TERRIBLE DECRETAZO de PEDRO SÁNCHEZ en NOCHEBUENA.

 

 

La publicación de un nuevo real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado en plenas fechas navideñas ha vuelto a encender una intensa polémica política y social en España.

 

El texto, aprobado por el Gobierno y ya en vigor a la espera de su convalidación parlamentaria, ha sido recibido con fuertes críticas desde sectores de la oposición, asociaciones de propietarios, organizaciones empresariales y parte de la opinión pública, que lo consideran un uso abusivo de la figura del decreto-ley y un nuevo ejemplo de legislación de urgencia con un impacto profundo en la economía y en derechos básicos como la propiedad privada.

 

 

 

Desde el Ejecutivo se defiende que el decreto responde a la necesidad de prorrogar y adaptar determinadas medidas sociales, económicas y tributarias en un contexto todavía marcado por tensiones inflacionarias, problemas de acceso a la vivienda y la sostenibilidad del sistema de protección social.

 

 

El Gobierno recuerda que la Constitución española, en su artículo 86, habilita al Consejo de Ministros a aprobar reales decretos-leyes “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, siempre que posteriormente sean debatidos y votados en el Congreso de los Diputados.

 

 

Sin embargo, precisamente ahí se sitúa el núcleo del debate: si realmente concurren esas circunstancias excepcionales o si se está utilizando esta herramienta de forma sistemática para evitar un debate parlamentario más profundo.

 

 

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la prórroga de medidas relacionadas con la suspensión de desahucios y lanzamientos en determinados supuestos de vulnerabilidad.

 

 

Estas disposiciones, nacidas durante la pandemia de la COVID-19 y ampliadas en sucesivas ocasiones, vuelven a extenderse con el objetivo declarado de proteger a hogares en riesgo de exclusión residencial.

 

Según fuentes oficiales y datos recogidos por medios generalistas como El País, El Mundo o RTVE, el Gobierno sostiene que la crisis de vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales del país, con precios del alquiler en máximos históricos en muchas ciudades y una oferta claramente insuficiente.

 

 

No obstante, asociaciones de pequeños propietarios y expertos en derecho inmobiliario advierten de los efectos colaterales de estas prórrogas.

 

Señalan que la inseguridad jurídica desincentiva la salida de viviendas al mercado del alquiler, reduce la inversión y acaba perjudicando precisamente a quienes buscan una vivienda.

 

Este debate no es nuevo, pero se reaviva cada vez que se amplían medidas excepcionales sin una reforma estructural del mercado de la vivienda, como reconocen incluso algunos economistas cercanos a posiciones progresistas.

 

 

El decreto también incluye cambios en materia tributaria que han sido interpretados por sectores empresariales y autónomos como una subida encubierta de impuestos.

 

En particular, se modifican determinados aspectos del IVA y de la fiscalidad vinculada a rentas inmobiliarias, así como ajustes en las cotizaciones a la Seguridad Social.

 

El Gobierno argumenta que estas medidas buscan garantizar la suficiencia financiera del sistema y reforzar el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una figura ya conocida tras las últimas reformas de las pensiones.

 

Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se insiste en que el envejecimiento de la población y la presión demográfica obligan a tomar decisiones impopulares para asegurar las pensiones futuras.

 

 

Sin embargo, organizaciones empresariales y economistas advierten de que el aumento de las cotizaciones incrementa los costes laborales y puede afectar negativamente a la creación de empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

 

Según análisis publicados en prensa económica como Expansión o Cinco Días, España ya soporta una de las cargas fiscales sobre el trabajo más elevadas de su entorno, y nuevas subidas pueden reducir competitividad en un momento de desaceleración económica en Europa.

 

 

Otro de los puntos más sensibles del decreto es el relativo a la financiación territorial. Ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes, el texto articula mecanismos extraordinarios de transferencias y anticipos a las comunidades autónomas.

 

 

Desde el Gobierno se defiende que se trata de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales y la estabilidad financiera de las administraciones regionales.

 

 

No obstante, partidos de la oposición denuncian un reparto desigual y politizado de los recursos, orientado a asegurar apoyos parlamentarios clave para la convalidación del decreto y la supervivencia de la legislatura.

 

 

Este tipo de acusaciones forman parte del enfrentamiento político habitual, pero cobran especial intensidad cuando se trata de decisiones con impacto presupuestario millonario.

 

 

La literatura constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han recordado en múltiples ocasiones que el decreto-ley no puede convertirse en un instrumento ordinario de gobierno ni utilizarse para alterar de manera estructural el sistema tributario o el equilibrio institucional sin un debate parlamentario pleno.

 

Aun así, la práctica política de las últimas décadas, con gobiernos de distinto signo, muestra un recurso cada vez más frecuente a esta figura, algo que también han señalado catedráticos de Derecho Constitucional en tribunas de opinión en medios como ABC o La Vanguardia.

 

 

El contexto en el que se produce esta nueva polémica no es menor. España vive una fuerte polarización política, con un Parlamento fragmentado y mayorías inestables.

 

La dificultad para aprobar presupuestos y reformas de calado ha llevado al Ejecutivo a apoyarse en decretos-leyes como vía para sacar adelante su agenda.

 

Para sus defensores, se trata de una respuesta pragmática a un bloqueo institucional; para sus críticos, de una deriva preocupante que erosiona la calidad democrática y reduce el papel del Legislativo a una mera ratificación posterior.

 

 

La reacción ciudadana, amplificada por redes sociales y canales digitales, ha sido intensa. Comentarios de indignación, análisis jurídicos, vídeos de opinión y editoriales se han multiplicado en cuestión de horas.

 

 

Este fenómeno refleja un cambio profundo en la forma en que se consume y se interpreta la información política: la inmediatez, la emocionalidad y la desconfianza hacia las instituciones tradicionales conviven con la necesidad de datos contrastados y explicaciones rigurosas.

 

 

Desde fuentes gubernamentales se insiste en que el decreto será debatido en el Congreso dentro del plazo constitucional y que los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de convalidarlo o derogarlo.

 

También recuerdan que muchas de las medidas incluidas ya han sido avaladas en ocasiones anteriores por la Cámara y que responden a demandas sociales reales.

 

La oposición, por su parte, anuncia recursos, enmiendas y, en algunos casos, la intención de acudir al Tribunal Constitucional si consideran que se han vulnerado los límites establecidos por la Carta Magna.

 

 

Más allá del choque político inmediato, el fondo del debate apunta a cuestiones estructurales que España arrastra desde hace años: la dificultad para alcanzar consensos amplios, la tensión entre protección social y seguridad jurídica, la sostenibilidad del sistema de bienestar y el equilibrio entre Estado central y comunidades autónomas.

 

 

El uso recurrente del decreto-ley es, en cierto modo, un síntoma de estos problemas más profundos.

 

 

Las fechas elegidas para la publicación del texto, en un periodo festivo y con menor atención mediática, también han sido objeto de crítica.

 

Aunque legalmente no existe impedimento alguno, expertos en comunicación política señalan que este tipo de decisiones alimentan la percepción de opacidad y refuerzan la idea de que se intenta minimizar el debate público.

 

En una democracia madura, subrayan, la forma es casi tan importante como el fondo.

 

 

En definitiva, la aprobación de este decreto-ley vuelve a situar en primer plano una pregunta clave: cómo gobernar un país complejo y plural sin debilitar los mecanismos de control democrático ni aumentar la fractura social.

 

 

La respuesta no es sencilla y exige algo más que medidas de urgencia. Requiere diálogo, transparencia y una visión a largo plazo que permita superar la política del corto plazo y la confrontación permanente.

 

 

Mientras tanto, el decreto sigue su curso institucional. Su convalidación o derogación en el Congreso marcará no solo el futuro inmediato de las medidas que contiene, sino también un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la salud democrática de España.

 

 

En un momento en el que la confianza ciudadana es frágil, cada decisión cuenta, y cada palabra, cada gesto y cada norma contribuyen a definir el rumbo del país.