Herrera avisa: “No es ya solo lo que hay, es lo que le espera a Sánchez y al sanchismo”.
España ante el colapso institucional: la trama de corrupción del sanchismo y el desgaste de la legislatura.
La mañana del viernes 12 de diciembre se despertó en España bajo el impacto de una jornada que muchos ya califican como histórica por la magnitud de la crisis política y judicial que atraviesa el país.
Tras la “lluvia de azufre” que cayó sobre el gobierno de Pedro Sánchez, el ambiente político y mediático se ha visto sacudido por una sucesión de operaciones policiales, registros, detenciones y revelaciones que no dejan espacio para la duda: el sanchismo afronta su momento más crítico desde que llegó al poder tras la moción de censura de 2018.
La pregunta que flota en el aire es directa y demoledora: ¿Entrará la UCO algún día en la Moncloa? La sensación generalizada es que el gobierno está acorralado por una trama de corrupción que, lejos de circunscribirse a casos aislados, dibuja el croquis de una organización perfectamente estructurada y dispuesta a aprovechar cada resquicio de la administración para lucrarse.
La operación de la Guardia Civil, con 19 registros simultáneos en toda España, revela la dimensión de una red que ha operado en empresas públicas estratégicas como SEPI, Mercasa, Enusa, Cepides y Forestalia, y que ha salpicado a altos cargos y figuras próximas al núcleo duro del PSOE.
El Parlamento, lejos de ofrecer un respiro al Ejecutivo, le propinó un revés decisivo al tumbar la senda de estabilidad presupuestaria.
El gobierno de Sánchez se queda así sin presupuestos, lo que evidencia la parálisis institucional y la pérdida de control sobre la agenda política.
La legislatura, que ya arrastraba tres años sin aprobar cuentas públicas, se encuentra en una situación de colapso que alimenta las voces que exigen la convocatoria inmediata de elecciones generales.
La trama de corrupción desmantelada por la UCO tiene ramificaciones en los principales organismos públicos, con detenciones que afectan a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Anchón Alonso, vinculado al PNV y a la empresa Servinabar.
Junto a ellos, Leire Díaz, conocida como “la cloaquera”, figura clave en los entramados de comisiones y adjudicaciones irregulares.
El material incautado en registros previos de Servinabar ha servido para profundizar en la investigación y destapar un sistema de cobro de comisiones por gestiones y contratos públicos, en una suerte de “consultoría de la corrupción” que operaba con el beneplácito de altos cargos y bajo la supervisión de Santos Cerdán, número dos del PSOE y mano derecha de Sánchez en el partido.
El extraordinario patrimonio inmobiliario acumulado por Vicente Fernández en apenas cinco años, que ronda entre los siete y diez millones de euros —muy por encima de lo que podría justificar su salario—, fue puesto en evidencia durante su interrogatorio en el Senado.
La protección política brindada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha quedado en entredicho tras sus declaraciones en las que intentó desvincularse de Fernández, a pesar de haberlo tutelado en los rescates más polémicos de la SEPI, como los de Plus Ultra y Duro Felguera.
El informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos añade una capa más de complejidad al entramado de corrupción.
El documento confirma el pago de hasta un millón de euros a José Luis Ávalos, exministro y figura clave en el gobierno, por gestiones ante los equipos de Reyes Maroto y Teresa Rivera para la concesión de licencias a empresas como Villafuel.
La investigación se extiende al registro de la aerolínea Plus Ultra, donde se detuvo a su presidente y consejero delegado por el presunto blanqueo de fondos públicos procedentes del rescate de 53 millones de euros, parte de los cuales habrían sido utilizados para lavar dinero vinculado al régimen venezolano.
El croquis de la corrupción, como lo han definido algunos analistas, se asemeja al plan genoma por su complejidad y ramificaciones.
Las causas abiertas en el Tribunal Supremo contra Ávalos y Coldo por el caso de las mascarillas, las comisiones por adjudicaciones de obras públicas que implican a Santos Cerdán, y las piezas separadas que investigan la financiación del PSOE y el trasiego de dinero en efectivo en la sede socialista, dibujan un panorama de corrupción sistémica que amenaza con desbordar la capacidad de respuesta del gobierno y de las instituciones.
El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional investiga la trama de hidrocarburos, mientras que el número seis, bajo la dirección del juez Antonio Piña, lleva la nueva causa conocida como CPI.
Las andanzas de las cloaqueras, Leire Díaz y Pérez Dolet, son objeto de investigación en el juzgado 15 de Madrid por el caso Plus Ultra, mientras que el juzgado 41, dirigido por el juez Peinado, indaga en el caso de Begoña Gómez.
La Audiencia Provincial de Badajoz, por su parte, abrirá juicio en mayo contra el hermano de Pedro Sánchez y el candidato socialista a la Junta de Extremadura.
A la crisis judicial se suma la dimisión de Javier Izquierdo, responsable de estudios y programas del PSOE, tras denuncias de acoso sexual y la pésima gestión interna de estos casos, que será objeto de un informe por parte de la secretaria de organización, Rebeca Torro.
El ambiente en el partido es de descomposición, con la sucesión de escándalos que afectan a todos los niveles de la organización y que han minado la confianza interna y externa.
El Congreso, por segunda vez, ha tumbado el techo de gasto del gobierno, lo que significa tres años de legislatura sin presupuestos aprobados.
La falta de respeto por la institucionalidad y por el propio país se hace patente en la negativa de Sánchez a disolver las cámaras y convocar elecciones, perpetuando una “patraña permanente” que nunca debió comenzar.
La corrupción, desde el minuto uno, ha sido el sello distintivo de una legislatura marcada por el festival de irregularidades y el desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas.
El daño infligido al sistema político es profundo y va más allá del PSOE.
El ambiente generado por la sucesión de escándalos y la incapacidad de respuesta institucional favorece el auge de fuerzas radicales y antisistema, que capitalizan el descontento y la desconfianza ciudadana.
La reunión entre Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont en Waterloo, para coordinar estrategias ante la posible caída de Sánchez, ilustra el grado de incertidumbre y la volatilidad del momento político.
La magnitud de la crisis obliga a preguntarse por el futuro inmediato de España.
El colapso institucional, la proliferación de causas judiciales y la parálisis política exigen una respuesta contundente y transparente.
La convocatoria de elecciones generales se presenta como la única salida viable para restaurar la confianza en las instituciones y abrir un nuevo ciclo político basado en la regeneración democrática y la lucha efectiva contra la corrupción.
La legislatura, marcada por la corrupción total y el festival de irregularidades, llega a su fin sin haber cumplido los mínimos requisitos de gobernabilidad y respeto institucional.
Sánchez, lejos de asumir responsabilidades, se aferra al poder en una huida hacia adelante que solo agrava el deterioro del sistema y la frustración ciudadana.
El país, mientras tanto, asiste con preocupación y escepticismo al desenlace de una crisis que amenaza con arrastrar a toda la arquitectura institucional y política a los infiernos de la decadencia y el descrédito.
El futuro de España depende de la capacidad de sus instituciones, partidos y sociedad civil para responder a la crisis con altura de miras, transparencia y compromiso democrático.
La regeneración política y la restauración de la confianza pública son los retos ineludibles para superar el colapso y abrir un tiempo nuevo en la historia del país.
La corrupción, la parálisis y el desprecio por la legalidad no pueden ser el legado de una legislatura que nunca debió empezar. España merece algo mejor.
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