SUELTA BOMBA Y REVIENTA LAS MENTIRAS DE FEIJÓO “AYUSO PILLADA CONTANDO BULOS DE VENEZUELA Y MADURO”.

 

 

 

 

 

A veces la política deja de ser un tablero de estrategias para convertirse en un espejo incómodo.

 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el terremoto político que ese hecho ha provocado en España.

 

No se trata solo de Venezuela, ni siquiera solo de Donald Trump. Se trata de cómo una operación internacional ha desnudado contradicciones profundas, miedos no resueltos y una peligrosa banalización del lenguaje político en nuestro propio país.

 

 

Durante décadas, Venezuela ha sido utilizada en España como un recurso retórico. Un comodín.

 

Un arma arrojadiza. Cada vez que la política nacional entra en terreno pantanoso, Caracas aparece como una sombra conveniente.

 

Pero esta vez el contexto es distinto. Esta vez no hablamos de discursos, sino de un hecho sin precedentes recientes: la entrada de fuerzas militares de Estados Unidos en un país soberano, la captura de su presidente y su traslado a Nueva York para ser juzgado.

 

Un acto que, más allá de simpatías u odios hacia Maduro, abre una grieta enorme en el derecho internacional.

 

 

En España, la reacción ha sido todo menos homogénea. El Partido Popular ha mostrado una mezcla inquietante de entusiasmo inicial, dudas posteriores y contradicciones públicas difíciles de disimular.

 

Feijóo se apresuró a celebrar lo que calificó como “liberación de Venezuela”, alineándose con el relato de Washington.

 

Poco después, ese relato empezó a desmoronarse cuando quedó claro que el chavismo seguía en el poder, ahora en manos de Delcy Rodríguez, y que la oposición venezolana no tenía ningún papel real en el nuevo escenario.

 

 

Ahí comenzó la incomodidad. Porque si no hay transición democrática, si no hay liderazgo opositor reconocido, si lo que queda es una reconfiguración del poder tutelada desde fuera, ¿de qué liberación estamos hablando exactamente? Esa pregunta, incómoda pero necesaria, es la que muchos dirigentes españoles han evitado responder con claridad.

 

 

Cuca Gamarra puso voz a esa incomodidad cuando reconoció públicamente que existen dudas sobre la legalidad de la operación. Dudas razonables, compartidas por juristas y expertos en derecho internacional de todo el mundo.

 

 

Sin embargo, esas dudas chocaron frontalmente con las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que restó importancia a la legalidad y pidió no “ponerse cursis” con ese asunto.

 

Esa frase, aparentemente ligera, dice mucho más de lo que parece.

 

 

Cuando una dirigente institucional desprecia abiertamente el marco legal internacional, no está haciendo solo una declaración ideológica.

 

 

Está enviando un mensaje peligroso: que la fuerza justifica los hechos, que el fin legitima los medios, que la ley es un estorbo cuando molesta al relato. Ese mensaje no se queda en Venezuela. Vuelve a casa. Se filtra en nuestra cultura política.

 

 

La Fundación FAES, vinculada a José María Aznar, sorprendió a muchos al adoptar una posición más prudente que la del propio Partido Popular.

 

En un comunicado contundente, advirtió del riesgo de confundir la tutela democrática con el colonialismo moderno.

 

Señaló que una cosa es apoyar procesos democráticos y otra muy distinta ocupar un país bajo ese pretexto.

 

No es una crítica menor. Es una advertencia histórica.

 

 

Mientras tanto, la política española hacía lo que mejor sabe hacer en momentos de crisis: mirarse a sí misma.

 

Venezuela dejó de ser un país con millones de ciudadanos atrapados en una tragedia social para convertirse, una vez más, en un escenario de ajuste de cuentas interno.

 

El PP anunció una comisión de investigación en el Senado para volver a poner el foco sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con el chavismo.

 

Un movimiento calculado, pensado más para el ruido mediático que para esclarecer hechos.

 

 

La utilización del meme como arma política alcanzó aquí uno de sus puntos más bajos.

 

Comparar a Zapatero con Maduro mediante montajes burdos no es solo una falta de respeto personal.

 

Es una degradación del debate democrático. Porque detrás de la broma hay una idea inquietante: normalizar la posibilidad de que una potencia extranjera “ajuste cuentas” con dirigentes políticos españoles. Decirlo en tono de chiste no lo hace menos grave.

 

 

En este punto, la reflexión sobre el lenguaje se vuelve central. No es casual que el rey Felipe VI haya insistido en la necesidad de cuidar las palabras en democracia. El lenguaje no es neutral.

 

 

Prepara el terreno. Lo que hoy se dice como meme mañana puede convertirse en consigna. Y lo que hoy se trivializa puede justificar excesos mañana.

 

 

Donald Trump, por su parte, no ha hecho ningún esfuerzo por disimular sus intenciones.

 

Ha hablado abiertamente de petróleo. De control del hemisferio. De seguridad entendida como dominio.

 

Su discurso no apela a valores universales, sino a intereses directos. Y eso, paradójicamente, lo hace más peligroso: no finge.

 

No disfraza. Dice exactamente lo que piensa hacer.

 

 

Que desde España haya dirigentes dispuestos a aplaudir sin matices ese comportamiento debería preocuparnos.

 

No porque Maduro merezca defensa —su historial autoritario es incuestionable— sino porque aceptar la ley del más fuerte como principio político es abrir la puerta a un mundo más inseguro, no más libre.

 

 

El Gobierno español, tras una primera reacción tibia, ha endurecido su postura.

 

Ha condenado explícitamente la operación y ha señalado la vulneración del derecho internacional. Esa evolución no es casual.

 

Responde a la presión de sus socios parlamentarios, pero también a una realidad evidente: normalizar este tipo de intervenciones crea precedentes muy difíciles de gestionar en el futuro.

 

 

Europa observa con inquietud. Si hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro territorio. Groenlandia ya ha sido mencionada.

 

Las amenazas a Colombia y Cuba están sobre la mesa. La pregunta ya no es si Trump puede hacerlo, sino quién será el siguiente y qué capacidad real tiene la comunidad internacional para responder.

 

 

La Unión Europea, fragmentada y lenta, parece llegar siempre tarde. Sus mecanismos multilaterales, diseñados para un mundo que ya no existe, muestran grietas evidentes.

 

Y mientras tanto, el debate interno en países como España se pierde en cálculos electorales de corto plazo.

 

 

Hay un dato que no debería olvidarse en medio de tanto ruido: millones de venezolanos llevan años sufriendo una crisis humanitaria devastadora. Ocho millones de exiliados.

 

 

Miles de detenciones arbitrarias. Un país roto. Nada de eso se resuelve con una operación militar extranjera sin un plan democrático claro.

 

Nada de eso mejora si Venezuela se convierte en un tablero de intereses energéticos.

 

 

Por eso es tan importante separar dos cosas que algunos se empeñan en mezclar. Condenar el autoritarismo de Maduro no implica avalar una intervención ilegal.

 

 

Defender los derechos humanos no exige aplaudir secuestros de jefes de Estado.

 

La coherencia democrática consiste precisamente en mantener principios incluso cuando el enemigo es antipático.

 

 

La derecha española tiene aquí una oportunidad —todavía— de replantear su discurso internacional.

 

De abandonar la lógica del aplauso automático a Washington.

 

De entender que patriotismo no es alinearse con el más fuerte, sino defender reglas que protejan a todos. Persistir en la ambigüedad solo la debilita.

 

Y la izquierda, por su parte, tiene el reto de no caer en la complacencia. Condenar a Trump no puede servir de excusa para blanquear regímenes autoritarios ni para ignorar el sufrimiento del pueblo venezolano.

 

La defensa del derecho internacional debe ir acompañada de una política exterior activa, valiente y coherente.

 

 

Lo que está en juego no es solo una coyuntura. Es el tipo de mundo que estamos dispuestos a aceptar.

 

Uno donde los países poderosos actúan sin límites y los demás miran hacia otro lado, o uno donde la ley, imperfecta pero necesaria, sigue siendo el marco común.

 

 

La historia demuestra que cuando se normaliza la excepción, la excepción acaba convirtiéndose en norma.

 

Hoy algunos celebran la caída de Maduro con grilletes. Mañana pueden descubrir que nadie está a salvo cuando la fuerza sustituye al derecho.

 

España no puede permitirse un debate superficial sobre esto. No puede reducirlo a memes, a comisiones oportunistas o a frases ingeniosas para titulares.

 

Necesita una conversación adulta, profunda y honesta sobre su papel en el mundo y sobre los valores que dice defender.

 

 

Porque al final, más allá de Trump, de Maduro o de Feijóo, la pregunta es otra: ¿qué tipo de democracia queremos ser cuando el mundo se vuelve más oscuro? Y esa pregunta no admite respuestas fáciles ni aplausos automáticos. Exige responsabilidad, memoria y coraje político.