BOMBAZO ESCÁNDALO CLAN AYUSO “DESTAPAN PAGOS MILLONARIOS QUIRÓN SALUD CON FACTURAS INFLADAS”.

 

 

 

 

 

 

 

Sanidad pública en manos privadas: el caso Quirón y los pagos millonarios del Gobierno de Ayuso.

 

 

 

La gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid lleva años envuelta en polémicas, especialmente desde la consolidación del modelo de colaboración público-privada que entrega la administración de hospitales públicos a grandes grupos empresariales.

 

 

 

El último episodio, revelado por El País y amplificado por otros medios, pone en el centro del debate a Quirón Salud, el mayor grupo hospitalario privado de España, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja, Alberto González Amador, ocupa un puesto directivo en la empresa y aparece vinculado a operaciones opacas y beneficios millonarios.

 

 

 

Entre 2019 y 2024, bajo el mandato de Ayuso, la Comunidad de Madrid abonó más de 5.000 millones de euros a Quirón por la gestión de cuatro hospitales públicos.

 

 

 

Buena parte de estos pagos correspondían a facturas atrasadas, algunas de hace casi una década, que se habían acumulado desde la época de Cristina Cifuentes y que, por litigios y auditorías, permanecían sin liquidar.

 

 

En 2022, Quirón recibió pagos que cubrían deudas de los años 2016 a 2020, lo que permitió a la Comunidad reducir su deuda con el grupo de 1.000 millones a 455 millones de euros al cierre de 2024.

 

 

 

Este desembolso masivo, lejos de ser una simple regularización contable, revela las entrañas de un sistema en el que la gestión privada de hospitales públicos genera beneficios extraordinarios para las empresas concesionarias, mientras los ciudadanos asisten a una progresiva mercantilización de la sanidad.

 

 

 

La situación se vuelve más turbia al analizar la relación entre la presidenta y su pareja, Alberto González Amador.

 

 

No solo es directivo de Quirón, sino que opera en la empresa bajo una identidad falsa—Alberto Burnet González—, utilizada también en sociedades en Florida para negocios inmobiliarios.

 

 

El grupo Quirón reconoció el uso de este alias en 2023, cuando la relación entre González Amador y Ayuso ya era pública.

 

 

Las explicaciones ofrecidas por la empresa y la propia Comunidad de Madrid sobre la naturaleza de este vínculo y la justificación de los pagos han sido, como mínimo, insuficientes.

 

 

La utilización de correos corporativos con nombres falsos, la opacidad en la publicación de auditorías y la falta de transparencia en los movimientos financieros alimentan la sospecha de que existen intereses cruzados y privilegios para quienes ocupan cargos de responsabilidad política y empresarial.

 

 

 

A todo esto se suma el hecho de que González Amador se encuentra investigado por delitos fiscales y corrupción en los negocios, tras obtener beneficios de dos millones de euros durante la pandemia por la intermediación en la compraventa de mascarillas.

 

 

La Agencia Tributaria ha detectado delitos fiscales por más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021, a la espera de apertura de juicio oral.

 

 

El modelo de gestión privada en hospitales públicos, defendido por la Comunidad de Madrid como “uno de los mejores del mundo”, presenta graves contradicciones.

 

 

Los incentivos económicos para las empresas gestoras, como Quirón y Ribera Salud, generan prácticas que priorizan la rentabilidad sobre la atención sanitaria.

 

 

El escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, reveló audios en los que el CEO instaba a discriminar pacientes según su rentabilidad y a engordar listas de espera.

 

 

Además, se denunciaron órdenes para reutilizar material sanitario de un solo uso y el despido de directivos que se opusieron a estas prácticas.

 

 

 

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha restado importancia a estos hechos, calificándolos de “comentarios” y negando que se tratara de órdenes ejecutadas, a pesar de las denuncias firmadas por 250 trabajadores.

 

 

Al mismo tiempo, la Consejería ha dejado de publicar las actas de reuniones y auditorías, alegando falta de recursos y negando cualquier intención de ocultar información.

 

 

La opacidad institucional y la falta de rendición de cuentas refuerzan la percepción ciudadana de que el dinero público se destina a enriquecer a las empresas privadas, mientras la calidad y accesibilidad del servicio sanitario se resienten.

 

 

 

El caso Quirón ilustra el avance de la privatización no solo de la gestión hospitalaria, sino de las propias estructuras de gobierno.

 

 

La cercanía entre la presidencia, los altos cargos del gobierno madrileño y los grupos empresariales beneficiados por el modelo pone en cuestión la independencia y la equidad en la gestión de recursos públicos.

 

 

La contradicción es aún más flagrante si se compara el trato recibido por otros responsables políticos, como Pedro Sánchez, cuya esposa fue objeto de denuncias y exigencias de abstención por parte del Partido Popular debido a un contrato no ejecutado con Globalia.

 

 

Sin embargo, cuando se trata de la pareja de Ayuso y los pagos multimillonarios a Quirón, el doble rasero se hace evidente.

 

 

La exconsejera de Sanidad también procedía del grupo Quirón, lo que refuerza la impresión de una relación simbiótica entre la administración y la empresa privada.

 

 

Esta dinámica, lejos de ser exclusiva de Madrid, tiene precedentes en la Comunidad Valenciana y otras regiones, donde la gestión privada ha demostrado ser más eficaz en la generación de beneficios empresariales que en la mejora de la atención sanitaria.

 

 

La defensa de la gestión privada por parte de la Comunidad de Madrid se basa en argumentos de eficiencia, reducción de listas de espera y calidad asistencial.

 

 

Sin embargo, la falta de transparencia en la publicación de auditorías y la negativa a hacer públicos los criterios de rentabilidad aplicada a la sanidad pública debilitan el discurso oficial.

 

 

La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿es realmente más eficiente y rentable para el sistema público entregar la gestión de hospitales a empresas privadas? ¿O se trata, como denuncian muchos profesionales y ciudadanos, de una estrategia para desviar fondos públicos a intereses privados, generando desigualdad y exclusión?

 

 

 

La rentabilidad, aplicada a la sanidad pública, es un concepto problemático.

 

 

La lógica empresarial prioriza el beneficio económico, mientras que la sanidad pública debe garantizar el acceso universal y la calidad asistencial.

 

 

La coexistencia de ambos modelos genera tensiones, incentivos perversos y, en última instancia, pone en riesgo el derecho a la salud.

 

 

El caso Quirón y los pagos millonarios del Gobierno de Ayuso son el síntoma de una tendencia preocupante: la entrega progresiva de lo público a lo privado, la opacidad institucional y la normalización de conflictos de interés en la gestión de recursos esenciales.

 

 

La sanidad pública, joya de la corona de la Comunidad de Madrid, se encuentra en una encrucijada, atrapada entre la lógica del beneficio empresarial y la exigencia ciudadana de transparencia, equidad y calidad.

 

 

La respuesta de las autoridades, centrada en la defensa del modelo y la minimización de las denuncias, no es suficiente.

 

 

La ciudadanía exige explicaciones, auditorías públicas y garantías de que el dinero de todos se destina a proteger la salud, no a engrosar los beneficios de unos pocos.

 

 

 

La gestión privada puede aportar eficiencia, pero nunca debe anteponerse al interés general ni convertirse en un mecanismo de enriquecimiento opaco y excluyente.

 

 

El debate está abierto y la sanidad pública, más que nunca, necesita transparencia, control democrático y un compromiso firme con el derecho a la salud.