IKER JIMÉNEZ LA HA LIADO Y SE CARGA A PABLO IGLESIAS Y GOBIERNO D SÁNCHEZ DESMONTANDO INDUSTRIA WOKE.

 

En las últimas horas se ha viralizado un discurso que mezcla acusaciones muy graves contra medios públicos, periodistas, plataformas audiovisuales, cineastas y hasta gobiernos extranjeros. Un relato que habla de censura, manipulación ideológica, “agenda 2030”, puntos discriminatorios en subvenciones culturales y un supuesto control absoluto del pensamiento en España y en todo Occidente.

 

Cuando un mensaje así circula con fuerza, especialmente en redes sociales, merece algo más que aplausos o insultos automáticos: merece contexto, datos y contraste.

 

Porque en el centro de ese discurso aparecen nombres propios y afirmaciones que no son menores. Se menciona a Televisión Española como instrumento de propaganda. Se señala a periodistas concretos como Javier Ruiz.

Se alude a figuras políticas como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Se cita al presentador Iker Jiménez como ejemplo de supuesto periodismo perseguido. Y se desliza incluso la idea de una dirección ideológica global vinculada al Partido Demócrata de Estados Unidos.

 

Son acusaciones de enorme calado. Y precisamente por eso requieren rigor.

 

¿Control ideológico del cine?

 

Uno de los ejes del discurso es el sistema de subvenciones al cine en España. Se sostiene que solo reciben ayudas las películas “ideológicamente aceptables”, que existe un sistema de puntos discriminatorio contra hombres y que el mérito profesional apenas cuenta.

 

En España, las ayudas públicas al cine se canalizan principalmente a través del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), dependiente del Ministerio de Cultura.

Los criterios de concesión incluyen aspectos como viabilidad económica, calidad del proyecto, trayectoria del equipo, financiación previa asegurada y cumplimiento de determinados requisitos legales, entre ellos planes de igualdad y diversidad.

 

Es cierto que en los últimos años se han incorporado criterios destinados a fomentar la igualdad de género en la industria audiovisual.

Esto responde a directrices europeas y a políticas públicas de igualdad ampliamente debatidas y aprobadas en el Parlamento. No es un sistema secreto ni oculto: los baremos están publicados en convocatorias oficiales.

 

Otra cosa es el debate legítimo sobre si esos criterios son adecuados, si deben modificarse o si generan efectos indeseados. Ese debate es político y cultural. Pero convertirlo en una conspiración opaca sin base documental sólida es un salto cualitativo.

 

En cualquier sistema de ayudas públicas hay subjetividad en la valoración artística. Eso ocurre en España, en Francia, en Alemania o en Estados Unidos.

La discusión sobre cómo equilibrar mérito, diversidad y libertad creativa es compleja, pero no puede reducirse a “si no eres de un bando, no existes”.

 

¿Medios al servicio del Gobierno?

 

Otra afirmación central es que los medios públicos y privados estarían coordinados para imponer un relato único favorable al Gobierno. Se mencionan supuestos “bulos” difundidos en programas informativos y se habla de una maquinaria mediática orquestada.

 

En el caso de RTVE, su marco legal establece un mandato de servicio público y mecanismos de control parlamentario.

¿Eso significa que esté libre de críticas? No. RTVE ha sido cuestionada históricamente por gobiernos de distinto signo político. La independencia de los medios públicos es un debate permanente en muchas democracias.

 

Pero afirmar que existe un plan coordinado para “atrofiar el cerebro” de la población implica algo mucho más grave: la existencia de una manipulación sistemática y deliberada sin fisuras.

Para sostener algo así no basta con desacuerdos editoriales o enfoques discutibles; se necesitarían pruebas estructurales y documentadas.

 

Además, el ecosistema mediático español es extremadamente plural. Existen medios abiertamente críticos con el Gobierno, con líneas editoriales muy diversas.

Programas, tertulias, plataformas digitales y canales de YouTube con millones de visualizaciones cuestionan a diario al Ejecutivo. Esa diversidad, guste más o menos, es incompatible con la idea de un control total.

 

El concepto de “agenda”

 

El discurso también invoca la llamada “agenda 2030” como marco ideológico impuesto. La Agenda 2030 es un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015 y suscritos por 193 países. Incluye metas sobre pobreza, igualdad, educación, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico.

 

Se puede criticar su aplicación, su eficacia o su orientación política. Pero no es un documento clandestino ni una hoja de ruta secreta. Es público y accesible.

 

En el terreno cultural, muchas instituciones europeas promueven criterios de sostenibilidad, igualdad y diversidad en proyectos financiados con fondos públicos. Esto forma parte de políticas públicas debatidas y aprobadas en órganos representativos.

Reducirlo a un “adoctrinamiento” coordinado desde un partido extranjero simplifica en exceso una realidad institucional mucho más compleja.

 

Libertad creativa y mercado

 

Otro argumento frecuente es que solo existen dos tipos de cine con recorrido: el “neutral” (superhéroes, comedia ligera) y el ideológico de izquierdas. Sin embargo, el mercado audiovisual actual es extraordinariamente diverso.

Plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO producen contenidos de múltiples orientaciones temáticas y políticas, desde thrillers conservadores hasta dramas sociales progresistas.

 

El éxito o fracaso de una obra depende de múltiples factores: presupuesto, marketing, distribución, competencia en cartelera, tendencias de consumo. La industria cultural siempre ha estado influida por corrientes sociales dominantes, pero también por modas comerciales.

 

Afirmar que todo responde a un diseño centralizado ignora la lógica empresarial y la competencia global del sector audiovisual.

 

El papel del espectador

 

El discurso viral insiste en que la ciudadanía es manipulada sin darse cuenta. Aquí aparece una cuestión de fondo: la responsabilidad individual en el consumo informativo.

 

Vivimos en la era de la sobreinformación. El acceso a fuentes diversas es mayor que nunca. El reto no es la ausencia de información, sino la capacidad de discernir, contrastar y no quedarse con un único relato.

 

Reducir a la sociedad a una masa “infantiloide” incapaz de pensar por sí misma también es una forma de simplificación peligrosa. La ciudadanía vota, debate, cambia de opinión, protesta, apoya o castiga en las urnas. Esa dinámica demuestra que el pensamiento no es monolítico.

 

Polarización y relato

 

Lo que sí es innegable es que la polarización política ha aumentado. El lenguaje se ha endurecido. Los discursos hablan de “enemigos”, “adoctrinamiento”, “censura”, “partitocracia”. Esa retórica genera clics, viralidad y adhesión emocional.

 

Pero cuanto más radical es el diagnóstico, mayor debe ser la exigencia de pruebas.

 

Decir que los políticos “no están al servicio del pueblo” es una crítica política clásica. Puede discutirse en cada caso concreto, con datos de gestión, decisiones presupuestarias o resultados electorales.

Sin embargo, afirmar que existe una estructura internacional perfectamente teledirigida que controla cultura, medios y pensamiento requiere evidencias sólidas, no solo percepciones.

 

El riesgo de las narrativas totales

 

Las narrativas que explican todo mediante una única causa —una agenda, un plan, una mano negra— resultan atractivas porque simplifican la complejidad. Ofrecen un enemigo claro y una estructura coherente. Pero la realidad institucional y económica suele ser más caótica y menos coordinada de lo que esas narrativas sugieren.

 

En democracia, el poder es fragmentado: gobiernos, parlamentos, tribunales, empresas privadas, organismos internacionales, sociedad civil. Hay conflictos de intereses, sí. Hay luchas ideológicas, por supuesto. Pero también hay contrapesos, competencia y pluralidad.

 

El debate necesario

 

Nada de esto significa que el sistema cultural o mediático sea perfecto. Se puede debatir si las subvenciones deberían reformarse, si los medios públicos necesitan blindajes adicionales de independencia, si la polarización está afectando a la calidad informativa o si ciertos enfoques ideológicos dominan espacios concretos.

 

Ese debate es legítimo y necesario.

 

Lo que no ayuda es convertirlo en una batalla apocalíptica donde todo está manipulado y no existe margen de libertad.

 

Porque si realmente creyéramos que todo está controlado, que cada película, cada informativo y cada decisión cultural responde a un plan oculto, entonces el propio debate sería imposible. Y sin debate no hay democracia.

 

La clave no está en elegir entre “todo es propaganda” o “todo es perfecto”. Está en exigir transparencia, contrastar datos, apoyar medios rigurosos y participar activamente en la conversación pública.

 

En un entorno saturado de mensajes virales, la mejor defensa no es el miedo ni la indignación automática. Es el pensamiento crítico.

 

Y ese, por mucho que algunos sostengan lo contrario, no depende de una agenda secreta. Depende de cada uno de nosotros.