Rubén Amón y Rosa Belmonte traspasan líneas rojas y abogan por el cierre de TVE con esta grave acusación.

 

 

 

 

Rubén Amón y Rosa Belmonte cruzaron líneas rojas en su última colaboración en ‘El Hormiguero’ al acusar a TVE de estar manipulada por el Gobierno.

 

 

 

 

 

 

La televisión pública española, TVE, vuelve a estar en el epicentro de la controversia.

 

 

Esta vez, la tormenta mediática se ha desatado tras las declaraciones incendiarias de Rubén Amón y Rosa Belmonte en ‘El Hormiguero’, el popular programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos.

 

 

Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, han abierto un debate profundo sobre el papel, la neutralidad y el sentido mismo de los medios públicos en España, agitando las redes sociales y provocando reacciones en todos los ámbitos, desde el periodismo hasta la política y la ciudadanía.

 

 

El contexto internacional no es ajeno a la polémica. La dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras las acusaciones de parcialidad y manipulación en la cobertura de Donald Trump, sirvió de punto de partida para que la tertulia se trasladara al terreno nacional.

 

 

Lo que en la BBC se considera un “defecto de edición”, en TVE es, según Amón, una “categoría de manipulación” sistemática, orientada a la “vanagloria y propaganda al Presidente del Gobierno con el dinero de todos y el presupuesto de nuestra ética periodística”.

 

 

Un alegato que no solo denuncia la supuesta falta de neutralidad de TVE, sino que cuestiona la legitimidad misma de su existencia.

 

 

La reacción de Rosa Belmonte fue aún más contundente: “Las televisiones públicas deberían ser fulminadas, no deberían de existir”.

 

 

Con esta frase, la periodista cruzaba una línea roja que, hasta ahora, pocos se habían atrevido a sobrepasar en el discurso público.

 

 

La televisión pública, históricamente concebida como garante de pluralidad, acceso universal a la información y servicio público, se convertía, en boca de Belmonte, en un instrumento obsoleto, innecesario y, en última instancia, perjudicial para la democracia.

 

 

Juan del Val, también presente en la tertulia, añadió una perspectiva autocrítica: “Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos”.

 

 

Según el escritor, la manipulación informativa no solo es responsabilidad de quienes la practican, sino de quienes la toleran.

 

 

“Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos”, sentenció, apelando a la responsabilidad colectiva y al deber de exigir transparencia y pluralidad.

 

 

Las declaraciones de Amón y Belmonte no han tardado en generar una oleada de reacciones.

 

En las redes sociales, el hashtag #CierreTVE se convirtió en tendencia, mientras periodistas, políticos y ciudadanos debatían sobre la pertinencia de mantener, reformar o eliminar la televisión pública.

 

 

Para algunos, la acusación de manipulación es una verdad incómoda que debe ser abordada con urgencia; para otros, el cierre de TVE sería un atentado contra el derecho a la información y la diversidad mediática.

 

 

La cuestión de la neutralidad informativa en los medios públicos no es nueva. Desde la transición democrática, TVE ha sido objeto de críticas por su presunta cercanía al poder político, independientemente del color del gobierno.

 

 

Los cambios en la dirección, la programación y la línea editorial han sido interpretados, en muchos casos, como reflejo de los intereses del ejecutivo de turno.

 

 

Sin embargo, la acusación de “propaganda sistemática” y el llamamiento al cierre total de la cadena suponen un salto cualitativo en el debate, que obliga a replantear los fundamentos del sistema mediático español.

 

 

El papel de la televisión pública en la democracia es, sin duda, un asunto complejo.

 

En teoría, TVE debe garantizar el acceso a la información veraz, plural y equilibrada, ofrecer contenidos culturales y educativos, y servir de contrapeso a los intereses comerciales de las cadenas privadas.

 

 

Sin embargo, la realidad parece alejarse de este ideal. Los datos de audiencia muestran una caída progresiva, mientras los informes de organismos independientes, como el Consejo de Informativos de RTVE, alertan sobre presiones políticas, censura y falta de autonomía.

 

 

 

La comparación con la BBC, citada en ‘El Hormiguero’, resulta ilustrativa. Mientras en Reino Unido la dimisión de Tim Davie ha reabierto el debate sobre la independencia de la radio y televisión públicas, en España la discusión se centra en la legitimidad misma de su existencia.

 

 

¿Debe TVE desaparecer si no garantiza la neutralidad? ¿Es posible reformar el modelo para blindarlo frente a la manipulación política? ¿O estamos condenados a aceptar la televisión pública como un instrumento más del poder?

 

 

Las respuestas no son sencillas. Para los defensores del cierre, como Belmonte, la solución pasa por eliminar el problema de raíz: si no hay neutralidad, no debe haber televisión pública.

 

 

Para otros, la clave está en reforzar los mecanismos de control, transparencia y participación ciudadana, garantizar la independencia de los órganos de dirección y establecer límites claros a la intervención política.

 

 

En cualquier caso, el debate pone de manifiesto una crisis de confianza que afecta no solo a TVE, sino al conjunto de las instituciones democráticas.

 

 

La dimensión ética del problema es ineludible. La manipulación informativa, real o percibida, erosiona la credibilidad de los medios, debilita el debate público y contribuye a la polarización social.

 

 

Cuando la televisión pública se convierte en altavoz de una parte y silencia a la otra, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: el derecho de los ciudadanos a una información libre, plural y rigurosa.

 

 

Por eso, la controversia desatada por Amón y Belmonte no es solo una cuestión de medios, sino de modelo de sociedad.

 

 

La reacción del Gobierno, de momento, ha sido de defensa institucional. Fuentes de RTVE han negado rotundamente las acusaciones de manipulación y han reivindicado el papel de la cadena como servicio público esencial.

 

 

Sin embargo, la falta de autocrítica y la tendencia a cerrar filas ante las críticas no contribuyen a disipar las dudas ni a recuperar la confianza de los ciudadanos.

 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y la apertura al debate público son requisitos imprescindibles para superar la crisis y garantizar la legitimidad de TVE.

 

 

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo. Los sindicatos de periodistas han pedido respeto a la labor informativa y han recordado que la pluralidad no se consigue eliminando medios, sino mejorando su independencia.

 

 

Las asociaciones de espectadores han reclamado una mayor participación ciudadana en la gestión de la televisión pública, y los partidos políticos han aprovechado el debate para reforzar sus posiciones, ya sea en defensa del modelo actual o en favor de una reforma radical.

 

 

El futuro de TVE está, por tanto, en juego. La cadena pública enfrenta el reto de recuperar la confianza de los ciudadanos, garantizar la neutralidad informativa y demostrar que puede ser un instrumento al servicio de la democracia y no del poder.

 

 

Para ello, será necesario abrir un debate profundo, plural y transparente, escuchar todas las voces y buscar soluciones que vayan más allá de la confrontación y el eslogan.

 

 

La polémica desatada en ‘El Hormiguero’ ha puesto sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿qué tipo de medios queremos en nuestra sociedad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la televisión pública si no cumple con sus principios? ¿O preferimos luchar por su reforma y exigir la neutralidad que merece? La respuesta, como siempre, está en manos de los ciudadanos, que deben decidir si toleran la manipulación o exigen una información libre y plural.

 

 

 

En última instancia, el debate sobre TVE es el debate sobre la democracia misma. Una democracia madura no teme la crítica, no huye del conflicto y no renuncia a la pluralidad.

 

 

Por eso, más allá de las líneas rojas cruzadas y las palabras gruesas, lo que está en juego es la capacidad de la sociedad española para construir un modelo mediático que responda a sus necesidades, respete sus valores y garantice el derecho de todos a la información.