¡SE CONFIRMA! María Jesús HA APROBADO una medida terrible para todos los españoles.

 

 

 

 

 

Hay noticias que, cuando se confirman, no sorprenden tanto por su contenido como por lo que revelan del momento político y social que atraviesa un país.

 

No es una cuestión técnica ni un matiz jurídico perdido en el BOE. Es, más bien, la sensación creciente de que existe una doble vara de medir cada vez más evidente para millones de ciudadanos.

 

Eso es lo que muchos han sentido al conocer que la Agencia Tributaria recuerda que los regalos en forma de dinero que se hacen en fechas señaladas como Navidad o Reyes deben tributar como donaciones a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

 

 

No se trata de una novedad legal en sentido estricto. La normativa existe desde hace años.

 

Pero el contexto lo cambia todo. Porque una cosa es que una ley esté ahí, y otra muy distinta es el momento político y social en el que se subraya, se recuerda y se difunde masivamente.

 

En un país donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes, donde el salario medio pierde poder adquisitivo y donde la inflación sigue apretando, el mensaje cala de una forma muy distinta.

 

La imagen que muchos retienen es sencilla y demoledora: una abuela que mete 50 euros en un sobre para su nieto, un padre que ayuda a su hijo con algo de dinero para comprarse ropa o pagar un pequeño gasto, una familia que intenta mantener vivas tradiciones que ya no son lo que eran.

 

Y frente a eso, el recordatorio frío y burocrático de que ese gesto, aunque esté cargado de cariño, es considerado por la ley una donación sujeta a impuestos.

 

 

Legalmente, el razonamiento es claro. Cuando una persona recibe dinero sin dar nada a cambio, existe una donación. Y las donaciones tributan.

 

No importa si quien da el dinero es un padre, un abuelo o un tío. Tampoco importa la fecha.

 

La ley no entiende de emociones ni de tradiciones. Pero la política sí debería entenderlas. Y ahí es donde empieza el problema.

 

 

Porque, aunque Hacienda reconoce que no suele perseguir pequeñas cantidades por la dificultad de control y por las bonificaciones existentes en muchas comunidades autónomas, la sensación que se instala es otra muy distinta: la de un Estado extremadamente eficaz para vigilar al ciudadano común, pero sorprendentemente torpe o indulgente cuando se trata de otras cuestiones mucho más graves y costosas.

 

 

Ese contraste es el que alimenta la indignación. Mientras se recuerda que no existe un mínimo exento para declarar una donación, y que incluso un euro estaría, técnicamente, sujeto a tributación, aparecen noticias que hablan de descontrol, de falta de supervisión o de opacidad en ámbitos donde sí se mueven grandes cantidades de dinero público.

 

 

La percepción, justa o injusta, es que el sistema es implacable con el pequeño gesto cotidiano, pero se vuelve difuso cuando entran en juego estructuras de poder, altos cargos o decisiones políticas de gran calado. Y esa percepción no nace de la nada, sino de la acumulación constante de titulares.

 

 

Por un lado, se habla de pobreza energética, que según distintos informes ha aumentado de forma notable en los últimos años y afecta ya a millones de hogares. Familias que no pueden encender la calefacción en invierno o que pasan frío mientras ven cómo la factura de la luz se convierte en un problema estructural.

 

Por otro, se multiplican las informaciones sobre sueldos elevados, exenciones fiscales parciales para determinados cargos y gastos públicos difíciles de explicar a quien cuenta cada euro.

 

 

No es solo una cuestión de dinero, sino de prioridades. Cuando un ciudadano escucha que debe declarar el dinero que regala a su hijo, pero al mismo tiempo ve cómo se destinan millones a partidas cuya utilidad social no percibe, el mensaje implícito es devastador: hay recursos, pero no siempre se usan para lo esencial.

 

 

El malestar crece cuando ese control exhaustivo no parece aplicarse con la misma intensidad en otros ámbitos.

 

Noticias sobre la llegada de productos alimentarios de terceros países con posibles riesgos sanitarios, alertas que generan preocupación en sectores como el agrícola, o la sensación de que las exigencias burocráticas caen siempre sobre los mismos, mientras otros compiten con reglas distintas, refuerzan la idea de un sistema desequilibrado.

 

 

A esto se suma un clima político cada vez más crispado, donde el debate público parece alejarse de los problemas reales de la gente.

 

En lugar de hablar de cómo reducir la pobreza infantil, cómo garantizar un acceso digno a la vivienda o cómo aliviar la presión fiscal sobre quienes menos tienen, la discusión se enreda en luchas internas, estrategias de poder y maniobras partidistas.

 

 

El ciudadano medio observa ese escenario con una mezcla de cansancio y desconfianza.

 

Porque mientras se le pide responsabilidad fiscal hasta en el último céntimo, se multiplican las noticias sobre gastos millonarios, acuerdos internacionales poco transparentes o estructuras administrativas que parecen vivir en una realidad paralela.

 

No es extraño, por tanto, que muchos se pregunten dónde están los recursos cuando ocurre una catástrofe natural, cuando una familia lo pierde todo por una riada, un volcán o un incendio.

 

O cuando asociaciones que atienden a personas con enfermedades graves reclaman ayudas que nunca llegan. La pregunta no es demagógica; es profundamente humana.

 

 

La respuesta habitual desde las instituciones suele apelar a la complejidad del sistema, a las competencias repartidas, a las limitaciones presupuestarias.

 

Y es cierto que gobernar no es sencillo. Pero también es cierto que el mensaje que se transmite importa.

 

Y cuando el mensaje es “todo está controlado” para el pequeño contribuyente, pero “no se puede hacer nada” para problemas estructurales, la confianza se erosiona.

 

 

Este tipo de noticias no generan solo enfado; generan algo más peligroso: desapego. La sensación de que el Estado no es un aliado, sino un vigilante.

 

De que la administración no está para proteger, sino para recaudar. Y cuando esa percepción se consolida, el vínculo social se debilita.

 

 

En ese contexto, cada titular actúa como una gota más que colma el vaso.

 

No porque sea el más grave, sino porque confirma una narrativa que muchos ya tienen interiorizada. La idea de que existe una élite política y administrativa que vive bajo unas reglas distintas a las del resto.

 

Una élite que habla de solidaridad, pero cuya realidad cotidiana está muy lejos de la de quienes hacen malabares para llegar a fin de mes.

 

 

La política, cuando pierde el pulso de la calle, se vuelve autorreferencial. Habla para sí misma, se justifica ante sí misma y acaba desconectándose de la vida real.

 

Y esa desconexión no se corrige con comunicados ni con explicaciones técnicas, sino con decisiones visibles y coherentes.

 

 

El debate sobre los impuestos no es nuevo ni sencillo. Los impuestos son necesarios para sostener el Estado del bienestar.

 

Nadie sensato lo discute. Pero el problema no es pagar impuestos; es sentir que se pagan para algo justo, equitativo y útil.

 

Cuando esa sensación desaparece, el rechazo no va dirigido solo a una medida concreta, sino al sistema en su conjunto.

 

Por eso este tipo de recordatorios fiscales, lanzados en un momento de gran tensión económica para muchas familias, tienen un efecto político que va mucho más allá de lo jurídico. No se leen como una aclaración técnica, sino como un símbolo de desconexión.

 

 

Mientras tanto, el ruido político sigue. Se habla de movimientos internos en los partidos, de posibles relevos, de manifiestos y estrategias para desbancar a líderes.

 

 

Todo eso puede ser relevante para los equilibrios de poder, pero resulta casi irrelevante para quien se pregunta si podrá pagar la calefacción este invierno o ayudar a su hijo sin miedo a una sanción.

 

 

La realidad es que la ciudadanía no pide milagros. Pide coherencia. Pide que el esfuerzo sea compartido y que el control sea proporcional.

 

Pide que el Estado sea fuerte con los fuertes y comprensivo con los débiles. Pide, en definitiva, sentir que vive en un país que no castiga el gesto cotidiano mientras mira hacia otro lado ante problemas mucho mayores.

 

Cada vez que una noticia como esta se hace viral, no es por casualidad. Es porque conecta con una experiencia común.

 

Porque pone palabras a una sensación difusa de injusticia. Y porque recuerda que la política no se juega solo en los parlamentos, sino en la mesa de la cocina, cuando una familia decide cuánto puede gastar y a quién puede ayudar.

 

 

Ignorar ese malestar sería un error. Minimizarlo, un error aún mayor. Porque cuando la distancia entre las instituciones y la ciudadanía se agranda, el espacio lo ocupan el cinismo, la desafección y, en muchos casos, opciones políticas que prometen soluciones simples a problemas complejos.

 

 

La cuestión de fondo no es si un regalo debe o no tributar. La cuestión es qué modelo de país se está construyendo.

 

Un país donde el control es exhaustivo para el ciudadano común, pero selectivo para otros, es un país que camina hacia la fractura social.

 

Y esa fractura no se arregla con más normas, sino con más justicia percibida.

 

 

Al final, la política se resume en una pregunta muy básica: ¿para quién gobierna el Estado? Si la respuesta no es clara para la mayoría, algo está fallando.

 

Y cada sobre con dinero, cada recibo impagable y cada titular desconcertante no hacen más que recordarlo.