Dos semanas con el fiscal general condenado y sin saber por qué.

 

 

 

 

15 días después de la publicación del fallo contra García Ortiz, el Supremo no ha dado cuenta de la fundamentación jurídica de dicha condena.

 

 

 

 

 

 

Han transcurrido ya dos semanas desde que el Tribunal Supremo dictó el fallo condenatorio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos.

 

 

Sin embargo, la fundamentación jurídica que sustenta la sentencia sigue sin ver la luz, generando una situación inédita y polémica en la historia judicial española.

 

 

La condena, que implica dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una indemnización de 10.000 euros y una multa de 7.300 euros, ha dejado el sistema judicial y político en vilo, a la espera de conocer los argumentos que llevaron a cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda a tomar esta drástica decisión.

 

 

El 20 de noviembre de 2025, el Supremo anticipó el fallo contra García Ortiz, acusado de difundir datos privados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

 

 

La revelación de estos datos, en el contexto de una investigación sobre presunto fraude fiscal, fue considerada por la mayoría de los jueces como constitutiva de delito según el artículo 417.7 del Código Penal.

 

 

 

La ponencia definitiva recayó en Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda, después de que la magistrada progresista Susana Polo, encargada inicial de la ponencia, alegara no encontrar argumentos sólidos para condenar.

 

 

Tanto Polo como Ana María Ferrer García, también magistrada de la sala, anunciaron votos particulares en desacuerdo con la mayoría, lo que añade aún más incertidumbre y expectación sobre el contenido de la sentencia.

 

 

Quince días después del fallo, el Tribunal Supremo aún no ha publicado la sentencia completa ni la fundamentación jurídica que explique el porqué de la condena.

 

 

Según fuentes judiciales, el adelanto del resultado buscaba evitar filtraciones tras el cambio de ponente, aunque reconocen que se trata de una situación “anómala”.

 

 

La propia nota del Poder Judicial admite que la sentencia “está pendiente de elaboración”, lo que induce a pensar que la decisión se tomó antes de consolidar la argumentación y la motivación.

 

 

En un contexto de máxima tensión, la judicatura ha defendido la legalidad del procedimiento, aunque expertos y juristas han mostrado su preocupación por la vulneración de principios básicos del derecho. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, declaró a ElPlural.com que “es evidente que se publicó el fallo sin tener redactada la fundamentación”, lo que considera contrario a los artículos 24 y 120 de la Constitución Española, que exigen que las sentencias sean debidamente fundamentadas.

 

 

 

La controversia se ha visto alimentada por la publicación de grabaciones en medios de comunicación, en las que hasta tres jueces del Supremo impartían cursos remunerados en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones y querellantes en el caso.

 

 

 

En esas grabaciones, Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo comentaban detalles internos del proceso, como el tiempo de reflexión, la fecha de deliberación y la jornada en la que se adelantaría el fallo, cobrando 90 euros la hora por estas actividades.

 

 

 

Estos hechos han suscitado dudas sobre la imparcialidad y transparencia del procedimiento, en un caso que por primera vez ha llevado a la condena de un fiscal general del Estado en España.

 

 

El Gobierno de España ha criticado abiertamente la tardanza del Supremo en publicar la fundamentación jurídica, que tumbó a su fiscal general y obligó a nombrar a Teresa Peramato como sucesora.

 

 

 

El presidente Pedro Sánchez, junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han hecho declaraciones institucionales en las que, aunque aceptan el sentido del fallo, dejan claro que no lo comparten y reiteran su confianza en las instituciones de justicia.

 

 

La ministra Margarita Robles ha mantenido una postura comedida, pidiendo respeto a la independencia judicial.

 

 

 

Por otro lado, otros miembros del Ejecutivo y portavoces de partidos de izquierda han elevado el tono de la crítica. Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo; Patxi López, portavoz del PSOE; Ione Belarra, portavoz de Podemos; y Gabriel Rufián, portavoz de ERC, han cuestionado tanto la forma como el contenido del fallo, exigiendo explicaciones y transparencia al Supremo.

 

 

La ausencia de fundamentación jurídica en una sentencia condenatoria de esta magnitud plantea serias dudas sobre la garantía de los derechos fundamentales.

 

 

 

Los artículos 24 y 120 de la Constitución Española establecen que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva y que las sentencias deben ser motivadas y públicas.

 

 

La demora en la publicación de la motivación jurídica vulnera estos principios y puede abrir la puerta a recursos y reclamaciones internacionales.

 

 

Expertos advierten que la falta de transparencia y el adelanto del fallo sin argumentación pueden sentar un precedente peligroso, debilitando la confianza en el sistema judicial y la percepción de independencia de los jueces.

 

 

El hecho de que la sentencia se haya dictado antes de estar redactada la fundamentación refuerza las sospechas de que el proceso pudo estar influido por factores externos, más allá de la estricta aplicación del derecho.

 

 

La condena a García Ortiz implica su inhabilitación durante dos años, lo que le impide retomar la carrera judicial, además del pago de una indemnización y una multa.

 

 

La sentencia, cuando finalmente se publique, será una de las más polémicas de la legislatura y podría marcar un antes y un después en la relación entre la judicatura y el poder político.

 

 

 

El caso ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial, en un momento en que la independencia de los jueces y la transparencia de los procesos judiciales son objeto de escrutinio público.

 

 

La sustitución de García Ortiz por Teresa Peramato ha sido recibida con cautela, en un contexto de incertidumbre y desconfianza.

 

Se espera que antes de que acabe el año se conozca la fundamentación jurídica de la sentencia, aunque la demora ya ha dejado una huella profunda en el debate político y judicial.

 

 

La oposición ha aprovechado la situación para criticar la gestión del Gobierno y exigir reformas en el sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales.

 

 

Por su parte, los colectivos de juristas y asociaciones profesionales han reclamado mayor transparencia y rigor en los procedimientos, alertando sobre el riesgo de politización de la justicia y la necesidad de garantizar la imparcialidad y la motivación de todas las sentencias, especialmente en casos de tanta relevancia institucional.

 

 

El caso García Ortiz ha puesto en evidencia las debilidades y los retos del sistema judicial español.

 

 

La condena al fiscal general del Estado, dictada sin fundamentación jurídica publicada, ha generado una situación inédita que pone en cuestión la transparencia, la independencia y la legitimidad de las decisiones judiciales.

 

 

 

Mientras el país espera conocer los argumentos que sustentan el fallo, el debate sobre la reforma de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales cobra más fuerza que nunca.

 

 

 

La sentencia, cuando se publique, será analizada con lupa por juristas, políticos y ciudadanos, y marcará el rumbo de futuras decisiones en el ámbito judicial y político.

 

 

La exigencia de transparencia, motivación y respeto a la Constitución será clave para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia sea, efectivamente, igual para todos.