GOLPE JUDICIAL A FEIJÓO “EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA COMPARECENCIA DE ÁBALOS EN EL SENADO”.

 

 

 

 

 

A primera hora de la mañana, cuando todavía se intentaba recomponer el tablero político tras las vacaciones de Navidad, una resolución judicial cayó como un jarro de agua fría sobre el Partido Popular y alteró de forma abrupta el guion que la derecha había diseñado para inaugurar el curso político.

 

 

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente denegó la autorización para que José Luis Ábalos compareciera en la comisión de investigación del Senado, frustrando así una puesta en escena que Génova había preparado con precisión quirúrgica y urgencia extrema.

 

No habría imagen, no habría declaración, no habría impacto inmediato. El llamado “festival Ábalos”, como ya lo describían algunos analistas, se desinflaba antes siquiera de empezar.

 

 

La decisión del Supremo no fue un simple trámite administrativo ni una negativa técnica.

 

El auto del juez fue contundente, severo en el fondo y casi áspero en la forma.

 

Reprochó abiertamente la “inopinada premura” con la que el Senado —controlado por el PP— había solicitado la comparecencia, subrayando que la petición se registró en periodo inhábil, el 30 de diciembre, y pretendía forzar una respuesta judicial en apenas 24 horas, coincidiendo con el primer día hábil tras las fiestas.

 

Un movimiento que el magistrado no solo consideró improcedente, sino difícil de comprender desde una lógica estrictamente jurídica.

 

En su resolución, Leopoldo Puente dejó caer una afirmación que resonó con fuerza en los pasillos políticos y mediáticos: la iniciativa parecía responder más a un interés mediático que penal. No es una acusación menor.

 

En el lenguaje judicial, esa frase supone una llamada de atención directa a la instrumentalización de los tribunales con fines políticos.

 

El juez no negó que Ábalos pueda comparecer en el futuro, ni cerró la puerta a una eventual declaración presencial o telemática.

 

 

Lo que hizo fue exigir algo tan básico como respeto a los tiempos procesales y a los derechos de las partes, incluida la defensa del exministro.

 

El resultado inmediato fue claro: Ábalos no saldría de la prisión de Soto del Real, no acudiría al Senado, ni siquiera intervendría por videoconferencia.

 

El Partido Popular veía así cómo se le escapaba una oportunidad que consideraba clave para marcar la agenda informativa de enero y situar de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez a la defensiva.

 

En lugar de eso, el foco se desplazó hacia la forma en que la derecha había intentado forzar la maquinaria judicial, y hacia la dureza con la que el Supremo había respondido.

 

Este revés judicial se produce, además, en un contexto político profundamente alterado por la irrupción de la política internacional en el debate doméstico.

 

España regresaba del paréntesis navideño con una agenda marcada por las comparecencias pendientes, los casos judiciales que salpican al PSOE y las tensiones internas tras resultados electorales adversos. Sin embargo, el mundo que se encontró la política española tras Reyes ya no era el mismo.

 

Venezuela, Donald Trump y la reconfiguración de alianzas globales irrumpieron con fuerza, descolocando tanto a la izquierda como a la derecha.

 

Durante semanas, el Partido Popular y Vox habían celebrado sin matices la operación de Estados Unidos en Venezuela, interpretándola como un paso decisivo hacia la liberación del pueblo venezolano y el final del régimen de Nicolás Maduro.

 

La narrativa era sencilla y eficaz: Trump como ariete contra la dictadura chavista, la oposición venezolana como aliada natural de la derecha occidental y España, bajo el Gobierno de Sánchez, como un actor tibio o directamente cómplice del régimen.

 

Pero esa narrativa empezó a resquebrajarse cuando se conocieron los verdaderos movimientos diplomáticos y económicos en marcha.

 

La apuesta de Donald Trump no parecía centrarse en María Corina Machado ni en Edmundo González, figuras emblemáticas de la oposición democrática venezolana, sino en Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro.

 

Las informaciones sobre negociaciones vinculadas al petróleo y a intereses estratégicos dejaron en evidencia que la operación no respondía a un ideal de libertad o democracia, sino a un cálculo de poder y negocio.

 

De repente, la derecha global que había aplaudido sin reservas quedó fuera de juego, atrapada en su propio relato.

 

En España, el desconcierto fue evidente. Génova pasó de la celebración entusiasta a la cautela discursiva.

 

La Fundación FAES, presidida por José María Aznar, llegó incluso a calificar lo ocurrido en Venezuela como un acto de colonización, contradiciendo abiertamente la línea marcada por Alberto Núñez Feijóo.

 

Vox, por su parte, optó por el silencio estratégico. Y mientras tanto, la izquierda observaba cómo el discurso trumpista dejaba al descubierto las contradicciones de quienes habían depositado en él la esperanza de un cambio político en Latinoamérica.

 

En este escenario de confusión internacional, el caso Ábalos adquiría una dimensión distinta.

 

Ya no era solo una cuestión judicial o parlamentaria, sino una pieza más dentro de un tablero en el que la política española se veía arrastrada por dinámicas globales imprevisibles.

 

El intento del PP de convertir la comparecencia en el Senado en el gran acto inaugural del curso político chocó no solo con el muro del Supremo, sino con una realidad internacional que desplazaba el foco y restaba impacto a la maniobra.

 

 

El magistrado Leopoldo Puente fue claro al señalar que necesitaba tiempo para pedir informe a todas las partes: a la Fiscalía Anticorrupción, a la defensa de Ábalos y a la acusación popular ejercida por el propio Partido Popular.

 

Un procedimiento estándar que, sin embargo, fue presentado desde sectores conservadores como un obstáculo injustificado.

 

La realidad es que el auto del Supremo recuerda algo esencial: los tiempos de la justicia no pueden supeditarse a los tiempos de la política ni, mucho menos, a los del espectáculo mediático.

 

Desde el punto de vista jurídico, la comparecencia de un investigado en una comisión parlamentaria cuando el caso está judicializado siempre plantea tensiones.

 

Aunque el compareciente puede acogerse a su derecho a no declarar, estas sesiones suelen utilizarse para lanzar mensajes políticos, ajustar cuentas internas o presionar a adversarios.

 

Lo vimos en su día con otras figuras implicadas en causas judiciales, y el propio debate televisivo lo reconocía abiertamente: incluso sin declarar, estas comparecencias sirven para enviar señales, especialmente al partido en el poder.

 

Pero el Supremo ha marcado un límite. No habrá atajos ni decisiones exprés en plenas vacaciones para satisfacer una estrategia política.

 

Ese mensaje, más allá del caso concreto de Ábalos, tiene un alcance institucional relevante.

 

Refuerza la idea de separación de poderes y advierte de los riesgos de convertir las comisiones de investigación en escenarios de confrontación inmediata sin las garantías mínimas.

 

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechaba el contexto internacional para reforzar su perfil exterior.

 

La ausencia del presidente en la Pascua Militar fue utilizada por el PP como munición política, pero Sánchez se encontraba en una cumbre internacional junto a líderes como Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, analizando la amenaza que supone un Trump expansionista y buscando fórmulas de mediación para Venezuela.

 

En sus declaraciones, el presidente insistió en que España puede desempeñar un papel clave en una transición negociada que desemboque en elecciones libres y limpias, donde el pueblo venezolano decida su futuro sin tutelas externas.

 

Ese discurso contrasta con el enfoque más beligerante que había defendido la derecha española hasta hace apenas unos días.

 

Y esa diferencia de enfoques, amplificada por la decisión del Supremo sobre Ábalos, ha reordenado las prioridades informativas y políticas.

 

El inicio del curso no gira ya únicamente en torno a los casos judiciales que afectan al PSOE, sino a una combinación explosiva de justicia, estrategia parlamentaria y geopolítica.

 

El caso Ábalos, lejos de cerrarse, queda aplazado. El Senado tendrá que buscar una nueva fecha, formular de nuevo la petición y conceder al Supremo el tiempo necesario para tramitarla conforme a derecho.

 

Lo más probable es que la comparecencia se produzca más adelante, en un contexto político distinto y quizá con menor impacto mediático.

 

Para el Partido Popular, el golpe es doble: pierde el efecto inmediato y queda expuesto a la crítica por haber actuado con una premura que el propio juez considera incomprensible.

 

Para la ciudadanía, el episodio deja varias lecturas. La primera, que la justicia actúa con independencia incluso bajo presión política.

 

La segunda, que la política española atraviesa un momento de profunda inestabilidad discursiva, en el que los grandes relatos se construyen y se derrumban a gran velocidad, a menudo empujados por factores internacionales que escapan al control nacional.

 

Y la tercera, que la batalla por el relato —ya sea en torno a Venezuela, a Trump o a un exministro investigado— se libra tanto en los tribunales como en los platós y las redes sociales.

 

En este arranque de año, nada parece cerrado. Ni el futuro judicial de José Luis Ábalos, ni la estrategia del Partido Popular, ni el papel que España jugará en la crisis venezolana.

 

Lo único claro es que el Supremo ha frenado en seco una maniobra política diseñada para impactar, y que ese frenazo ha alterado el ritmo de un curso político que prometía intensidad, pero que ya ha demostrado ser mucho más imprevisible de lo que nadie anticipaba.