Sánchez mete la revalorización de las pensiones en otro «decreto trágala» para usarlo contra el PP.
El Gobierno busca un «win win». Si es convalidado, proclamará que la legislatura sigue viva. Si decae, forzará el titular que ya forzó en enero de este 2025: el PP vota en contra de la subida de las pensiones.

No falla. Final de año, decreto ómnibus. La falta de Presupuestos nuevos lleva cada año al Gobierno, por estas fechas, a aprobar un real decreto ley para prorrogar las medidas del llamado «escudo social» que decaen el 31 de diciembre.
En él mezcla asuntos diversos y dispersos y se lo da a aprobar a sus socios de derechas e izquierdas independentistas. Lentejas.
Ya el año pasado tuvo una mala experiencia, porque tal fue el batiburrillo de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en el decreto ómnibus de diciembre de 2024 que, cuando lo llevó al Congreso para su convalidación, el PP, Vox, Junts y UPN se lo tumbaron.
Porque incluía una subida de las pensiones, pero también la cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio.
Este martes, el Ejecutivo volvió por sus fueros y aprobó un real decreto ley que incluye: la revalorización general de las pensiones y un alza de las mínimas; la moratoria de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida en vigor desde la pandemia -desde abril de 2020- que Junts considera que favorece la inquiokupación; la prohibición del corte de suministros básicos; el bono social eléctrico; incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos; ayudas a los afectados por los incendios del pasado verano; y una cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, entre otras.

La ministra Elma Saiz se ha estrenado este martes como portavoz del GobiernoEFE.
Pedro Sánchez sabe, por experiencia, que a sus socios no les gustan este tipo de decretos trágala porque los consideran un chantaje: tienen que aprobar todo el paquete, aunque no estén de acuerdo con una parte.
Este año con dos agravantes: por un lado, el bloqueo de la legislatura que mantienen en vigor los de Carles Puigdemont.
Por el otro, el hecho de que el PSOE haya perdido el voto de José Luis Ábalos, porque durante su permanencia en prisión provisional estará suspendido de sus derechos y deberes como diputado.
Y no es un voto cualquiera: es el voto que le daba la mayoría simple en las votaciones en las que Junts se venía absteniendo, como la de la Ley de Movilidad Sostenible.
El Congreso tendrá que convocar un Pleno extraordinario la semana del 20 de enero para convalidar este real decreto ley y otro sobre el abono transporte también aprobado este martes.
El segundo no reviste mayor dificultad para el Ejecutivo, pero el primero sí. El Gobierno tiene dos opciones: o convence a Junts para que vote sí o convence al PP para que se abstenga.
Todo apunta a que será la primera prueba de fuego parlamentaria para Sánchez del año 2026, y además coincidirá con los días previos al arranque de la campaña en Aragón, donde los pronósticos para el PSOE son malos.
En busca de un «win win».
La Moncloa busca un win win. Si el real decreto ley es convalidado, el Gobierno saldrá a proclamar que sigue mejorando la vida de la gente a pesar de las vicisitudes. Y, sobre todo, que sigue vivo.
Pero si decae, el titular que difundirá el Gobierno es el que ya forzó en enero de este 2025: el PP vota en contra de la subida de las pensiones.
Así lo recordó la nueva portavoz ayer en la sala de prensa de la Moncloa: «¿Qué es lo que no le gusta al PP de un decreto que lleva un importantísimo escudo social? El año pasado le quitaron el sueño a más de nueve millones de personas durante días votando en contra de esa revalorización de las pensiones», señaló Elma Saiz.
El pasado 22 de enero, el PP, Vox, Junts y UPN dejaron caer el decreto ómnibus que había sido aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2024.
Este contenía la subida de las pensiones, ayudas a la DANA y al transporte, el palacete del PNV, medidas tributarias, otras relativas a las empresas electrointensivas… en total, un totum revolutum de 80 medidas.
El Gobierno no dirigió sus críticas contra su socio de investidura por votar en contra, sino contra el principal partido de la oposición.
Inicialmente, Sánchez sostuvo que no trocearía el decreto para satisfacer las exigencias de Junts.
Pero pronto el presidente comprobó que dilatar la reinstauración de las ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones no estaba desgastando al PP, como los socialistas esperaban, sino a él y su Gobierno, que son quienes manejan el BOE.
Así que, a los pocos días, entró en razón y negoció con los independentistas un real decreto ley nuevo, en el que se quedaron fuera medio centenar de las medidas del anterior.
Aunque el palacete del PNV se mantuvo. Y entonces, ya sí, el decreto ley fue convalidado.
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