SILVIA INTXAURRONDO DESTROZA A FEIJÓO POR INSULTAR VÍCTIMAS ETA Y DANA COMISIÓN SENADO.

 

 

 

 

La escena fue incómoda desde el primer minuto. No por lo que se esperaba escuchar, sino por lo que nadie quería volver a sentir.

 

En la sala del Congreso, bajo las luces frías y las cámaras encendidas, el nombre de una tragedia reciente volvió a pronunciarse con un tono que dolía. La DANA, las muertes, el agua desbordada, el miedo atrapado en casas y calles, regresaban al centro del debate político.

 

Y con ellas, una pregunta que sigue sin respuesta clara para miles de familias: ¿quién falló cuando más se necesitaba que alguien no fallara?

 

Alberto Núñez Feijóo comparecía ante la comisión de investigación sobre la DANA con un discurso que, lejos de cerrar heridas, las volvió a abrir.

 

No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Cada frase parecía formar parte de un relato construido para resistir, no para esclarecer.

 

Y mientras las palabras iban y venían entre reproches, acusaciones cruzadas y referencias fuera de contexto, el ruido político se imponía a algo mucho más frágil y mucho más importante: la memoria de las víctimas.

 

Porque lo ocurrido durante la DANA no es un capítulo más de la confrontación parlamentaria.

 

Fue una tragedia que dejó más de doscientas personas muertas, familias destrozadas y una comunidad entera marcada para siempre.

 

Y, sin embargo, en la comisión, el tono fue el de un combate. Aplausos, golpes en la mesa, interrupciones constantes.

 

Un ambiente que muchos describieron como un mitin encubierto, no como una búsqueda sincera de la verdad.

 

Feijóo defendió su actuación y la del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

 

Insistió en que el principal responsable fue el Gobierno central y los organismos estatales.

 

Habló de falta de información, de errores ajenos, de decisiones que no dependían de la administración autonómica.

 

Pero ese discurso choca frontalmente con lo que ya consta en resoluciones judiciales y en documentación oficial.

 

La jueza que investiga la DANA ha sido clara: información hubo, avisos también, y la responsabilidad de actuar recaía en la Generalitat.

 

Los datos no son interpretaciones políticas. La AEMET emitió múltiples boletines de alerta desde días antes.

 

El 29 de octubre, a primera hora de la mañana, ya había avisos de nivel rojo. La Confederación Hidrográfica del Júcar envió cientos de correos automáticos alertando del aumento de caudales.

 

Todo eso llegó al CECOPI. Todo eso estaba sobre la mesa. Lo que no llegó fue una respuesta a la altura de la gravedad del momento.

 

En su comparecencia, Feijóo corrigió versiones previas sobre cuándo y cómo estuvo informado. Primero dijo que no tuvo contacto con Mazón en el momento clave; luego matizó; después habló de confusiones de días.

 

Reconoció errores de expresión, pero negó haber mentido. Sin embargo, la sensación que quedó en muchos fue la de un relato que se ajusta según conviene, no según lo que realmente ocurrió.

 

Uno de los momentos más polémicos fue cuando Feijóo recurrió a ETA en medio del debate sobre la DANA.

 

Mencionar a las víctimas del terrorismo en una comisión que investiga una catástrofe natural fue visto por muchos como un intento de desviar la atención.

 

Especialmente doloroso para quienes perdieron a familiares en las riadas. De repente, la conversación dejaba de estar centrada en quienes murieron ahogados, atrapados en sus casas o en sus coches, para convertirse en un arma arrojadiza más dentro del enfrentamiento político.

 

 

Las reacciones no se hicieron esperar. Analistas, periodistas y representantes de víctimas coincidieron en señalar que ese recurso no solo era innecesario, sino profundamente ofensivo.

 

No porque la memoria de las víctimas de ETA no merezca respeto, sino porque instrumentalizarla en un contexto ajeno banaliza el dolor y lo convierte en munición retórica.

 

Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Cada intervención política iba acompañada de murmullos, aplausos selectivos y reproches.

 

Algunos diputados no pudieron exponer sus argumentos con normalidad debido a las interrupciones constantes.

 

Para quienes seguían la sesión desde dentro, el ruido era ensordecedor. Para quienes la veían desde fuera, el espectáculo resultaba desolador.

 

 

Y mientras tanto, fuera del Congreso, las familias de las víctimas de la DANA seguían esperando algo muy distinto.

 

Esperaban claridad. Esperaban responsabilidades. Esperaban, al menos, una forma de respeto que no llegaba.

 

Mariló Gradolí, en representación de las víctimas, lo expresó con una mezcla de dolor y rabia contenida. Escuchar de nuevo un relato que, quince meses después, sigue negando lo evidente fue, en sus palabras, bochornoso y profundamente doloroso.

 

Porque Carlos Mazón no dimitió plenamente. Dejó la presidencia, pero mantiene su acta como diputado. Nadie se la ha pedido.

 

Nadie dentro de su partido ha marcado una línea clara de ruptura. Al contrario, Feijóo sigue respaldándolo públicamente, insistiendo en que ya ha asumido responsabilidades.

 

Para las víctimas, eso no es asumir nada. Es resistir políticamente mientras el tiempo pasa y el foco mediático se desplaza.

 

La comisión de investigación, que debería servir para detectar fallos y evitar que algo así vuelva a ocurrir, se convirtió en otra cosa.

 

En un escenario de confrontación donde cada parte defendía su relato con uñas y dientes. Donde las verdades judiciales eran cuestionadas sin pruebas nuevas. Donde la estrategia parecía más importante que la empatía.

 

Muchos se preguntan por qué Feijóo mantiene esta línea. Por qué insiste en un discurso que choca con los autos judiciales y con la documentación conocida.

 

La respuesta puede estar en la coherencia interna de una estrategia política sostenida durante más de un año.

 

Cambiar ahora implicaría admitir errores graves, no solo de gestión, sino de liderazgo. Y eso, en un contexto de competencia electoral y presión interna, tiene un coste que quizá no está dispuesto a asumir.

 

Pero cada vez que se mantiene ese relato, el coste lo pagan otros. Lo pagan quienes perdieron a un padre, a una hija, a un hermano.

 

Lo pagan quienes aún viven en casas reconstruidas a medias. Lo pagan quienes sienten que su tragedia se utiliza como argumento político sin que nadie les mire a los ojos para decirles la verdad.

 

La DANA no fue un accidente inevitable. Fue una catástrofe agravada por decisiones que no se tomaron a tiempo. Eso es lo que dicen los hechos, los informes, las resoluciones judiciales. Negarlo no cambia lo ocurrido. Solo prolonga el dolor.

 

Cuando una comisión de investigación se convierte en un ring verbal, pierde su sentido. Cuando los responsables políticos prefieren la bronca a la autocrítica, la democracia se empobrece.

 

Y cuando las víctimas sienten que su sufrimiento se usa como arma arrojadiza, algo esencial se rompe.

 

Hoy, más de un año después, la pregunta sigue ahí, incómoda e insistente: ¿quién asume de verdad la responsabilidad por lo que pasó durante la DANA? No con palabras calculadas, no con ataques al adversario, sino con hechos claros, con verdad y con respeto.

 

 

La sociedad no necesita más ruido. Necesita memoria, justicia y aprendizaje. Necesita que lo ocurrido no se repita.

 

Y eso solo será posible cuando quienes tienen poder entiendan que hay momentos en los que la política debería callar un poco y escuchar mucho más.

 

Porque detrás de cada dato, de cada informe y de cada comparecencia, hay nombres, hay rostros y hay historias que no se pueden borrar con un aplauso ni con una frase bien ensayada.

 

La DANA no es un relato político. Es una herida abierta. Y solo la verdad, dicha sin rodeos, puede empezar a cerrarla.