Joaquim Bosch, con la ley en la mano, desmonta el bulo del PP sobre los migrantes y el voto: “Imposible jurídicamente”.

Desde Génova insisten en que la regularización de migrantes es una “maniobra electoral” del Gobierno..

Joaquim Bosch en ‘La Roca’.

El Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes después de que el Gobierno y Podemos llegaran a un acuerdo.

La derecha y extrema derecha de nuestro país han arremetido contra la iniciativa, alimentando así el bulo de que se trata de una “maniobra electoral” con la que “alterar el censo” de cara a las próximas elecciones.

Jurídicamente, y con la ley en la mano, el magistrado Joaquim Bosch desmentía este argumento del Partido Popular (PP).

La última en reproducir este argumentario ha sido Isabel Díaz Ayuso: “Están utilizando de manera electoralista a la inmigración.

Y lo están haciendo de distintas maneras. Primero, para transformar culturalmente a España. Lo que está claro es que esto lo están haciendo para alterar los censos, están intentando regularizar para manipular los censos en las próximas elecciones. 

En 2027 podrá votar un millón más que en 2023. Les da igual. No estudian, por ejemplo, que si yo voy a traer a uno o tres millones más, porque no sabéis de lo que estáis hablando, cuántas viviendas deberéis construir primero, cuántos médicos deberíais habilitar.

No están trabajando en nada de eso, el colapso les da igual”.

Desde Malas Lenguas, Jesús Cintora preguntaba: “¿Esto que se está esparciendo es verdad o mentira?“.

Joaquim Bosch tomaba entonces la palabra y aseguraba que “es imposible jurídicamente que, con la ley en la mano en las próximas elecciones de 2027, puedan votar quienes se acojan a esta regularización”.

El magistrado explicaba el por qué de esta negativa: “Para poder votar en unas elecciones generales o autonómicas hay que tener la nacionalidad española y solo hay que leerse el artículo 22 del Código Civil para ver cómo se adquiere”, arrancaba.

“La regla general es que hacen falta 10 años de residencia en España y solamente para quienes vengan de países Iberoamericanos o cercanos, como Portugal o Andorra, la regla es de dos años de residencia.

Si sumamos, hasta 2028 no podrían tener la nacionalidad. Con lo cual, es imposible que en 2027 puedan votar.

Ni siquiera en las elecciones municipales, en las que los extranjeros, en algunos casos, pueden votar, pero hace falta tener acuerdos de reciprocidad, y solo hay con pocos países, y tener cinco años de residencia en España. Con lo cual tampoco podrían votar en las municipales hasta 2031“, afirmaba.

Por lo tanto, Bosch emitía su veredicto final: “La respuesta, con la ley en la mano, es que es imposible jurídicamente que quienes se acojan a esta regularización puedan votar próximamente”.

La regularización de migrantes.

El Gobierno de España ha aprobado recientemente un real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, una medida que se enmarca dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural y que busca dar seguridad jurídica y derechos básicos a cientos de miles de personas que ya residen en el país.

La iniciativa, pactada entre el PSOE y Podemos, permitirá que alrededor de 500.000 migrantes que se encuentran sin papeles puedan solicitar un permiso de residencia y trabajo si acreditan que han estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han residido de forma continuada al menos cinco meses, además de no tener antecedentes penales.

Este proceso de regularización, que se tramitará por urgencia y real decreto abrirá su ventanilla de solicitudes entre principios de abril y el 30 de junio de 2026, y las personas interesadas podrán trabajar desde que su solicitud sea admitida a trámite.

La medida no solo tiene un claro componente humanitario, sino también económico, ya que organismos como la UPTA estiman que la regularización podría traducirse en unas 70.000 nuevas altas en el Régimen de Autónomos, además de contribuir a aliviar la escasez de mano de obra en diversos sectores productivos.

Para poder optar a la residencia legal, los solicitantes deberán demostrar su estancia mediante documentación como empadronamientos, contratos de alquiler, recibos de servicios o certificados médicos, entre otros, y se recomienda asesoramiento legal especializado para evitar errores en el proceso.

Pese a las críticas de la derecha y ultraderecha, no es la primera vez que se produce una regularización como esta en España.

En el pasado se llevaron a cabo iniciativas similares, especialmente bajo gobiernos socialistas en los años 1980 y 1990 y, de forma destacada, una regularización de más de 565.000 personas en 2005 durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otros mecanismos en décadas anteriores para reducir la población en situación irregular y combatir la economía sumergida.

También por parte del PP. El ejemplo más significativo se encuentra en las etapas de José María Aznar entre 1996 y 2004, periodo en el que se aprobaron tres procesos de regularización.

El primero, en 1996, benefició a 21.283 personas, mientras que los dos siguientes, en 2000 y 2001, permitieron regularizar a 150.000 y 232.679 extranjeros respectivamente. En total, bajo los gobiernos del PP de Aznar se regularizó a 403.962 migrantes.