El tuit que Ayuso quiere borrar la hemeroteca la deja en evidencia.

 

 

 

 

 

Durante años, Isabel Díaz Ayuso ha construido una imagen política muy definida: la de una dirigente firme, combativa, especialmente dura contra el chavismo y contra el gobierno de Nicolás Maduro.

 

 

Sus declaraciones públicas, sus intervenciones institucionales y su presencia constante en actos junto a la oposición venezolana en Madrid han reforzado ese perfil.

 

Para muchos de sus seguidores, Ayuso se ha convertido en una de las voces más contundentes en España contra lo que define como una dictadura criminal. Sin embargo, como suele ocurrir en política, el pasado no desaparece.

 

Y cuando reaparece, lo hace con la fuerza suficiente como para cuestionar no solo un discurso, sino una forma entera de entender el poder.

 

 

La polémica estalló cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, rescató un tuit de 2015 firmado por la propia Ayuso.

 

En aquel mensaje, la entonces responsable de redes del PP en Madrid defendía sin ambigüedades al régimen venezolano frente a las investigaciones impulsadas por Estados Unidos contra altos cargos chavistas.

 

“Quien se mete con Diosdado se mete con Maduro. Quien se mete con Maduro se mete con Chávez.

 

Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela”, escribió entonces. Una frase que hoy choca frontalmente con su apoyo explícito a la intervención estadounidense y con su caracterización de Maduro como dictador responsable de crímenes contra la humanidad.

 

 

El contraste no pasó desapercibido. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes que cuestionaban la coherencia de la presidenta madrileña.

 

Para unos, se trataba de una evolución lógica, fruto del paso del tiempo y del agravamiento de la crisis venezolana.

 

Para otros, era un ejemplo claro de oportunismo político, de adaptación del discurso según convenga al contexto y a la estrategia partidista del momento.

 

Lo cierto es que el debate fue mucho más allá de un simple tuit antiguo: puso sobre la mesa una pregunta incómoda sobre la credibilidad, la memoria política y el uso selectivo de los principios.

 

 

El contexto de aquel mensaje de 2015 es clave para entender la magnitud de la contradicción.

 

Dos días antes, Estados Unidos había anunciado que investigaba a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, por presunto narcotráfico y blanqueo de capitales.

 

Medios como El País detallaron entonces que la investigación, liderada por fiscales federales de Nueva York y Miami y apoyada por la DEA, se basaba en testimonios de exnarcotraficantes, militares desertores y antiguos informantes cercanos al poder.

 

En ese escenario, Ayuso optó por cerrar filas con el chavismo, en un momento en el que buena parte de la izquierda latinoamericana y europea todavía defendía el proyecto bolivariano como una alternativa legítima.

 

 

Diez años después, la situación es radicalmente distinta. Venezuela se ha convertido, según informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en un país con violaciones sistemáticas de derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, persecución a periodistas y opositores, colapso sanitario y una crisis humanitaria que ha empujado a más de siete millones de personas al exilio.

 

Ayuso ha utilizado esos datos en numerosas ocasiones para justificar su dureza verbal contra Maduro y para acusar al gobierno de Pedro Sánchez de haber abandonado al pueblo venezolano.

 

 

La captura de Nicolás Maduro por parte de una operación liderada por Estados Unidos fue el detonante final.

 

Ayuso celebró públicamente la acción, calificándola como un paso decisivo para liberar a Venezuela de un narcoestado.

 

Sus palabras, sin embargo, abrieron otro debate de fondo: el de la legalidad internacional.

 

¿Puede una democracia apoyar una intervención extranjera que vulnera la soberanía de un país, por muy criminal que sea su régimen? Para Ayuso, la respuesta parecía clara: cuando se trata de frenar un sistema que mata y reprime, el debate jurídico pasa a un segundo plano.

 

 

No todos comparten esa visión. Juristas, diplomáticos y analistas internacionales han advertido de que justificar este tipo de acciones sienta un precedente peligroso.

 

Si se acepta que una potencia puede capturar a un jefe de Estado extranjero sin mandato internacional, ¿qué impide que mañana se aplique el mismo criterio en otros contextos? La quiebra del orden internacional basado en normas no es una cuestión abstracta, sino un riesgo real que afecta directamente a Europa.

 

 

En ese punto, la contradicción del discurso de Ayuso se convierte en algo más que una hemeroteca incómoda.

 

Se transforma en un símbolo de una política que se mueve a golpe de titular, que adapta sus principios a la coyuntura y que evita explicar los cambios de posición.

 

Óscar Puente lo resumió con ironía al decir “eran otros tiempos”, pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Los hechos, los valores o simplemente la estrategia?

 

 

 

 

La propia Ayuso ha intentado justificar su postura actual apelando a los testimonios de venezolanos exiliados en Madrid.

 

Ha recordado las manifestaciones en la Puerta del Sol, los relatos de torturas, asesinatos y desapariciones, y la responsabilidad histórica de España con América Latina.

 

En ese discurso hay elementos de verdad y de emoción genuina. Madrid es hoy hogar de cientos de miles de venezolanos que huyeron del régimen.

 

Sus historias son reales, dolorosas y merecen ser escuchadas. Pero escuchar no implica necesariamente avalar cualquier acción en su nombre.

 

 

La polémica también ha reabierto el debate sobre el papel de expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, mediador habitual en Venezuela.

 

Ayuso y otros dirigentes del PP le acusan de haber blanqueado al régimen, de haber participado como observador en procesos electorales cuestionados y de haber facilitado salidas pactadas que no alteraron el poder real.

 

Estas críticas no son nuevas, pero han cobrado fuerza tras la captura de Maduro. De nuevo, la cuestión no es solo qué se hizo, sino bajo qué criterios y con qué controles democráticos.

 

 

En paralelo, figuras históricas del PP como José María Aznar han reaparecido en el debate, recordando sus propias relaciones pasadas con Hugo Chávez.

 

Declaraciones de archivo, en las que Aznar se refería al líder bolivariano como “mi amigo Hugo Chávez”, circulan ahora como espejo incómodo de una derecha que tampoco estuvo siempre enfrentada al chavismo.

 

La memoria selectiva no es patrimonio exclusivo de un partido, pero sí una tentación recurrente en la política española.

 

 

Todo esto ocurre en un contexto internacional cada vez más inestable.

 

El regreso de Donald Trump a la primera línea política, su desprecio abierto por el multilateralismo y su apoyo explícito a fuerzas de extrema derecha en Europa añaden una capa adicional de complejidad.

 

Trump no es solo un adversario de la izquierda, como han señalado varios analistas, sino una amenaza para el conjunto del orden democrático liberal.

 

Su visión del mundo, basada en la fuerza y en la negociación bilateral sin reglas, choca frontalmente con los principios que la Unión Europea dice defender.

 

En este escenario, la posición ambigua de una parte de la derecha europea, incluida la española, resulta especialmente problemática.

 

Apoyar determinadas acciones de Trump por conveniencia ideológica a corto plazo puede volverse en contra cuando ese mismo liderazgo cuestiona la soberanía europea o impulsa a partidos que buscan debilitar la UE desde dentro.

 

Algunos dirigentes conservadores empiezan a darse cuenta de que están atrapados en una contradicción estratégica: necesitan marcar distancias con la ultraderecha, pero al mismo tiempo asumen parte de su marco discursivo.

 

 

El caso Ayuso resume bien ese dilema. Su discurso duro contra Maduro conecta con una base electoral sensibilizada con el drama venezolano y con una narrativa anticomunista clásica.

 

Pero su apoyo a una intervención que vulnera el derecho internacional la acerca a posiciones que, en otros contextos, ella misma rechazaría.

 

¿Qué ocurriría si una potencia extranjera actuara de la misma manera en Europa? ¿Se justificaría también en nombre de la libertad?

 

Al final, la polémica no gira solo en torno a un tuit antiguo ni a una contradicción personal. Refleja una forma de hacer política en la que los principios se presentan como absolutos cuando conviene y se relativizan cuando estorban.

 

Una política donde la memoria se considera un obstáculo y no una herramienta de aprendizaje. Pero los archivos existen, las declaraciones quedan y las hemerotecas no olvidan.

 

La pregunta que flota en el ambiente es incómoda pero necesaria: ¿hablamos de valores o de pura estrategia? ¿De una defensa coherente de la democracia o de una adaptación oportunista al clima político del momento? Cada lector sacará sus propias conclusiones, pero lo cierto es que el debate ya no puede cerrarse con un simple “eran otros tiempos”.

 

Porque si algo ha demostrado esta polémica es que, en política, el tiempo pasa, pero las palabras permanecen. Y tarde o temprano, siempre vuelven para exigir explicaciones.