchas.

 

La sociedad española, testigo de este proceso, tiene la oportunidad de reflexionar, exigir y participar en la construcción de una justicia más fuerte, más transparente y más digna.