El MOMENTO en que ANA VAZQUEZ CONFIESA TODO LO QUE HIZO MARLASKA y CAYETANA ALVAREZ queda en SHOCK.

 

 

La sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados dejó una de las interpelaciones más duras y extensas que se recuerdan en esta legislatura contra un ministro del Gobierno.

 

El objetivo fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusado por el Grupo Popular de un “fracaso total” en la política de seguridad, migración y protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

 

Más allá del intercambio de reproches, el debate puso sobre la mesa cifras oficiales, decisiones políticas controvertidas y una fractura cada vez más profunda entre el relato del Gobierno y la percepción de una parte significativa de la sociedad española.

 

 

La diputada Ana Vázquez Blanco articuló una intervención de casi una hora apoyada en datos procedentes del propio Ministerio del Interior, del CIS y de estadísticas públicas.

 

Su tesis fue clara desde el inicio: en siete años de gobierno socialista, España sería hoy un país más inseguro, con más criminalidad, más violencia sexual, más presión migratoria descontrolada y con policías y guardias civiles más desprotegidos que nunca.

 

 

Uno de los ejes centrales del discurso fue la evolución de la percepción de inseguridad.

 

Según los barómetros del CIS, la preocupación por la seguridad ciudadana se ha incrementado de forma notable desde 2018.

 

Este dato, que el propio Gobierno reconoce como una variable subjetiva, fue utilizado por la diputada para subrayar una desconexión entre los mensajes tranquilizadores del Ejecutivo y la experiencia cotidiana de muchos ciudadanos, especialmente en barrios urbanos degradados y en zonas rurales cada vez más despobladas de efectivos policiales.

 

 

La criminalidad fue el siguiente gran bloque. Vázquez citó el incremento de infracciones penales acumulado desde 2018, así como el aumento de delitos graves como homicidios, agresiones sexuales, secuestros y tráfico de drogas.

 

 

Estos datos, recogidos en los balances oficiales de criminalidad, muestran una evolución desigual según tipología delictiva y territorio, pero alimentan un debate político inevitable: ¿es suficiente el aumento de efectivos policiales si los delitos no disminuyen al mismo ritmo?

 

 

El ministro Marlaska respondió con un argumento recurrente del Gobierno: España sigue siendo uno de los países más seguros de Europa, con una tasa de criminalidad inferior a la media de la Unión Europea.

 

 

Recordó además que el número total de agentes ha alcanzado un máximo histórico, con cerca de 160.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, frente a los aproximadamente 142.000 existentes en 2018.

 

 

A ello sumó un incremento presupuestario del 35% en el Ministerio del Interior y una subida salarial cercana al 40% para los cuerpos policiales.

 

Sin embargo, la oposición centró el foco no tanto en el número total de agentes como en su distribución territorial y operativa.

 

El cierre o reducción de horarios de cuarteles de la Guardia Civil en zonas rurales fue presentado como un símbolo del abandono de la España interior.

 

Provincias como Ourense, Zamora o Teruel han visto disminuir la presencia física permanente de la Guardia Civil en muchos municipios, sustituyéndola por atención con cita previa o patrullas itinerantes.

 

Para los alcaldes y vecinos de estas zonas, la sensación de desprotección es real y creciente.

 

 

Especialmente tenso fue el bloque dedicado a la violencia de género y la violencia sexual.

 

La diputada acusó al Gobierno de haber fallado en la protección de las mujeres, citando el aumento de denuncias por delitos sexuales y criticando la falta de medios materiales y humanos para el seguimiento de las víctimas.

 

El sistema Biogen, diseñado para evaluar el riesgo y proteger a mujeres amenazadas, fue uno de los puntos de fricción.

 

Mientras el ministro defendió la implantación de Biogen2 como una mejora tecnológica y de coordinación, la oposición cuestionó su eficacia real sobre el terreno y denunció carencias en dispositivos de protección.

 

Este debate conecta con una polémica más amplia que ha acompañado al Gobierno en los últimos años: los efectos no deseados de la ley del “solo sí es sí”, que provocó revisiones de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales.

 

Aunque Marlaska no es responsable directo de esa ley, la oposición vinculó el aumento de la alarma social con una supuesta falta de coordinación global en las políticas de seguridad y justicia.

 

Otro de los momentos más duros de la interpelación fue el relativo al narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

 

La diputada recordó el asesinato de dos guardias civiles en Barbate durante una intervención contra narcolanchas, un suceso que conmocionó al país y reabrió el debate sobre los medios con los que cuentan las fuerzas de seguridad frente a organizaciones criminales cada vez mejor equipadas.

 

Marlaska defendió la actuación de su ministerio, recordando los planes especiales desplegados desde 2018, las miles de detenciones realizadas y las toneladas de droga incautadas.

 

Aseguró que la tasa de criminalidad en la zona ha descendido respecto a la etapa anterior y anunció nuevos planes de refuerzo.

 

La política migratoria fue otro de los campos de batalla. La oposición acusó al Gobierno de haber renunciado al control efectivo de fronteras y de favorecer, de facto, a las mafias que trafican con seres humanos.

 

Marlaska respondió destacando la cooperación con países de origen y tránsito, la presencia de agentes españoles en África y la reducción de entradas irregulares en el último año.

 

También defendió la migración legal como un pilar clave del crecimiento económico y del sostenimiento del estado del bienestar, apoyándose en los datos de afiliación a la Seguridad Social.

 

Más allá de las cifras, el tono del debate fue subiendo de intensidad hasta derivar en acusaciones personales.

 

La diputada llegó a cuestionar la legitimidad política del ministro por contar con el apoyo parlamentario de EH Bildu, evocando el pasado de ETA y acusando al Gobierno de utilizar el Ministerio del Interior como moneda de cambio política.

 

Marlaska respondió con firmeza, recordando que ETA fue derrotada hace más de una década y apelando a la convivencia y a la memoria de todas las víctimas del terrorismo, incluidas las de las fuerzas de seguridad.

 

El intercambio dejó en evidencia dos visiones irreconciliables. Para el Gobierno, Interior ha vivido una modernización profunda, con más recursos, más agentes, mejores salarios y una estrategia integral de seguridad que abarca desde la cibercriminalidad hasta la protección civil.

 

Para la oposición, esas cifras esconden una realidad más cruda: delincuencia creciente, abandono rural, agentes desmoralizados y un ministerio más preocupado por la política que por la seguridad ciudadana.

 

Este choque no es solo un enfrentamiento parlamentario más. Refleja un debate de fondo que atraviesa la sociedad española: cómo garantizar la seguridad en un contexto de cambios sociales, migratorios y tecnológicos acelerados; cómo equilibrar derechos y autoridad; y cómo responder a una ciudadanía cada vez más exigente y desconfiada de los discursos oficiales.

 

 

El resultado político inmediato no fue una dimisión ni un acuerdo, sino una mayor polarización.

 

 

Pero el impacto real de este debate se medirá fuera del hemiciclo, en la calle, en los barrios, en los pueblos y, finalmente, en las urnas.

 

Porque cuando la seguridad se convierte en una preocupación central, deja de ser un asunto técnico para transformarse en un elemento decisivo del debate democrático.

 

 

Y ahí, más allá de consignas y estadísticas, el Gobierno tendrá que demostrar con hechos si su modelo funciona, mientras la oposición deberá explicar qué alternativa concreta ofrece. El resto lo decidirán los ciudadanos.