NUEVO AUDIO DEMOLEDOR “AYUSO PROTEGE MAFIA SANIDAD” POLÍTICOS DEL PP AL SERVICIO LOBBY SANITARIO.

 

 

 

 

 

 

Sanidad pública en crisis: privatización, abuso de poder y el modelo de negocio que pone en riesgo a los pacientes.

 

 

 

La sanidad pública española atraviesa una de sus etapas más delicadas y polémicas, marcada por la gestión privada de hospitales públicos, denuncias de abuso de poder, manipulación de datos y una lógica empresarial que antepone el beneficio económico a la salud de los ciudadanos.

 

 

 

El último escándalo en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, ha destapado una realidad que muchos temían y que ahora se confirma: la privatización sanitaria no solo afecta a la calidad del servicio, sino que puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes.

 

 

 

El caso comenzó con una decisión insólita por parte de la dirección del hospital: cerrar una planta entera para realizar una única operación y atender a un solo paciente, Alberto de la Rosa, presidente de Ribera Salud.

 

 

La noticia, inicialmente mantenida en secreto, se filtró entre el personal, generando indignación y especulación sobre la identidad de quien merecía tal trato de favor.

 

 

No era un paciente cualquiera, sino el máximo responsable de la empresa que gestiona el propio hospital, en un claro ejemplo de abuso de poder y desprecio por el interés general.

 

 

Pero la gravedad del asunto no termina ahí. El personal sanitario ha denunciado instrucciones verbales y escritas para recalificar a los pacientes que llegan a urgencias, clasificando como “leve” a quienes realmente presentan cuadros graves, todo con el objetivo de reducir costes y mejorar la rentabilidad del centro.

 

 

La reasignación de pacientes, lejos de responder a criterios médicos, obedece a una lógica económica que prioriza la rapidez y el beneficio empresarial sobre la atención adecuada.

 

 

 

La Comunidad de Madrid, responsable última del sistema sanitario, ha respondido con negacionismo.

 

 

En apenas 24 horas, tras el revuelo mediático, la administración aseguró que todo estaba “correcto” y que no había irregularidades, basando su auditoría en los datos proporcionados por la propia dirección del hospital, la misma a la que se acusa de manipular registros y priorizar pacientes rentables.

 

 

Esta reacción, lejos de tranquilizar, ha sido interpretada como una maniobra de encubrimiento y falta de transparencia.

 

 

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido a su estrategia habitual: desviar la atención y responsabilizar a otros.

 

 

Para Ayuso, se trata de una “campaña de la izquierda contra la sanidad pública”, una maniobra de distracción que, según sus palabras, pretende tapar otros asuntos como la situación política en Euskadi y Navarra o la supuesta complicidad de Pedro Sánchez con socios polémicos.

 

 

Sin embargo, la realidad es que las denuncias vienen de los propios profesionales sanitarios, sindicatos y gestores, y no de una conspiración política.

 

 

 

Los expertos señalan que no estamos ante un accidente o una anécdota, sino ante un modelo de gestión que coloca el beneficio empresarial en el centro de la actividad sanitaria.

 

 

Los pacientes se convierten en costes a reducir, el personal en recursos a abaratar y el material en partidas a optimizar, aunque ello implique reutilización indebida o riesgos para la salud.

 

 

Las grabaciones y documentos filtrados explican cómo funcionan estos centros, donde la máxima es “quedarse con los pacientes rentables y expulsar a los que no lo son”.

 

 

 

La ley 15/97, que abrió la puerta a la privatización sanitaria, es el origen de este modelo.

 

 

 

Fondos de inversión y grandes grupos empresariales como Ribera Salud o Quirón han convertido la sanidad pública en un negocio multimillonario, donde el objetivo no es solo obtener beneficios legítimos, sino maximizar el lucro a costa del dinero público y la salud de los ciudadanos.

 

 

La única solución real, según los expertos, es derogar esta ley y cerrar las vías por las que el dinero público termina en manos privadas.

 

 

 

El gobierno ha prometido revertir la privatización y garantizar la gestión pública de los hospitales, pero la experiencia demuestra que los grupos empresariales no se quedarán de brazos cruzados.

 

 

La estrategia de estos grupos incluye campañas mediáticas, litigios judiciales, presión política y ataques a quienes se oponen a su modelo de negocio.

 

 

La historia reciente muestra que, cuando su negocio está en riesgo, atacan por todos los frentes, desde la vía penal hasta la administrativa, y utilizan su poder económico para influir en la opinión pública.

 

 

 

El escándalo de Torrejón no es el primero ni será el último. La privatización sanitaria ha generado víctimas políticas, como ocurrió en Alcira, donde la reversión de la gestión privada provocó la caída de responsables políticos y una campaña de desprestigio contra quienes impulsaron el cambio.

 

 

Los fondos de inversión tienen mucho dinero y poder, y no dudan en utilizarlo para proteger sus intereses y atacar a quienes amenazan su negocio.

 

 

La gran pregunta que queda en el aire es qué garantías tienen los pacientes de que no se está aplicando el mismo principio en otros hospitales de la Comunidad de Madrid.

 

 

¿Qué seguridad existe de que el material sanitario no está siendo reutilizado indebidamente? ¿Qué garantías hay de que los pacientes no rentables no están siendo abandonados a su suerte? La falta de respuestas claras y la negativa sistemática a dar explicaciones por parte de la administración solo incrementan la desconfianza y la indignación ciudadana.

 

 

 

En definitiva, el modelo de privatización sanitaria que se ha consolidado en España pone en riesgo la calidad de la atención, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema público.

 

 

La lógica empresarial que prioriza el beneficio sobre la salud es incompatible con los principios de equidad y universalidad que deben regir la sanidad pública.

 

 

La solución pasa por recuperar la gestión pública, garantizar la transparencia y poner fin a un modelo que convierte la salud en un negocio para unos pocos a costa de todos.

 

 

La ciudadanía exige explicaciones, garantías y cambios reales. La sanidad pública no puede ser un campo de batalla para intereses privados ni un espacio donde el abuso de poder y la manipulación de datos sean la norma.

 

 

Es hora de que los responsables políticos asuman su responsabilidad, escuchen a los profesionales y tomen medidas contundentes para proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

 

 

Porque en sanidad, el beneficio debe ser siempre la vida y el bienestar de las personas, nunca el lucro de unos pocos.