Garzón PONE EN JAQUE al Supremo: NULIDAD para García Ortiz.

 

 

 

 

 

Baltasar Garzón dinamita el Supremo: la batalla judicial que sacude los cimientos de la justicia española.

 

 

 

La crónica judicial española ha vivido en las últimas semanas una auténtica sacudida institucional.

 

 

El detonante: la intervención de Baltasar Garzón, el juez estrella expulsado en 2012, que ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra el Tribunal Supremo y el corazón del sistema judicial, poniendo en jaque la condena al ex fiscal general Álvaro García Ortiz y abriendo una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles.

 

 

 

Todo comienza el 15 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, empresario vinculado a Isabel Díaz Ayuso.

 

 

La sentencia, que conlleva dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, es firmada por siete magistrados, con un voto particular de dos juezas progresistas que denuncian un “exceso de celo punitivo”.

 

 

El fallo es redactado por Andrés Arrieta, uno de los tres magistrados que, junto a Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo, impartieron días después cursos remunerados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la misma acusación popular que impulsó la querella contra García Ortiz.

 

 

La revelación de este conflicto de intereses, con pagos de 90 euros la hora para los jueces y 270 para el director del curso, desata el escándalo.

 

 

No es un detalle menor: el ICAM no es un club de bridge, sino la parte que pidió cuatro años de cárcel para el fiscal general.

 

 

La imparcialidad del tribunal queda en entredicho y la sentencia, bajo sospecha.

 

 

En medio de la tormenta, Baltasar Garzón reaparece como un “fantasma vengador”, presentando un dictamen de 28 páginas ante la Sala Segunda del Supremo en calidad de Amicus Curiae.

 

 

Su escrito, presentado por el abogado Enrique Molina, es demoledor: denuncia la nulidad radical de la sentencia por vulneración del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el régimen de incompatibilidades, al haber cobrado los jueces de una parte implicada mientras deliberaban.

 

 

Garzón no se limita a la denuncia técnica. En su alegato, añade referencias a su propia historia de expulsión y al audio filtrado donde Arrieta bromea sobre la sentencia en un curso del ICAM.

 

 

La carga simbólica es clara: “El Supremo que me inhabilitó por investigar la corrupción y el franquismo ahora finge neutralidad mientras sus miembros facturan de la parte querellante”.

 

 

La ofensiva judicial de Garzón tiene un eco inmediato en el plano político. El PSOE, con Pachi López a la cabeza, amplía el recurso de casación de García Ortiz e incorpora el dictamen de Garzón como prueba principal. Yolanda Díaz, desde Sumar, respalda la iniciativa y denuncia el “lawfare judicial” contra el Gobierno.

 

 

La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ordena diligencias urgentes sobre el ICAM y la fiscalía estudia recurrir al Constitucional si el Supremo no suspende la ejecución de la condena.

 

 

El Partido Popular y Vox, por su parte, reaccionan con furia. Feijóo denuncia “el circo sanchista” y exige que el CGPJ investigue a Garzón por intromisión.

 

 

Ayuso acusa al exjuez de “venganza pura” y la Asociación Profesional de la Magistratura califica el dictamen de “calumnioso”.

 

 

Las redes sociales hierven con memes, hashtags y vídeos virales: Garzón como Terminator, Marchena como el rey de la toga, y la etiqueta #SentenciaNula escalando posiciones.

 

 

El viernes 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional recibe el recurso formal de García Ortiz, apoyado por el PSOE y con el dictamen de Garzón como estandarte.

 

 

El recurso, de 120 páginas, detalla no solo el caso del ICAM, sino un patrón de cursos y remuneraciones a jueces en causas contra el Gobierno.

 

 

Garzón, en un tuit matutino, advierte: “La apariencia de imparcialidad es el pilar de Europa. Si no suspenden, Estrasburgo nos humillará”.

 

 

El TC, con mayoría progresista, admite a trámite el recurso y suspende cautelarmente la ejecución de la sentencia para evitar un perjuicio irreparable al recurrente. La condena a García Ortiz queda en el limbo y el fiscal general respira aliviado.

 

 

En Moncloa, la euforia es evidente: Sánchez y Bolaños ven en la intervención de Garzón la “Navidad judicial” que desbloquea el CGPJ y pone en jaque al bloque conservador.

 

 

El Supremo, lejos de achantarse, responde con una rueda de prensa inédita, la primera en 20 años de un presidente de sala. Marchena, flanqueado por Arrieta y Del Moral, califica el dictamen de Garzón de “libelo calumnioso” y defiende la compatibilidad de los cursos desde 2014.

 

 

“Si el TC suspende, será el fin de la independencia judicial”, advierte Del Moral. El vídeo de la rueda se viraliza y la opinión pública se polariza: unos ven a Garzón como el justiciero que desenmascara el cortijo judicial; otros, como un vengador movido por su inhabilitación.

 

 

 

El CGPJ, aún bloqueado desde 2018, emite un dictamen ambiguo: no hay incompatibilidad en los cursos del ICAM, pero recomienda una revisión ética interna. Las posiciones se enconan y la crisis se agudiza.

 

El debate trasciende los muros de los tribunales. Juristas, periodistas y ciudadanos analizan cada movimiento en tiempo real: hilos de Twitter de Javier Ruiz, vídeos de Max Pradera, manifiestos de 500 juristas internacionales y un informe sombra presentado en la Complutense que cita precedentes europeos en Italia y Francia, donde se anularon sentencias por conflictos de intereses similares.

 

 

 

Garzón, lejos de amilanarse, publica vídeos en su canal de YouTube y directos en Instagram, donde defiende que “la justicia no es un club privado” y que la nulidad es inevitable.

 

 

“El Supremo me quitó la toga. Yo les quito la máscara”, afirma con un tono que mezcla justicia poética y desafío personal.

 

La suspensión cautelar de la sentencia por parte del TC marca un hito. El Supremo queda en el punto de mira, el CGPJ tambalea y la fiscalía prepara nuevas inspecciones sobre el ICAM.

 

 

El debate sobre la independencia judicial, la apariencia de imparcialidad y la necesidad de una reforma profunda del sistema alcanza su punto álgido.

 

El PP y Vox contraatacan con una Iniciativa Legislativa Popular para limitar la figura del Amicus Curiae a juristas sin antecedentes, mientras Sumar y el PSOE impulsan una ley ética que suspende automáticamente las sentencias si hay indicios de incompatibilidad.

 

 

La batalla se traslada a Europa: Amnistía Internacional respalda el recurso y advierte que España viola el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El TEDH y el TJUE se preparan para recibir nuevos recursos si el Constitucional no resuelve la nulidad.

 

 

La ofensiva de Baltasar Garzón ha abierto una grieta en el sistema judicial español. Por primera vez, el Supremo es juzgado por sus propios procedimientos y la apariencia de imparcialidad se convierte en una cuestión de Estado.

 

 

El caso García Ortiz, lejos de ser un episodio aislado, es el síntoma de una crisis más profunda: la politización de la justicia, el bloqueo del CGPJ y la necesidad de una regeneración ética.

 

 

El desenlace está abierto. El Constitucional ha suspendido la condena, pero la guerra togada continúa.

 

 

Garzón, convertido en ariete de la justicia combativa, ha devuelto la esperanza a quienes creen en una justicia independiente y ha encendido todas las alarmas entre quienes ven en su intervención un ataque al statu quo.

 

 

La pregunta que flota en el aire es clara: ¿anulará el TC la sentencia? ¿Se abrirá la veda de recusaciones en cadena? ¿Reformará el sistema o se enquistará la crisis hasta Europa? Lo que es seguro es que, tras el “arpón” de Garzón, la justicia española ya no será la misma.