GÉNOVA ENTRA EN PÁNICO “ABOGADO RECURRE PARA QUE FEIJÓO SE SIENTE EN EL BANQUILLO JUICIO DANA”.

 

 

 

 

 

La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que arrasó varios municipios de la Comunitat Valenciana sigue avanzando y, lejos de enfriarse con el paso de los meses, entra ahora en una fase especialmente delicada que salpica de lleno al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

 

 

La última hora conocida este martes ha vuelto a sacudir el tablero político: un abogado que representa a víctimas de la catástrofe ha recurrido formalmente para exigir que Feijóo declare como testigo de manera presencial en sede judicial, y no por videoconferencia, como ha solicitado el dirigente popular amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

El recurso no es menor ni anecdótico. Se trata del mismo letrado que ya logró que la periodista Maribel Vilaplana compareciera ante la jueza instructora de la causa, un precedente que refuerza la posibilidad de que la petición prospere.

 

 

El abogado sostiene que la presencia física de Feijóo en el juzgado de Catarroja es necesaria para “garantizar la pureza del acto testifical”, una expresión jurídica que apunta directamente a la importancia de la inmediación judicial, especialmente en un caso con cientos de víctimas mortales y una enorme carga social y emocional.

 

 

El contexto no puede ser más sensible. La DANA dejó cerca de 300 fallecidos, miles de damnificados y un trauma colectivo que sigue muy presente en la memoria de las familias afectadas.

 

En ese escenario, cualquier gesto que pueda interpretarse como una falta de respeto o como una maniobra para eludir responsabilidades genera una indignación inmediata.

 

Precisamente eso es lo que ha ocurrido tras conocerse la intención de Feijóo de declarar por videoconferencia, una opción legal, sí, pero que ha despertado durísimas críticas tanto desde la oposición como desde el ámbito periodístico y social.

 

 

Voces autorizadas como la de la periodista Ester Palomera han señalado que, aunque la ley ampara a diputados y senadores para declarar de forma telemática, en este caso concreto la decisión transmite una imagen de distanciamiento y frialdad frente al dolor de las víctimas.

 

Más aún cuando otros cargos públicos, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, acudieron presencialmente al juzgado pese a poder acogerse al mismo derecho. Para muchos, la comparación es inevitable y deja en mal lugar al líder del PP.

 

 

La polémica se agrava por las explicaciones ofrecidas por el propio Feijóo.

 

El dirigente popular justificó su solicitud de videoconferencia alegando que el día señalado para su declaración, el 9 de enero, coincide con la celebración de la interparlamentaria del Partido Popular en A Coruña.

 

Sin embargo, la convocatoria oficial del propio PP sitúa ese acto los días 10 y 11 de enero, lo que ha abierto un nuevo frente de críticas y sospechas sobre la veracidad de sus argumentos.

 

Este desfase de fechas ha sido ampliamente comentado en tertulias políticas y medios de comunicación, donde se ha puesto en duda que exista una incompatibilidad real entre acudir a declarar presencialmente en Valencia y asistir posteriormente a un acto de partido en Galicia.

 

La distancia entre ambas ciudades, recuerdan algunos analistas con ironía, se cubre en poco más de una hora de vuelo.

 

La sensación generalizada es que Feijóo está buscando excusas para evitar una comparecencia incómoda, especialmente si en la sala del juzgado están presentes familiares de las víctimas.

 

Pero la cuestión de fondo va mucho más allá de la forma de la declaración. El núcleo del problema reside en los mensajes intercambiados entre Feijóo y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la DANA.

 

Mensajes que han desmontado buena parte del relato que la derecha política y mediática sostuvo durante más de un año.

 

Según esos WhatsApp, Mazón informó a Feijóo ya a las 22:30 horas de que había fallecidos, pese a que públicamente aseguró durante meses que no tuvo constancia de víctimas mortales hasta la mañana siguiente.

 

 

Además, en esos mensajes queda reflejado que el Gobierno central sí estuvo en contacto con la Generalitat desde las primeras horas de la emergencia.

 

Mazón reconoce haber hablado con el presidente del Gobierno, con la ministra de Defensa, con el ministro del Interior y con otros miembros del Ejecutivo, y admite que la Unidad Militar de Emergencias estaba desplegada en territorio valenciano desde esa misma noche.

 

Datos que contradicen frontalmente el discurso posterior del PP, que acusó al Gobierno de abandono y falta de ayuda.

 

 

Este choque entre los hechos documentados y el relato político ha situado a Feijóo en una posición extremadamente incómoda.

 

El líder popular llegó a afirmar públicamente que estaba “informado en tiempo real” de lo que ocurría durante la DANA, una afirmación que luego matizó al reconocer que fue él quien escribió a Mazón a las ocho de la tarde.

 

La jueza instructora ha puesto el foco precisamente en estas contradicciones y ha solicitado la transcripción literal de la comparecencia que Feijóo realizó junto a Mazón el 31 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana.

 

 

Esa comparecencia, de apenas quince minutos, es considerada por los investigadores y por numerosos periodistas como un punto de inflexión.

 

Hasta entonces, había existido una cierta unidad de acción y un reconocimiento público de la colaboración entre administraciones.

 

Fue a partir de ese momento cuando comenzó la llamada “batalla del relato”, con la Generalitat y el PP acusando al Gobierno central de desinformación y desinterés.

 

Que la jueza haya pedido ahora la transcripción completa indica que considera relevantes aquellas palabras para esclarecer posibles responsabilidades.

 

A esta cadena de contradicciones se suma otro elemento explosivo: Feijóo no ha entregado voluntariamente todos los mensajes que intercambió con Mazón.

 

Solo se han aportado los mensajes recibidos, no los enviados, y además acompañados de una “contextualización” elaborada por el propio líder del PP.

 

Para juristas y analistas, este procedimiento es altamente cuestionable. El mejor contexto de una conversación es la conversación completa, no un relato parcial de una de las partes.

 

La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿qué contienen los mensajes que Feijóo no quiere mostrar? Si esos mensajes respaldaran la versión del PP, muchos se preguntan por qué no se han hecho públicos ya.

 

La percepción de que se está ocultando información alimenta la desconfianza y agrava el desgaste político del dirigente popular.

 

Mientras tanto, la causa judicial sigue destapando decisiones difíciles de justificar.

 

Una de las más controvertidas es la recolocación de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón, como asesor del expresidente de la Generalitat.

 

Cuenca fue destituido tras conocerse mensajes en los que desaconsejaba el confinamiento de la población en pleno caos de la DANA, con frases tan contundentes como “de confinar nada”.

 

A pesar de ello, ha sido recuperado como asesor con un sueldo que ronda los 58.000 euros anuales, además de despacho, chófer y seguridad.

 

Este movimiento ha sido interpretado por muchos como un premio político y ha generado una profunda indignación social.

 

Más aún cuando Cuenca declaró haber borrado todos los mensajes de su teléfono alegando que tenía “demasiadas fotos”, lo que impide conocer conversaciones clave mantenidas durante la emergencia.

 

La jueza ha citado a Cuenca para un careo con la exconsellera Salomé Pradas, un momento que se espera crucial para esclarecer quién tomó realmente las decisiones y quién frenó medidas de protección que podrían haber salvado vidas.

 

El contraste entre el sufrimiento de las víctimas y la aparente impunidad de algunos responsables políticos ha reavivado el debate sobre los privilegios de diputados y senadores, así como sobre el aforamiento y la posibilidad de evitar comparecencias presenciales ante un juez.

 

Cada vez más voces reclaman una reforma legal que elimine estos privilegios, especialmente en casos que afectan a tragedias humanas de enorme magnitud.

 

En este clima de creciente tensión, la figura de Feijóo aparece cada vez más asociada a una estrategia de resistencia y minimización del daño, en lugar de a una actitud de colaboración plena con la justicia.

 

Analistas políticos advierten de que esta postura puede tener un coste muy alto, no solo en términos judiciales, sino también en credibilidad y liderazgo.

 

La imagen de un dirigente que “arrastra los pies” para declarar, como se ha dicho en algunos debates televisivos, contrasta con la exigencia social de verdad, transparencia y asunción de responsabilidades.

 

La DANA no es solo una tragedia climática; se ha convertido en un caso político y judicial de primer orden que cuestiona la forma en que se gestionan las emergencias, la relación entre administraciones y la ética de los responsables públicos.

 

Cada nuevo dato, cada mensaje revelado y cada decisión procesal añaden presión a un relato que hace tiempo dejó de sostenerse sin fisuras.

 

 

En este escenario, la petición de que Feijóo declare presencialmente adquiere un valor simbólico enorme.

 

No se trata solo de una cuestión procesal, sino de un gesto de respeto hacia las víctimas y de compromiso con la verdad.

 

Comparecer en un juzgado, mirar a los ojos a quienes lo han perdido todo y responder sin filtros ni intermediarios es, para muchos, una obligación moral que va más allá de lo que marca la ley.

 

La instrucción judicial continúa y todo apunta a que aún quedan capítulos relevantes por conocer.

 

Antes o después, los mensajes completos acabarán saliendo a la luz y permitirán reconstruir con mayor precisión qué ocurrió realmente durante aquellas horas fatídicas.

 

Cuando eso suceda, quedará claro si las maniobras para ganar tiempo tenían algún sentido o si, como señalan numerosos observadores, solo han servido para agravar un “berenjenal” político del que Feijóo cada vez parece más incapaz de salir indemne.