BOMBAZO IGNACIO ESCOLAR HACE TEMBLAR GÉNOVA “FEIJÓO ORDENÓ OCULTAR ESCÁNDALO ACOSO SEXUAL DEL PP.

 

 

 

Nepotismo, acoso y silencio: la política española ante el espejo de sus propias contradicciones.

 

 

 

En las últimas semanas, la política española ha estado marcada por una sucesión de escándalos y polémicas que han puesto en evidencia las debilidades de los grandes partidos a la hora de gestionar casos de nepotismo, acoso y comportamientos machistas.

 

 

Extremadura y Andalucía se han convertido en epicentro de un debate que trasciende lo local y revela la incapacidad de las estructuras políticas para asumir responsabilidades y depurar conductas intolerables.

 

 

La polémica estalló cuando se supo que el chófer oficial de María Guardiola, presidenta de Extremadura, era en realidad un churrero y, además, familiar suyo.

 

 

La pregunta que muchos se hicieron fue inmediata: ¿por qué se contrata a un churrero como chófer oficial? ¿Tiene algo que ver su parentesco con la presidenta? Más allá de la anécdota, el asunto revela una práctica extendida en la política española: el nepotismo.

 

 

No importa si el candidato tiene experiencia o formación para el cargo; lo que cuenta es la cercanía familiar o personal.

 

 

Pero la controversia no termina ahí. El chófer, según se supo posteriormente, tenía problemas con la justicia y aparecía en el fichero Biogen, una base de datos de protección a víctimas de violencia de género.

 

 

Cuando los medios intentaron obtener una respuesta sobre su situación, la reacción del gabinete de Guardiola fue de silencio absoluto, hasta que finalmente se anunció su despido. Sin embargo, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿por qué fue contratado en primer lugar?

 

 

 

Este episodio recuerda otros debates recientes sobre supuestos casos de enchufismo, como el del hermano de Pedro Sánchez, contratado como músico por la Diputación.

 

 

Sin embargo, como señalan algunos periodistas, contratar a un músico para hacer de músico no es comparable a contratar a un churrero para hacer de chófer, ni a un portero de discoteca para asesorar en asuntos de alta política.

 

 

La diferencia radica en la idoneidad y la transparencia de los procesos de selección.

 

 

Más grave aún es la gestión de las denuncias de acoso y comportamientos machistas dentro del PP de Extremadura.

 

 

En los últimos días, se ha conocido que el partido intentó frenar la denuncia de una concejala de Navalmoral de la Mata contra el alcalde Enrique Hueso, acusado de trato machista hacia sus compañeras.

 

 

La mujer alertó al partido a nivel regional, pero su denuncia no prosperó.

 

 

En un audio publicado por la prensa, el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Julia, admite su preocupación por si el caso estalla y reconoce que han pedido la intervención del presidente provincial, Laureano León.

 

 

El audio refleja la estrategia habitual: preocupación por el daño reputacional, intentos de mediar para evitar que el escándalo salga a la luz y, en última instancia, largas y evasivas para la denunciante.

 

 

Guardiola, según su propio testimonio, recibió frases como “aguanta” o “ya sabes cómo es Enrique”, en referencia al alcalde.

 

 

El resultado: silencio, impunidad y una sensación de desprotección para las víctimas.

 

 

Lo más llamativo es que, apenas cinco días antes de que se conocieran las acusaciones, Enrique Hueso estaba en un mitin junto a Feijóo y Guardiola, aplaudiendo discursos contra el machismo y la violencia de género.

 

 

La contradicción es evidente: se condena públicamente el machismo mientras se protege o se ignora a los acusados dentro de las propias filas.

 

 

La gestión de casos similares en otras regiones tampoco ofrece mejores ejemplos. En Algeciras, José Ignacio Landaluce, alcalde histórico y senador popular, sigue en su cargo pese a las acusaciones de acoso sexual.

 

 

El PP andaluz sostiene que, al haberse dado de baja como militante y pasar al grupo mixto en el Senado, ya no pueden hacer nada.

 

 

Sin embargo, los concejales que sostienen su mayoría absoluta siguen siendo del PP y podrían apartarlo si realmente quisieran.

 

 

La responsabilidad se diluye, se traslada a instancias provinciales y se convierte en una excusa para no actuar.

 

 

Esta estrategia no es exclusiva del PP. El PSOE empleó argumentos similares en el caso de Paco Salazar, quien también se dio de baja de militancia justo cuando estalló el escándalo.

 

 

La táctica es clara: desvincularse formalmente del acusado y evitar asumir responsabilidades políticas.

 

 

En Castellón, el alcalde de Jérica fue imputado por presunto acoso a dos menores.

 

 

En este caso, la reacción fue más rápida: se pidió al Comité de Garantías que suspendiera su militancia y se le cesó de su puesto de asesor en la Diputación.

 

 

Aunque la respuesta fue más ágil, sigue siendo un ejemplo aislado en un mar de silencios y evasivas.

 

Algunos analistas ven en el caso Salazar y en la sucesión de denuncias una oportunidad para que la política española viva su propio movimiento MeToo.

 

 

El ámbito político, por su naturaleza jerárquica y de poder, es especialmente propenso a abusos y acosos.

 

 

Sin embargo, los partidos no están preparados ni concienciados para abordar estos casos con la seriedad y la contundencia necesarias.

 

 

La instrumentalización política de los casos de acoso, como se ha visto en el uso del caso Salazar para atacar al entorno de la Moncloa, revela que el feminismo y la protección de las víctimas no son el verdadero objetivo.

 

 

Lo que importa es el desgaste del adversario, no la defensa de los derechos de las mujeres.

 

 

Ningún partido ha actuado correctamente, ni el PSOE ni el PP ni Vox. La dimisión o el cese de los acusados llega tarde, cuando el daño ya está hecho y la presión mediática es insostenible.

 

 

Los casos de Algeciras y Navalmoral de la Mata muestran otro problema estructural: el poder local concentrado en figuras carismáticas y “caciques” que gobiernan durante décadas y acumulan influencia.

 

 

El miedo a enfrentarse a estos líderes es palpable entre los concejales y los propios partidos, que prefieren mirar hacia otro lado antes que asumir el coste político de una destitución.

 

 

La historia reciente está llena de ejemplos similares, desde los alcaldes de Burgos y León en la época de Aznar hasta los actuales casos en Andalucía y Extremadura.

 

 

El coste político de enfrentarse a estos líderes es alto, pero el coste de no hacerlo es aún mayor: pérdida de credibilidad, perpetuación de conductas abusivas y desprotección de las víctimas.

 

La respuesta es compleja. Por un lado, existe una falta de conciencia real sobre la gravedad de los casos de acoso y machismo.

 

 

Los partidos no tienen protocolos claros ni estructuras preparadas para gestionar estas denuncias.

 

 

Por otro, el cálculo político pesa más que la ética: apartar a un alcalde poderoso puede significar perder la mayoría en un ayuntamiento clave, debilitar la estructura territorial o abrir grietas internas.

 

 

El resultado es un sistema que protege al poder y silencia a las víctimas.

 

 

Las denuncias se gestionan con largas, con excusas y con formalismos que buscan diluir la responsabilidad. Solo cuando la presión mediática y social es insostenible, se actúa, pero casi nunca de forma preventiva o ejemplarizante.

 

 

La instrumentalización del feminismo para atacar al adversario político es una constante en el discurso público.

 

 

Se condena el machismo del rival, pero se protege al propio. Se exige dimisiones en otros partidos, pero se retrasa la acción en el propio.

 

 

La coherencia brilla por su ausencia y el mensaje a la sociedad es devastador: la política no es capaz de proteger a las mujeres ni de depurar las conductas abusivas.

 

 

Para que la política española avance, es imprescindible que los partidos asuman su responsabilidad, establezcan protocolos claros y actúen con transparencia y contundencia ante cualquier denuncia de acoso o machismo.

 

 

El poder no puede ser excusa para la impunidad, ni la militancia puede servir de escudo para los abusos.

 

La sucesión de escándalos y denuncias en Extremadura, Andalucía y otras regiones puede ser una oportunidad para que la política española se mire en el espejo y decida cambiar.

 

 

El reto es enorme: acabar con el nepotismo, proteger a las víctimas de acoso, depurar responsabilidades y dejar de instrumentalizar el feminismo como arma política.

 

 

La sociedad exige respuestas y los partidos deben estar a la altura. Silenciar, proteger o mirar hacia otro lado solo perpetúa el problema y debilita la democracia.

 

 

Es hora de que la política española asuma el reto y convierta la crisis en una oportunidad para la regeneración y la justicia.