SILVIA INTXAURRONDO TUMBA BULO A SUSANA GRISO, OK DIARIO Y ANTENA 3 CONTRA LA JUEZ DE LA DANA.

 

 

 

 

Hay días en los que la justicia avanza en silencio y otros en los que cada paso resuena como un trueno. El día que la jueza instructora del caso de la DANA decidió elevar una exposición razonada de más de cien páginas solicitando la imputación del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no fue un día cualquiera. Fue también la jornada en la que determinados medios publicaron audios que ponían en cuestión la actuación de la magistrada y la presencia de su marido —también juez— en la sala de declaraciones.

 

 

¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O parte de una batalla paralela que se libra fuera de los tribunales?

 

 

La tormenta política y judicial que rodea la investigación sobre la gestión de la DANA que dejó 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana ha entrado en una fase decisiva. Y lo ha hecho envuelta en una doble controversia: por un lado, el análisis jurídico de la posible responsabilidad penal de altos cargos; por otro, el intento de desacreditar —según denuncian algunas voces— a la jueza que ha dirigido la instrucción.

 

 

Los audios publicados por OK Diario incluyen fragmentos en los que se escucha a Jorge Martínez Rivera, juez de instrucción y marido de la magistrada Nuria Ruiz, formular preguntas a testigos familiares de víctimas. La revelación provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriera diligencias informativas para analizar si existió alguna irregularidad disciplinaria.

 

 

Las acusaciones son graves: se habla de posible usurpación de funciones, coacciones, revelación de secretos e incluso prevaricación. Sin embargo, desde el ámbito jurídico se recuerda que aún debe verificarse la autenticidad de los audios y el contexto en el que se produjeron esas intervenciones. No es lo mismo una conversación informal fuera de la declaración oficial que una intervención directa en el acto jurisdiccional.

 

 

Lo cierto es que no es la primera vez que se cuestiona la presencia del marido en la sala. Ya en primavera circularon fotografías tomadas en el entorno del juzgado en las que aparecía junto a la magistrada y un familiar tras finalizar una sesión. Aquella queja fue remitida al CGPJ como información preliminar, sin que hasta ahora haya derivado en una sanción.

 

 

Pero el momento elegido para la difusión de los audios ha encendido las sospechas. Coincide exactamente con la decisión de la instructora de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investigue a Carlos Mazón, quien, en su condición de aforado, solo puede ser imputado por dicho tribunal.

 

 

La exposición razonada, de más de 100 folios, describe con minuciosidad los hechos investigados, el contexto de la emergencia y las decisiones adoptadas antes y durante el temporal. En ella, la magistrada analiza si existieron retrasos o negligencias en la activación de alertas a la población y en la coordinación interdepartamental.

 

 

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el tono del documento. Según juristas que han tenido acceso al contenido, la jueza recoge con una delicadeza extrema los últimos momentos de las víctimas, describiendo caso por caso cómo fallecieron y en qué circunstancias. No se trata solo de un análisis técnico; es un relato que humaniza la tragedia.

 

 

Se estima que aproximadamente 150 de los 230 fallecimientos se produjeron antes de que se enviara la alerta masiva a la población. Ese dato es clave en la hipótesis de posible negligencia por tardanza. Además, se señala que el mensaje de alerta no incluyó recomendaciones específicas como subir a zonas altas, una omisión que podría haber tenido consecuencias fatales.

 

 

La jueza también apunta a la falta de coordinación con otras consejerías. Pone ejemplos concretos: una familia de Aldaia que acudió al colegio a recoger a su hijo porque no se habían suspendido las clases y falleció en el trayecto de regreso; el director de un instituto de Cheste que también perdió la vida tras acudir a trabajar ante la ausencia de una orden clara de suspensión.

 

 

Estos detalles no son anecdóticos. Forman parte de la argumentación que pretende demostrar la existencia de indicios reforzados, requisito imprescindible cuando se trata de investigar a un aforado.

 

 

Aquí radica uno de los puntos jurídicos más relevantes. A diferencia de un ciudadano común, para imputar a un aforado no basta con indicios simples. Se requieren elementos más sólidos que vinculen directamente a la persona con hechos que puedan constituir delito. La propia instructora ofreció en dos ocasiones a Mazón declarar voluntariamente como investigado, algo que él rechazó.

 

 

Ahora el TSJCV deberá decidir entre tres escenarios posibles. El primero: aceptar la exposición razonada, asumir la causa en su conjunto e investigar también a otros cargos ya imputados. El segundo: considerar que los hechos no son constitutivos de delito y devolver el procedimiento al juzgado ordinario. El tercero: estimar que podrían existir indicios, pero insuficientes en esta fase, instando a la instructora a agotar la investigación antes de elevar nuevamente la petición.

 

 

La Fiscalía tendrá un papel determinante, pues deberá pronunciarse previamente sobre la suficiencia de los indicios. No hay plazos cerrados, pero fuentes jurídicas apuntan a que la decisión podría conocerse en cuestión de semanas.

 

 

Mientras tanto, la controversia sobre los audios añade un componente de presión. Para algunos analistas, la difusión de ese material el mismo día que se solicitaba la imputación no es inocente. Para otros, simplemente responde al interés periodístico de hechos que ya habían sido denunciados por algunas partes.

 

 

En cualquier caso, el CGPJ ya investiga si hubo infracción disciplinaria. Si se determinara que el marido de la jueza intervino indebidamente en actos jurisdiccionales, podría abrirse la puerta a una eventual nulidad de actuaciones. Sin embargo, expertos consultados subrayan que eso dependerá de si la intervención tuvo lugar formalmente dentro de una declaración oficial y de si generó indefensión a las partes.

 

 

Más allá del debate técnico, hay una cuestión de fondo que trasciende este caso concreto: la tensión entre la independencia judicial y la presión mediática en procedimientos de alta carga política. Cada paso de la instrucción es examinado, cada decisión es interpretada en clave partidista.

 

 

En el centro de todo están las familias de las 230 víctimas. La magistrada ha querido que sus nombres y circunstancias no se pierdan entre folios y tecnicismos. Ha documentado con precisión cuándo y cómo se produjeron los fallecimientos, subrayando la relevancia del momento en que se enviaron las alertas y de las decisiones que se tomaron —o no se tomaron— en las horas críticas.

 

 

La gestión de emergencias es compleja y está sujeta a múltiples variables técnicas. Pero cuando el resultado es una cifra tan devastadora, la sociedad exige respuestas. Y el sistema judicial, guste o no, es el encargado de determinar si esas respuestas deben tener consecuencias penales.

 

 

El caso de la DANA no es solo un proceso judicial. Es una prueba para las instituciones. Para la Generalitat, que debe defender su actuación. Para la justicia, que debe actuar con independencia y rigor. Y para los medios, que deben informar con responsabilidad.

 

 

La pregunta que muchos se hacen hoy no es solo si Carlos Mazón será imputado. Es también si la jueza que ha dado el paso será capaz de continuar la instrucción sin que su credibilidad sea erosionada por polémicas paralelas.

 

 

En las próximas semanas, el Tribunal Superior de Justicia marcará el rumbo. Su decisión definirá el futuro procesal del president valenciano y determinará si la investigación entra en una nueva fase o se repliega.

 

 

Pero más allá de los escenarios jurídicos, queda una certeza: la memoria de las 230 víctimas exige claridad. Y la claridad solo puede construirse sobre hechos, pruebas y garantías procesales.

 

 

La justicia, como las tormentas, puede ser lenta en formarse. Pero cuando descarga, lo hace con toda su fuerza.