DEMOLEDOR INTERROGATORIO de GABRIEL RUFIÁN a SALOMÉ PRADAS en la COMISIÓN de la DANA.

 

 

La comparecencia de Salomé Pradas ante la comisión de investigación: entre las víctimas, la verdad y la autodefensa política.

 

 

 

La comparecencia de Salomé Pradas ante la comisión de investigación por la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana se ha convertido en un retrato vivo de la tensión que atraviesa la política española cuando se enfrenta a la tragedia social y a la exigencia de rendición de cuentas.

 

 

El diálogo sostenido con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, encarna el choque entre la necesidad de esclarecer responsabilidades y la estrategia de defensa institucional que, en muchas ocasiones, termina por diluir la verdad entre consideraciones legales y silencios calculados.

 

 

 

Desde el primer momento, la sesión se desarrolló en un clima de incomodidad y de enfrentamiento.

 

 

Rufián abrió con una pregunta aparentemente sencilla sobre el estado de ánimo de Pradas, que ella rechazó contestar, alegando que lo importante no era su situación personal sino la de las víctimas.

 

 

Este gesto, lejos de apaciguar el ambiente, sirvió para que el portavoz catalán insistiera en el valor de la empatía y la responsabilidad pública, recordando que la comisión no es solo un trámite administrativo, sino un espacio donde la memoria de quienes sufrieron debe estar en el centro del debate.

 

 

El símbolo de la cuerda, entregada por Rufián a Pradas y que pertenecía a una niña fallecida durante la inundación, se convirtió en el eje moral de la comparecencia.

 

 

El gesto, cargado de emoción, buscaba interpelar la conciencia de la exdirectora del plan de emergencias y subrayar que, más allá de los informes y las declaraciones judiciales, hay vidas humanas que dependen de la eficacia y la transparencia de las instituciones.

 

 

La escena, lejos de ser anecdótica, refleja el vacío que sienten muchas víctimas y familiares ante la falta de respuestas claras y el exceso de tecnicismos en la gestión política de las crisis.

 

 

 

La intervención de Rufián fue incisiva y directa, planteando preguntas sobre la capacidad de reacción del gobierno valenciano, el papel de los responsables políticos, la posible influencia de intereses externos —como el lobby turístico y hotelero— y la falta de coordinación en la toma de decisiones.

 

 

El portavoz no dudó en calificar la comparecencia de Mazón, exjefe de Pradas, como “la más miserable” que había presenciado en una década de comisiones de investigación, y en señalar que la actitud de Pradas, al no responder con claridad, era “la peor manera de afrontar la comisión”.

 

 

 

La defensa de Pradas se basó en la remisión constante a sus consideraciones escritas y a su declaración judicial, evitando entrar en el terreno de la autocrítica o de la asunción de errores.

 

 

La negativa a responder directamente a las preguntas de los diputados fue interpretada como una estrategia de protección legal, asesorada por su equipo jurídico, pero también como una muestra de distancia y de falta de empatía con las víctimas.

 

 

Pradas insistió en que sus palabras y actuaciones se ajustaban a la legalidad y que cualquier duda debía resolverse leyendo sus consideraciones, que, según ella, contenían todas las explicaciones necesarias.

 

 

El debate sobre la responsabilidad política y la gestión de la emergencia fue constante.

 

 

Rufián cuestionó la tardanza en la declaración de la situación dos y en la convocatoria del CECOPI, el órgano encargado de coordinar la respuesta a la crisis.

 

 

Apoyándose en informes técnicos y en la legislación vigente, el portavoz subrayó que existían alertas suficientes para justificar una actuación más rápida y eficaz, y que la inacción tuvo consecuencias fatales para la población.

 

 

La discusión sobre la previsibilidad del desastre, la cantidad de información recibida por el 112 y la falta de medidas de protección evidenció las fisuras en la coordinación institucional y la dificultad para asumir responsabilidades.

 

 

La dimensión política del caso se expresó en la acusación de que la gestión de la crisis estuvo condicionada por intereses externos, especialmente por el lobby turístico y hotelero, que habría influido en la decisión de no confinar ni alertar a la población.

 

 

Pradas, fiel a su estrategia de defensa, evitó responder directamente a estas cuestiones, remitiéndose una vez más a sus consideraciones escritas y negando cualquier implicación personal en decisiones motivadas por presiones económicas.

 

 

 

El clima de la comparecencia fue de tensión creciente, con acusaciones cruzadas de machismo, paternalismo y manipulación.

 

 

Rufián insistió en que la actitud de Pradas —al no responder, mirar al infinito y evitar la autocrítica— era una falta de respeto a la comisión y a las víctimas.

 

 

La exdirectora, por su parte, defendió su derecho a no contestar y a mantener la coherencia con sus declaraciones previas, rechazando cualquier intento de poner palabras en su boca o de manipular su testimonio.

 

 

La cuestión de la verdad y la reparación fue el hilo conductor de la sesión.

 

 

Rufián apeló a la necesidad de pedir perdón a las víctimas, de asumir los errores y de contribuir al esclarecimiento de los hechos, más allá de las consideraciones legales.

 

 

Pradas, en cambio, se limitó a reiterar su respeto por las víctimas y a defender la legalidad de su actuación, sin entrar en el terreno de la autocrítica o de la reflexión ética.

 

 

La comparecencia terminó con una advertencia de Rufián sobre las consecuencias de la estrategia de silencio y de autodefensa.

 

 

El portavoz sugirió que Pradas podría acabar “comiéndose un marrón” que no le correspondía en exclusiva, y que, cuando estuviera a punto de entrar en la cárcel, recordaría ese día y lamentaría no haber hecho más por esclarecer la verdad.

 

 

La sesión fue, en última instancia, un ejercicio de confrontación entre la exigencia de rendición de cuentas y la lógica de la defensa institucional, en un contexto marcado por la memoria de las víctimas y por la necesidad de transformar las prácticas políticas.

 

 

 

El caso de la DANA en la Comunidad Valenciana es representativo de los dilemas que enfrenta la política española en la gestión de las emergencias y en la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

 

 

La tensión entre la protección legal y la responsabilidad ética, entre la defensa personal y la obligación de transparencia, recorre toda la comparecencia y refleja el desafío de construir una cultura democrática basada en la centralidad de las víctimas y en la búsqueda de la verdad.

 

 

La crisis institucional evidenciada en la sesión es también una oportunidad para repensar el papel de las comisiones de investigación, la importancia de la autocrítica y la necesidad de mecanismos efectivos de reparación y de prevención.

 

 

La memoria de la niña fallecida, simbolizada en la cuerda entregada a Pradas, es un recordatorio de que detrás de cada decisión política hay vidas en juego, y que la búsqueda de la verdad y de la justicia es una tarea irrenunciable para cualquier democracia.

 

 

 

En definitiva, la comparecencia de Salomé Pradas ante la comisión de investigación ha sido un espejo de las carencias y contradicciones de la política española, pero también una llamada a la responsabilidad y a la valentía para afrontar los errores y para construir respuestas más eficaces y humanas ante las emergencias.

 

 

 

La exigencia de verdad, de reparación y de justicia debe estar en el centro de cualquier proceso de investigación, y la memoria de las víctimas debe ser el motor de la transformación institucional.