EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA MAGISTRADO DEL SUPREMO.

 

 

 

 

 

La decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella presentada contra uno de sus propios magistrados ha vuelto a colocar a la Justicia española en el centro de un debate incómodo, profundo y cargado de desconfianza ciudadana.

 

 

No se trata de una polémica menor ni de un tecnicismo jurídico reservado a especialistas: lo que está en juego es la percepción —cada vez más extendida— de que el sistema judicial carece de mecanismos reales de control cuando se trata de depurar responsabilidades en su propia cúpula.

 

 

El archivo de la querella, interpuesta por el grupo parlamentario de els Comuns por un presunto delito de revelación de datos reservados, ha generado una reacción en cadena entre juristas, exmagistrados y sectores de la sociedad civil.

 

El motivo es claro: el Tribunal Supremo ha sido juez y parte, valorando penalmente la conducta de uno de sus miembros y concluyendo, sin abrir investigación alguna, que no existe delito ni siquiera indicios que justifiquen indagar los hechos.

 

 

El origen del conflicto se remonta a la sentencia contra el fiscal general del Estado, una resolución de enorme impacto institucional.

 

 

Mientras esa sentencia aún no había sido notificada oficialmente, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo realizó unas declaraciones públicas en el Colegio de Abogados de Madrid que, según los denunciantes, revelaban información protegida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

 

Concretamente, dejó entrever que él mismo iba a redactar la sentencia, algo que solo puede conocerse tras las deliberaciones internas de la Sala, que son por ley secretas.

 

 

Ese detalle, aparentemente anecdótico, es el núcleo de la acusación. En el funcionamiento ordinario de los tribunales colegiados, el cambio de ponente, la existencia de votos particulares o la falta de unanimidad son datos estrictamente reservados hasta que la sentencia se hace pública.

 

Revelarlos antes no es un gesto inocuo: puede afectar a la percepción de imparcialidad del tribunal y vulnerar normas básicas del proceso judicial.

 

 

A pesar de ello, el Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella de plano, sin practicar diligencias, sin escuchar testigos y sin analizar en profundidad si esas palabras podían encajar en el tipo penal previsto en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario que revele datos conocidos por razón de su cargo y que deban ser secretos.

 

 

La argumentación utilizada para justificar el archivo ha sido, precisamente, la que ha desatado mayor indignación.

 

El Supremo sostiene que no se reveló el contenido del fallo y que, por tanto, no existe delito.

 

Sin embargo, los querellantes nunca afirmaron que se hubiera revelado el fallo en sí, sino datos relevantes del proceso deliberativo: el cambio de ponente, la posición minoritaria de una magistrada y la ausencia de unanimidad. Todos ellos son datos protegidos por la ley, aunque no sean el fallo final.

 

 

Aquí es donde muchos juristas ven el problema de fondo. El Código Penal no exige que se revele el contenido exacto de una sentencia para que exista delito, sino que se revelen datos reservados obtenidos por razón del cargo.

 

Y esos datos, sostienen los críticos, se revelaron de forma pública, voluntaria y antes de que la resolución fuera notificada.

 

 

El debate va mucho más allá de este caso concreto. En España, cuando se presenta una querella contra un juez o magistrado, la causa la conoce un órgano superior.

 

Un juez de instrucción es investigado por el Tribunal Superior de Justicia; un magistrado de un TSJ, por el Tribunal Supremo.

 

Pero cuando el denunciado es un magistrado del propio Supremo, no existe un órgano superior.

 

El resultado es una situación única: el Tribunal Supremo se juzga a sí mismo.

 

 

En algunos supuestos excepcionales se constituye la conocida como Sala del 61, integrada por el presidente del Tribunal Supremo y magistrados de distintas salas.

 

Pero incluso en ese caso, el órgano sigue siendo el mismo. No hay una instancia externa e independiente que evalúe penalmente la conducta de los magistrados del alto tribunal.

 

 

Esta singularidad del sistema es legal, pero no necesariamente saludable desde el punto de vista democrático.

 

La independencia judicial no puede confundirse con impunidad, y el control interno pierde credibilidad cuando se ejerce sin investigación y con argumentos que muchos consideran forzados.

 

 

La polémica se agrava si se compara este caso con otros recientes. En procedimientos contra cargos públicos o fiscales, el Supremo ha sido extremadamente estricto con la revelación de información, incluso cuando no se ha demostrado un daño concreto.

 

En cambio, cuando la conducta cuestionada procede del interior del propio tribunal, el listón parece elevarse hasta un punto prácticamente inalcanzable.

 

 

Otro elemento que ha generado desconcierto es el papel de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

 

Ni la Fiscalía ni la defensa del fiscal general del Estado han impulsado acciones contundentes ante lo que algunos consideran irregularidades evidentes.

 

Este silencio ha alimentado sospechas sobre una posible autocontención por miedo a represalias institucionales o por la conciencia de que cualquier actuación acabaría, de nuevo, en manos del propio Supremo.

 

 

En el plano jurídico, algunos expertos han apuntado incluso a la posible existencia de ignorancia inexcusable de la ley, un supuesto que el Código Penal tipifica como prevaricación cuando afecta a resoluciones judiciales manifiestamente contrarias al ordenamiento.

 

No se trata de una acusación menor, y precisamente por eso sorprende que no haya sido objeto de un debate más amplio en la doctrina ni en los órganos competentes.

 

 

Desde el punto de vista ciudadano, el mensaje que se transmite es devastador.

 

Si un magistrado del Tribunal Supremo puede revelar datos protegidos sin que siquiera se investigue, ¿qué garantías tiene un ciudadano corriente de que sus derechos serán protegidos cuando se enfrenta al poder judicial? ¿Dónde queda el principio de igualdad ante la ley?

 

 

La vía que ahora se abre para els Comuns es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

 

Pero incluso esta opción está rodeada de paradojas. Cualquier resolución del Constitucional podría, en teoría, ser cuestionada penalmente… y esa eventual causa acabaría de nuevo en el Tribunal Supremo. Un círculo perfecto, pero profundamente inquietante.

 

 

Este caso pone sobre la mesa una cuestión que España lleva décadas evitando: la necesidad de mecanismos externos, transparentes y creíbles de control judicial.

 

No para debilitar la independencia de los jueces, sino para reforzarla mediante la rendición de cuentas.

 

En la mayoría de democracias avanzadas existen fórmulas para evitar que los máximos órganos jurisdiccionales se conviertan en espacios cerrados, impermeables a cualquier fiscalización real.

 

 

El debate no es ideológico ni partidista. Afecta a la calidad democrática, a la confianza en las instituciones y a la legitimidad del poder judicial.

 

Cada archivo sin investigación, cada explicación percibida como evasiva, ensancha la brecha entre la ciudadanía y una justicia que debería ser ejemplar, no solo en sus sentencias, sino también en su comportamiento interno.

 

 

Lo ocurrido no es una anécdota ni un simple enfrentamiento entre juristas. Es un síntoma.

 

Un síntoma de un sistema que, cuando se mira al espejo, prefiere cerrar los ojos.

 

Y mientras no se aborde este problema con valentía, transparencia y reformas profundas, la sensación de que el Supremo se juzga a sí mismo y siempre sale absuelto seguirá creciendo.

 

 

Al final, no se trata de creer a un exmagistrado, a un partido político o al propio Tribunal Supremo.

 

Se trata de leer la ley, analizar los hechos y preguntarse, con honestidad, si cualquier otro ciudadano habría recibido el mismo trato.

 

Esa pregunta, hoy, sigue sin respuesta clara. Y mientras tanto, la desconfianza continúa avanzando.