FEIJÓO HACE RIDÍCULO HISTÓRICO BRIFÍN “SE EQUIVOCA OCHO VECES DE NOMBRE” CULPA A SÁNCHEZ Y ZAPATERO”.

 

 

 

 

La mañana amaneció tranquila en apariencia, pero bastaron unos minutos de declaraciones, un mensaje enviado desde una aplicación de mensajería y varios lapsus en público para que el debate político y mediático en España volviera a estallar como una tormenta perfecta.

 

En el centro de todo, una decisión del Gobierno que pretende proteger a los menores de 16 años del acceso a las redes sociales y, alrededor, una cadena de reacciones que han dejado al descubierto algo más profundo que un simple cruce de insultos: el choque frontal entre poder político, poder tecnológico y una oposición incapaz de encontrar un relato sólido.

 

 

Nada de esto ocurrió de forma aislada. Todo está conectado. Desde el ataque directo de Elon Musk a Pedro Sánchez, pasando por el inquietante mensaje del fundador de Telegram a millones de usuarios, hasta el episodio casi cómico —pero políticamente demoledor— protagonizado por Alberto Núñez Feijóo al equivocarse repetidamente con el nombre de una empresa durante un acto público. Lo que parecía una suma de anécdotas se ha convertido en un espejo incómodo de la España actual.

 

 

El detonante fue el anuncio del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez comunicó su intención de impulsar una normativa que limite el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

 

Una medida que, lejos de improvisarse, responde a un debate cada vez más presente en Europa: el impacto real de las plataformas digitales en la salud mental, la desinformación y la protección de la infancia.

 

Países de la Unión Europea llevan tiempo estudiando restricciones similares, pero fue España la que dio un paso al frente.

 

Ese gesto no pasó desapercibido para quienes controlan el negocio. Elon Musk, propietario de X, reaccionó con un ataque directo y personal, calificando al presidente español de “tirano” y “traidor”.

 

Un mensaje que, más allá del insulto, dejó entrever algo más preocupante: la resistencia frontal de los grandes magnates tecnológicos a cualquier intento de regulación que afecte a su modelo de negocio.

 

Las respuestas no tardaron en llegar. Periodistas, humoristas y comunicadores alzaron la voz. Isaías Lafuente fue uno de los más contundentes al recordar a Musk que, pese a su inmenso poder económico y mediático, hay algo que no puede comprar: la legitimidad democrática que otorgan las urnas.

 

Su mensaje, irónico pero certero, resonó en redes y fue respaldado por figuras como Ignatius Farray. No era solo una defensa de Pedro Sánchez, sino una defensa del principio democrático frente a la presión de intereses privados.

 

Mientras tanto, en televisión, el debate subía de tono. Programas como “El Intermedio” aprovecharon la coyuntura para señalar las contradicciones de la oposición.

 

El Gran Wyoming no solo ironizó sobre el silencio de Feijóo ante los ataques de Musk, sino que puso el foco en un episodio que ya circulaba como pólvora en redes: el líder del Partido Popular fue incapaz de pronunciar correctamente el nombre de la empresa cárnica que visitaba en Binéfar, equivocándose hasta ocho veces.

 

Lo que podría haber sido un simple lapsus lingüístico se transformó en símbolo. Símbolo de desconexión, de falta de preparación, de un liderazgo que parece más pendiente de esquivar debates incómodos que de afrontarlos.

 

Wyoming lo dijo con sarcasmo, pero el mensaje caló: mientras se libra una batalla global sobre democracia y control de las plataformas digitales, el principal líder de la oposición parece perdido entre nombres mal pronunciados y respuestas evasivas.

 

Pero el terremoto no terminó ahí. Cuando aún resonaban los comentarios sobre Musk, otro actor inesperado entró en escena: Pavel Durov, fundador de Telegram.

 

A través de un mensaje enviado directamente a los usuarios de la aplicación en España, alertó de que el Gobierno estaba impulsando “regulaciones peligrosas” que amenazaban la libertad en internet. El texto, alarmista y cuidadosamente redactado, hablaba incluso de un supuesto “Estado de vigilancia”.

 

El impacto fue inmediato. En pleno directo televisivo, periodistas y analistas reconocían haber recibido el mensaje. Antón Losada fue uno de ellos y no dudó en desmontar el discurso de la “libertad” que tanto Musk como Durov enarbolan.

 

Según el politólogo, lo que realmente está en juego no es la libertad de expresión, sino miles de millones de euros. Los menores son un negocio extraordinariamente rentable para las redes sociales y cualquier regulación supone una amenaza directa a esa fuente de ingresos.

 

 

Losada fue más allá, recordando que Telegram ha estado bajo el foco de las autoridades en distintos países por su papel en la difusión de actividades criminales, desde tráfico de drogas hasta redes de trata.

 

No se trata de ideología, insistía, sino de regulación. De la misma manera que existen espacios y productos vetados a los menores en el mundo físico, también deberían existir límites claros en el entorno digital.

 

En paralelo, el clima político se enrarecía aún más con ataques cruzados entre partidos. La figura de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a ser utilizada como arma arrojadiza por parte del Partido Popular, con acusaciones graves lanzadas sin pruebas claras.

 

Analistas y periodistas coincidían en que este tipo de estrategias no solo erosionan la reputación personal, sino que deterioran la calidad democrática y normalizan un lenguaje político cada vez más agresivo.

 

Todo esto ocurre mientras la sociedad observa, cansada y a la vez expectante. Porque más allá de nombres propios, lo que se está discutiendo es el modelo de convivencia digital que queremos.

 

¿Quién decide las reglas? ¿Los gobiernos elegidos democráticamente o los propietarios de plataformas privadas con un poder de influencia sin precedentes?

 

El episodio de Feijóo, con sus errores repetidos y su aparente desinterés por el debate de fondo, ha servido de contraste.

 

Frente a un Gobierno que asume el coste político de regular, la oposición parece atrapada entre el ridículo y la indefinición. Y eso, en un contexto tan delicado, tiene consecuencias.

 

La polémica ha destapado caretas. Ha dejado claro que cuando se toca el negocio de las redes sociales, los gigantes tecnológicos no dudan en intervenir, presionar y lanzar mensajes masivos para moldear la opinión pública.

 

También ha evidenciado que no todos los actores políticos están preparados para responder a ese desafío con claridad y coherencia.

 

España se ha convertido, casi sin quererlo, en el epicentro de un debate que trasciende sus fronteras.

 

Lo que aquí se decida puede marcar un precedente en Europa. Por eso, el ruido, los insultos y los errores no son anecdóticos. Forman parte de una batalla mayor.

 

El lector tiene ahora la última palabra. No se trata de simpatías partidistas ni de filias o fobias hacia un empresario concreto.

 

Se trata de preguntarse quién protege realmente a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, y quién defiende intereses económicos disfrazados de libertad.

 

Informarse, cuestionar y no dejarse arrastrar por mensajes simplistas es hoy, más que nunca, un acto de responsabilidad democrática.