Francia DENUNCIA a Sánchez por NEGLIGENCIA en la DANA de Valencia.

La relación entre Francia y el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que el presidente español llegó a La Moncloa.
No se trata de una discrepancia diplomática menor ni de un roce puntual entre ministerios.
Lo que ha salido a la luz en París ha reabierto una herida que nunca llegó a cerrarse del todo y que vuelve a situar en el centro del debate la gestión política de una de las mayores tragedias naturales vividas en España en los últimos años: la DANA que devastó Valencia.
Durante meses, el relato oficial en España ha insistido en que se actuó con los medios disponibles, que las administraciones respondieron conforme a los protocolos y que la magnitud de la catástrofe desbordó incluso a los sistemas más preparados.
Sin embargo, desde Francia ha emergido ahora una versión incómoda, documentada y políticamente explosiva, que pone en cuestión una decisión clave tomada en las primeras horas tras el desastre.
No ha sido una filtración anónima ni un comentario al pasar. Ha sido una admisión pública, realizada en sede parlamentaria, por parte del ministro del Interior francés durante la presentación del balance de gestión de su departamento.
Sus palabras han caído como un mazazo: Francia ofreció ayuda inmediata a España tras la DANA de Valencia y el Gobierno español la rechazó.
El dato no es menor. Según explicó el ministro francés, París puso a disposición de España un contingente de 250 bomberos profesionales, perfectamente equipados, con camiones, material técnico pesado y capacidad operativa para desplazarse a la zona afectada en menos de 24 horas.
No se trataba de una promesa genérica ni de un gesto simbólico. Era una oferta concreta, estructurada y lista para ejecutarse de inmediato.
La propuesta, siempre según la versión francesa, fue trasladada directamente al Ministerio del Interior español.
Y la respuesta que recibieron fue clara: no hacía falta ayuda externa porque España contaba con recursos suficientes y el Ejército ya había sido movilizado.
Esa negativa, sostenida en caliente y sin matices, es la que un año después Francia califica abiertamente como un error político de alto nivel.
En París no esconden su malestar. Lo que en su momento se aceptó con discreción y respeto institucional, hoy se analiza a la luz de las consecuencias humanas y materiales de la tragedia.
Y la conclusión a la que llegan es demoledora: rechazar aquella ayuda fue una decisión incomprensible.
La indignación francesa no nace solo de una diferencia de criterio técnico. Tiene un componente humano y político de enorme peso.
En la Comunidad Valenciana residen miles de ciudadanos franceses, muchos de ellos directamente afectados por la DANA.
Desde el primer momento, el Gobierno francés siguió con especial atención la evolución de la catástrofe, consciente de que había compatriotas atrapados, evacuados o en situación de riesgo.
Por eso, según han reiterado portavoces del Ministerio de Exteriores francés en distintas ocasiones, los equipos de emergencia permanecieron en alerta durante horas, preparados para salir “en cuanto España lo solicitara”. Esa llamada nunca llegó.
La versión ofrecida desde el Gobierno español ha sido, desde entonces, una sucesión de explicaciones técnicas y reparto de competencias.
El Ministerio del Interior ha sostenido que, una vez activado el nivel dos de emergencia, la gestión correspondía a la Generalitat Valenciana y no al Ejecutivo central.
Un argumento que, si bien puede tener encaje administrativo, no ha convencido ni dentro ni fuera de España.
En Francia esa explicación se interpreta como una maniobra para diluir responsabilidades políticas en uno de los momentos más críticos de la legislatura.
La sensación, expresada sin ambages en círculos políticos parisinos, es que el Gobierno de Sánchez priorizó el control del relato y la imagen de autosuficiencia frente a la urgencia de sumar todos los recursos posibles para salvar vidas y acelerar las labores de rescate.
Que esta crítica llegue ahora, un año después, no es casual. El contexto político internacional ha cambiado y la paciencia diplomática también.
Francia no habla desde la confrontación, sino desde la decepción de un aliado que considera que se actuó mal cuando más importaba actuar bien.
El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato. En España, el asunto ha reavivado el debate sobre la gestión de la DANA, una tragedia cuyas cicatrices siguen abiertas en muchas localidades valencianas.
Familias que perdieron a seres queridos, vecinos que lo perdieron todo y municipios enteros que tardaron semanas en recuperar una mínima normalidad vuelven a preguntarse si se hizo todo lo posible.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿habría cambiado algo la llegada de 250 bomberos franceses en las primeras 24 horas? Nadie puede ofrecer una respuesta definitiva, pero lo que sí está claro es que habría sumado capacidad operativa en un momento en el que cada minuto contaba.
Desde París insisten en que no se trataba de cuestionar la soberanía española ni de imponer una intervención.
Era un ofrecimiento habitual entre países vecinos y aliados, especialmente en situaciones de catástrofe.
De hecho, recuerdan que Francia ha recibido ayuda internacional en circunstancias similares y que España también la ha prestado en otros episodios.
Por eso, en el entorno del Gobierno francés se habla ya abiertamente de “negligencia política”.
No de un error técnico, no de un fallo burocrático, sino de una decisión política que tuvo consecuencias reales.
Tiempo perdido, recursos desaprovechados y, según la percepción de muchos, sufrimiento evitable para las víctimas.
La reacción en España ha sido defensiva. Moncloa guarda silencio, mientras Interior se remite a explicaciones ya conocidas.
Pero el daño está hecho. Que un país como Francia señale directamente al presidente del Gobierno por su gestión de una catástrofe natural sin precedentes recientes es un golpe a la credibilidad internacional del Ejecutivo español.
Este episodio se suma, además, a un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez.
Las tensiones internas, los escándalos políticos, el desgaste institucional y la creciente desconfianza de parte de la opinión pública han dejado al presidente en una posición de debilidad.
Y ahora, un socio estratégico pone en duda su capacidad de liderazgo en una crisis humanitaria.
En términos diplomáticos, el mensaje es claro: la confianza se resiente cuando las decisiones no se explican con transparencia ni se asumen con autocrítica.
Francia no exige disculpas públicas ni gestos teatrales, pero sí deja constancia de que aquel “no necesitamos ayuda” fue, a su juicio, un grave error.
Un año después de la DANA, las palabras de París funcionan como un espejo incómodo. Obligan a mirar atrás y a revisar decisiones que en su momento se defendieron como acertadas.
Obligan también a replantear cómo se gestionan las emergencias en un país descentralizado, donde las competencias pueden convertirse en coartadas.
Para las víctimas, este debate no es político ni diplomático. Es profundamente humano.
Cada testimonio que emerge recuerda que la tragedia no fue solo un fenómeno natural, sino también una prueba de la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Y cuando un país vecino afirma que estuvo dispuesto a ayudar y se le dijo que no, la sensación de abandono se multiplica.
Francia ha dejado claro que, para ellos, el caso está lejos de ser un asunto cerrado.
La herida sigue abierta porque consideran que nunca se asumieron responsabilidades. Y porque creen que reconocer el error no debilita a un Gobierno, sino que lo humaniza.
En España, la pregunta que flota en el aire es si el Ejecutivo será capaz de aprender de este episodio o si optará por atrincherarse en el silencio.
La gestión de futuras emergencias dependerá, en buena medida, de la lección que se extraiga ahora.
La DANA de Valencia ya forma parte de la memoria colectiva. Lo que está en juego no es reescribir el pasado, sino garantizar que, cuando vuelva a ocurrir una tragedia similar, la prioridad absoluta sea sumar ayuda, venga de donde venga.
Porque en una catástrofe, rechazar manos tendidas puede salir demasiado caro.
Y esa es, en el fondo, la acusación más dura que llega desde París: que se antepuso la política a la vida.
Una acusación que ningún Gobierno puede permitirse ignorar si aspira a mantener la confianza de sus ciudadanos y de sus aliados.
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