Baltasar Garzón se arriesga a represalias y enmudece TVE con lo que dice del caso del fiscal: “No me siento seguro”.

 

 

 

Baltasar Garzón alza la voz sin miedo en TVE y discrepa “radicalmente” de la condena del Supremo al fiscal general del Estado: “No confío en esta justicia; en el Supremo no están los mejores”.

 

 

 

 

 

 

En un país donde la justicia y la política parecen bailar una danza cada vez más tensa, la intervención de Baltasar Garzón en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1 de TVE ha resonado como un auténtico terremoto mediático.

 

 

El histórico magistrado, conocido por su trayectoria y por no rehuir la polémica, ha puesto voz a una inquietud creciente en la sociedad española: la desconfianza en la independencia de los tribunales y la percepción de que la justicia, lejos de ser un pilar inamovible, está sometida a dinámicas de poder y cuotas partidistas.

 

 

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, ha abierto una grieta profunda en la credibilidad institucional y ha desatado un debate que trasciende lo jurídico para instalarse en el corazón mismo de la democracia española.

 

 

 

Garzón, en una intervención que dejó sin palabras a los presentes, no solo discrepa radicalmente del fallo, sino que se atreve a cuestionar la calidad y la neutralidad de quienes ocupan los más altos cargos judiciales.

 

 

“No confío en esta justicia; en el Supremo no están los mejores”, sentencia, sin miedo a las posibles represalias.

 

 

El plató de TVE se convirtió, por unos minutos, en el escenario de una denuncia pública que pocos se atreven a formular con tal vehemencia.

 

 

Garzón, lejos de la prudencia que suele caracterizar a los juristas de su talla, se mostró indignado y firme en su análisis.

 

“El fiscal tiene unas garantías en su nombramiento. No depende del Gobierno. Hay que decirlo de una vez por todas.

 

 

Es mentira. Es autónomo, es un órgano de rango constitucional. Tiene unos mecanismos de control, de supervisión, de dación de cuentas.

 

No rinde cuentas al Gobierno”, explicó, desmontando la narrativa que presenta al fiscal general como un mero peón del ejecutivo.

 

 

La profundidad de sus palabras no solo reside en la crítica al fallo, sino en la denuncia de una estructura judicial que, según él, responde a intereses y cuotas de partidos más que a criterios de excelencia profesional.

 

 

“En el Supremo no están los mejores. Hay algunos muy buenos y otros no tan buenos.

 

 

Y esto responde a una dinámica de nombramientos y de cuotas que no es precisamente la mejor”, afirmó, abriendo la puerta a una reflexión incómoda sobre el sistema de selección y promoción en la cúpula judicial.

 

 

Quizá lo más impactante de la intervención de Garzón fue su reconocimiento explícito del riesgo que implica hablar en público contra el Tribunal Supremo.

 

 

“No sé si decir esto me traerá consecuencias, pero me da igual. No podemos estar callados ante determinadas situaciones”, protestó, dejando entrever que la libertad de expresión y la crítica institucional no están exentas de represalias en el contexto actual.

 

 

El presentador, Javier Ruiz, no tardó en preguntar sobre el alcance de esas posibles consecuencias.

 

 

La respuesta de Garzón, lejos de tranquilizar, añadió una dosis de inquietud: “No lo sé, cualquiera, pero no confío en esta justicia.

 

 

Ya no me siento seguro después de haber visto lo que he visto.” Esta confesión, más allá de lo personal, es el síntoma de una crisis de confianza que afecta a la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.

 

 

La sensación de inseguridad expresada por Garzón no es solo la de un magistrado veterano, sino la de muchos españoles que ven cómo los equilibrios de poder y la falta de transparencia erosionan la legitimidad del sistema judicial.

 

 

El hecho de que una voz tan autorizada y respetada se declare vulnerable por ejercer la crítica es, en sí mismo, un mensaje de alarma para la democracia.

 

 

Garzón no se limitó a la crítica, sino que expresó su expectativa ante la publicación de los fundamentos de la sentencia.

 

 

“Estoy deseando que llegue el argumento de esa sentencia, para ver si se puede recuperar esa confianza.

 

 

Tienen que ser muy sólidos esos argumentos. No entiendo por qué se ha adelantado el fallo, no lo entiendo”, declaró, subrayando la importancia de la transparencia y el rigor jurídico en la construcción de la confianza pública.

 

 

La anomalía detectada por Garzón en la forma y el tiempo de la sentencia añade un elemento de sospecha sobre la motivación y el proceso seguido por el Supremo.

 

 

La precipitación en el anuncio del fallo, sin los argumentos completos, alimenta la percepción de que la justicia puede estar sometida a presiones externas o internas que la alejan de su función esencial: garantizar la legalidad y la equidad sin interferencias.

 

 

La intervención de Garzón no estuvo exenta de referencias políticas, especialmente en relación a la reacción de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien celebró públicamente la condena al fiscal y pidió dimisiones en el Gobierno.

 

 

“Mientras tanto esa presidenta está diciendo lo que se le pone en la nariz, atacando a diestro y siniestro y pidiendo dimisiones.

 

 

Oye, pero que es al fiscal al que se ha juzgado… ¿Por qué narices tiene que dimitir el Presidente del Gobierno? Vamos a respetar la separación de poderes”, sentenció Garzón, poniendo el dedo en la llaga de la confusión entre responsabilidad política y judicial.

 

 

Esta crítica, lejos de ser anecdótica, revela la tendencia creciente de algunos actores políticos a instrumentalizar las decisiones judiciales para obtener rédito partidista o presionar al adversario.

 

 

La exigencia de dimisión al presidente del Gobierno, a raíz de una condena que afecta al fiscal general, es, en opinión de Garzón, una muestra más de la erosión de los límites entre los poderes del Estado y de la utilización estratégica de la justicia como arma política.

 

 

Las palabras de Garzón han reavivado el debate sobre la independencia judicial en España, un tema que, lejos de resolverse, parece intensificarse con cada crisis institucional.

 

 

La percepción de que los tribunales responden a cuotas partidistas y a intereses ajenos a la legalidad es una de las preocupaciones más graves para el futuro de la democracia.

 

 

La confianza en la justicia es el cemento de la convivencia y la garantía de los derechos ciudadanos; su pérdida, como advierte Garzón, puede tener consecuencias impredecibles.

 

 

La reacción social ante la condena al fiscal general y la intervención de Garzón se ha manifestado en las redes, los medios y los foros ciudadanos.

 

 

Por un lado, quienes defienden la sentencia como muestra de la fortaleza institucional y la rendición de cuentas; por otro, quienes ven en ella una maniobra de desgaste político y una muestra de la fragilidad del sistema.

 

 

La polarización, alimentada por la falta de transparencia y el ruido mediático, dificulta la construcción de un consenso sobre el papel de la justicia y la necesidad de reformas profundas.

 

 

La figura de Garzón, lejos de ser neutra, encarna la tensión entre la tradición judicial y la exigencia de modernización y transparencia.

 

 

Su trayectoria, marcada por casos emblemáticos y decisiones controvertidas, le ha convertido en referente tanto para la crítica como para la defensa de un sistema judicial más abierto y plural.

 

 

Su intervención en TVE, cargada de pasión y de denuncia, es el reflejo de una España que no se resigna al silencio y que exige respuestas claras y responsables.

 

Garzón, consciente de los riesgos, asume el papel de portavoz de una inquietud colectiva.

 

Su énfasis en la necesidad de hablar, de no callar ante las injusticias, es una invitación a la ciudadanía a participar activamente en el debate público y a exigir rendición de cuentas a todas las instituciones.

 

 

La justicia, advierte, no puede ser palabra de Dios ni refugio de intereses oscuros; debe ser garantía de derechos y motor de confianza.

 

La crisis desencadenada por la condena al fiscal general y la intervención de Garzón plantea una pregunta fundamental: ¿es posible reformar el sistema judicial español para recuperar la confianza y garantizar la independencia? Los mecanismos de nombramiento, la transparencia en los procesos y la rendición de cuentas son algunos de los elementos que requieren revisión y debate.

 

 

La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama un sistema que responda a criterios de mérito y capacidad, y no a cuotas partidistas o acuerdos opacos.

 

 

La intervención de Garzón, lejos de ser un episodio aislado, puede convertirse en catalizador de una reforma necesaria.

 

 

Su denuncia pública, asumida con riesgo personal, es un recordatorio de que la democracia se construye desde la crítica y la participación, y que el silencio solo favorece la perpetuación de los problemas.

 

 

La justicia, para ser legítima, debe ser transparente, accesible y sometida al escrutinio público.

 

 

El puñetazo en la mesa de Baltasar Garzón en TVE ha dejado una huella profunda en el debate sobre la justicia española.

 

Su crítica al Tribunal Supremo y a la condena del fiscal general del Estado es mucho más que una opinión personal; es el síntoma de una crisis de confianza y de legitimidad que exige respuestas urgentes y responsables.

 

 

La transparencia, la independencia y la excelencia profesional deben ser los pilares de un sistema judicial que aspire a ser motor de convivencia y garantía de derechos.

 

La sociedad española, ante el desafío de la polarización y la instrumentalización política de la justicia, tiene en la intervención de Garzón una oportunidad para reflexionar, debatir y exigir reformas.

 

 

El futuro de la democracia depende, en buena medida, de la capacidad de sus instituciones para responder a las críticas, asumir los errores y construir consensos sólidos.

 

 

La voz de Garzón, arriesgada y valiente, es una invitación a no resignarse, a hablar y a participar en la construcción de una justicia verdaderamente independiente y confiable.