Elma Saiz debuta como portavoz: aviva el temor ante la ultraderecha y tilda de “innecesarias” las elecciones extremeñas.
La también ministra defendió así el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez como garante último de derechos y libertades frente al avance de la derecha.

El estreno de Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno no fue un trámite menor ni una comparecencia de transición.
Su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros estuvo cuidadosamente medida en las formas, pero cargada de un mensaje político muy definido, que marca el rumbo comunicativo que Moncloa pretende consolidar en los próximos meses.
El telón de fondo era inevitable: la debacle electoral del PSOE en Extremadura y la necesidad urgente del Ejecutivo de articular un relato que contenga el desgaste político y reactive a su electorado.
Saiz asumió el papel en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez.
La pérdida del poder autonómico en Extremadura, una comunidad históricamente socialista, no es un episodio aislado, sino otro síntoma de un ciclo político adverso que amenaza con extenderse.
Consciente de ello, la nueva portavoz optó por un discurso que combina advertencia democrática, desplazamiento de responsabilidades y una defensa cerrada del Gobierno central como último dique frente al avance de la derecha y la ultraderecha.
Desde el inicio de su intervención, Saiz quiso fijar el marco del debate apelando a valores democráticos.
Se definió explícitamente como “demócrata” y expresó su preocupación por la baja participación electoral, que alcanzó mínimos históricos en Extremadura.
No fue un comentario inocente. En el argumentario del Gobierno, la abstención se interpreta como caldo de cultivo para el crecimiento de opciones políticas radicales y como una señal de alerta sobre el desapego ciudadano hacia las instituciones.
Sin embargo, el verdadero eje de su mensaje llegó al poner el foco en Vox.
Para Moncloa, el dato más alarmante de las elecciones no es solo la caída del PSOE, sino que la formación de Santiago Abascal haya duplicado su presencia en el Parlamento extremeño.
Ese crecimiento se convierte, en el relato oficial, en la prueba de que el avance de la ultraderecha no es coyuntural, sino estructural, y de que el Partido Popular no solo es incapaz de frenarlo, sino que lo impulsa indirectamente.
La portavoz fue clara al señalar al principal partido de la oposición. “El PP convocó elecciones para desprenderse de Vox y acaba más atado que nunca a él”, afirmó.
En una sola frase resumió la tesis que Ferraz y Moncloa llevan semanas construyendo: Alberto Núñez Feijóo no consigue marcar una frontera nítida con la ultraderecha y, además, asume parte de su marco ideológico y discursivo.
Para el Gobierno, ese mimetismo es el verdadero peligro, porque normaliza posiciones que antes se situaban en los márgenes del sistema político.
Saiz fue incluso más allá y lanzó un mensaje directo a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las que pidió “proteger a las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones”.
Aunque no mencionó explícitamente a Vox, la alusión fue inequívoca.
El Ejecutivo busca así ampliar el debate más allá del Parlamento y situarlo en el terreno de la defensa democrática, un espacio en el que se siente más cómodo y en el que intenta reagrupar apoyos.
En su debut como portavoz, Saiz trató de equilibrar autocrítica y resistencia.
Reconoció que los resultados en Extremadura no eran los esperados y apeló a la larga trayectoria del PSOE para transmitir una imagen de partido capaz de recomponerse.
“Tenemos 140 años de historia construida en base a la escucha y al análisis de los resultados electorales”, subrayó.
El mensaje iba dirigido tanto a la militancia, golpeada por la derrota, como a los socios parlamentarios del Gobierno, que observan con inquietud la pérdida de poder territorial de los socialistas.
No obstante, la autocrítica se quedó en un plano más simbólico que concreto.
Saiz evitó entrar en errores estratégicos, liderazgos fallidos o desconexión con el electorado y prefirió centrar su análisis en factores externos.
Según su diagnóstico, una parte importante de la ciudadanía aún no percibe plenamente las consecuencias de los pactos entre el PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan juntos.
En ese punto, la portavoz introdujo uno de los argumentos clave del Ejecutivo.
Alertó de que esos acuerdos suponen una “involución de derechos y libertades”, con especial impacto en las mujeres.
Señaló directamente la negación de la violencia machista y el retroceso en políticas de igualdad como ejemplos de esa regresión.
Para Saiz, el problema no es solo quién gobierna, sino qué modelo de sociedad se está promoviendo desde las instituciones autonómicas.
A renglón seguido, añadió un matiz fundamental: esa involución, sostuvo, no se traduce todavía de forma plena en la vida cotidiana porque el Gobierno de España actúa como un dique de contención.
Con esta idea, Moncloa trata de reforzar la percepción de utilidad del Ejecutivo central en un momento en el que la legislatura aparece bloqueada, sin presupuestos generales y con una mayoría parlamentaria cada vez más frágil.
La imagen que se quiere proyectar es clara: aunque el PSOE pierda gobiernos autonómicos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue siendo el garante último de los derechos y libertades frente al avance de la derecha y la ultraderecha en los territorios.
Es una estrategia defensiva, pero también movilizadora, pensada para activar a un electorado progresista que empieza a mostrar signos de desafección.
Saiz también quiso eximir de responsabilidad al PSOE extremeño en la convocatoria electoral.
Insistió en que fue el PP quien decidió adelantar los comicios de manera “innecesaria”.
Según el relato del Gobierno, María Guardiola buscaba tres objetivos con ese movimiento: lograr estabilidad, ampliar su mayoría y marcar distancias con Vox.
A juicio de Moncloa, no consiguió ninguno. El resultado ha sido, según Saiz, un PP más dependiente que nunca de la ultraderecha y una extrema derecha reforzada y legitimada por las urnas.
Este argumento pretende desmontar la idea de que el adelanto electoral fue una decisión acertada o valiente.
Al contrario, el Ejecutivo lo presenta como un error de cálculo que ha tenido consecuencias políticas graves, no solo para Extremadura, sino para el conjunto del país.
En esa lectura, el PP aparece como un actor irresponsable que, en su afán por consolidar poder, termina alimentando a la ultraderecha.
En uno de los momentos más contundentes de su intervención, la portavoz lanzó una acusación que va más allá de los pactos formales.
“El PP no solo pacta con la ultraderecha, sino que acomete políticas y lanza mensajes de ultraderecha”, afirmó.
Esta idea se está convirtiendo en uno de los pilares del discurso gubernamental: no se trata solo de acuerdos parlamentarios, sino de una asimilación progresiva del marco ideológico de Vox por parte del PP.
Con este planteamiento, el Gobierno busca desdibujar la frontera entre derecha y ultraderecha y presentar a Feijóo como un líder incapaz —o no dispuesto— a frenar esa deriva.
Es una apuesta arriesgada, pero coherente con la estrategia de polarización que Moncloa considera más eficaz para movilizar a su base electoral.
El estreno de Elma Saiz como portavoz deja así varias conclusiones claras.
El Gobierno ha decidido redoblar el relato del miedo a la ultraderecha como eje central de su defensa política.
La derrota del PSOE en Extremadura no se interpreta como un fracaso propio, sino como una consecuencia indirecta de una ofensiva conservadora que amenaza el modelo de derechos y libertades construido en las últimas décadas.
Queda por ver si este discurso será suficiente para revertir la tendencia electoral o si, por el contrario, profundizará el desapego de una parte del electorado que demanda más autocrítica y propuestas concretas.
De momento, Saiz ha dejado claro que Moncloa no piensa cambiar de marco: la batalla política se librará en el terreno de la democracia frente a la ultraderecha, con el PP señalado como actor clave de esa confrontación.
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