💥JUGADA MAESTRA DE ABASCAL💥VOX usa a MAZÓN como CEBO ¡¡PARA TENDER TRAMPA A SÁNCHEZ E INCRIMINARLO!!.

 

 

 

 

 

 

Crisis, responsabilidad y verdad: El testimonio de Carlos Mazón ante Vox y la sombra de la gestión del Gobierno central en la tragedia de Valencia.

 

 

 

La catástrofe que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024 sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España. Más allá de los datos, las cifras y los informes técnicos, lo que permanece es el dolor de las víctimas, la indignación de los ciudadanos y la sensación de que las respuestas institucionales no han estado a la altura de la emergencia.

 

 

En este contexto, la comparecencia de Carlos Mazón —expresidente de la Generalitat— ante la comisión parlamentaria, y el interrogatorio incisivo del diputado Gil Lázaro por Vox, han reavivado el debate sobre la gestión de la crisis y la responsabilidad política del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez.

 

 

 

A lo largo de una intervención marcada por la tensión, las preguntas directas y las demandas de respuestas explícitas, Mazón se vio obligado a confrontar no solo su propio papel, sino también el de quienes, desde Madrid, tenían en sus manos la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos.

 

 

La sesión, lejos de ser un mero trámite institucional, se convirtió en un auténtico ejercicio de transparencia, donde la verdad y la autocrítica se mezclaron con la denuncia y la exigencia de justicia.

 

 

 

Uno de los puntos más polémicos abordados fue la cuestión de las obras hidráulicas en el Barranco del Pollo.

 

 

Mazón no dudó en afirmar que, de haberse ejecutado las infraestructuras necesarias, la devastación habría sido menor, una opinión respaldada —según él— por el consenso científico nacional.

 

 

Sin embargo, las obras fueron rechazadas por el Gobierno de Sánchez, bajo el liderazgo de Teresa Rivera en el Ministerio de Transición Ecológica, por considerarlas incompatibles con la Ley de la Huerta promovida por el Consell anterior y Compromís.

 

 

Mazón denunció que este rechazo obedecía más a un posicionamiento ideológico que a criterios técnicos, acusando al Ejecutivo central de anteponer una visión “de ecologismo falso” al bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

 

 

Este punto, lejos de ser anecdótico, revela la profunda fractura entre las prioridades políticas y las necesidades reales de la población.

 

 

 

¿Hasta qué punto las leyes y los enfoques ideológicos deben condicionar la toma de decisiones en situaciones de emergencia? ¿Es legítimo sacrificar la seguridad en nombre de la protección medioambiental cuando la ciencia demanda soluciones urgentes? El debate está servido y la polémica, lejos de cerrarse, se intensifica cada día.

 

 

La jornada del 29 de octubre y los días posteriores estuvieron marcados por la confusión y la falta de coordinación entre administraciones.

 

 

Mazón relató cómo el Gobierno central desaconsejó públicamente solicitar el nivel tres de emergencia, y cómo la delegada del Gobierno en Valencia mantuvo reuniones de coordinación sin informar a las autoridades autonómicas.

 

 

La sensación de abandono fue palpable, y Mazón llegó a insinuar que el Ejecutivo de Sánchez eludió tomar el mando de la emergencia para que el Partido Popular pagara el precio político de la tragedia.

 

 

 

Esta acusación, grave y directa, plantea una cuestión fundamental: ¿puede la gestión de una catástrofe natural estar condicionada por cálculos partidistas? ¿Es posible que la protección civil se vea subordinada a intereses políticos, poniendo en riesgo vidas humanas? Mazón, con un tono entre la indignación y la resignación, dejó claro que la respuesta institucional fue insuficiente y que la lentitud del Gobierno central a la hora de reaccionar quedó acreditada por el testimonio de las propias víctimas.

 

 

 

Otro aspecto que generó controversia fue la cuestión de los medios humanos y materiales movilizados tras la tragedia.

 

 

Mazón denunció que el Gobierno de Sánchez no envió a Valencia todos los recursos necesarios en las primeras 72 horas, a pesar de que la experiencia internacional —como en el terremoto de Marruecos— demuestra que ese plazo es crucial para salvar vidas.

 

 

Además, criticó la decisión del Ministerio del Interior de rechazar la oferta del Gobierno francés de enviar 200 bomberos voluntarios, una negativa que, de confirmarse, sería difícil de justificar ante la opinión pública.

 

 

Las imágenes de vecinos gritando “¿Dónde está el ejército?” en los pueblos afectados, la tardanza en la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la falta de refuerzos policiales alimentaron el sentimiento de abandono y la percepción de que la respuesta estatal fue tardía e insuficiente.

 

 

Mazón recordó cómo, ante la escasez de efectivos, tuvo que pedir personalmente a los miembros de la UME que actuaran de oficio, una escena que ilustra la gravedad de la situación y la falta de liderazgo en los momentos más críticos.

 

 

 

En medio del caos, la ejemplar ayuda de los voluntarios y de los efectivos desplegados desde las primeras horas fue el único consuelo para muchos afectados.

 

 

Mazón reconoció el valor y la dedicación de quienes, sin esperar órdenes ni reconocimiento oficial, se volcaron en la tarea de rescate y asistencia.

 

 

Sin embargo, la actitud del Gobierno central fue duramente criticada, especialmente por declaraciones como la de la ministra de Defensa, quien llegó a decir que “el ejército no está para todos”, una frase que Mazón calificó de increíble y ofensiva.

 

 

La ausencia de Pedro Sánchez en los municipios devastados, la falta de visitas de la ministra Teresa Rivera y la decisión de no aplazar viajes oficiales al extranjero en pleno contexto de alerta meteorológica fueron señaladas como muestras de insensibilidad y falta de compromiso.

 

 

 

Mazón afirmó que, mientras él era acusado de mantener su agenda, los responsables políticos del Gobierno central estaban “mucho más lejos de Valencia”, una acusación que invita a reflexionar sobre las prioridades y la empatía en la gestión pública.

 

 

El tiempo transcurrido desde la tragedia no ha servido para cerrar heridas, sino para abrir nuevos frentes de conflicto.

 

 

Mazón denunció que el Gobierno de Sánchez ha negado a la Generalitat Valenciana el acceso a recursos financieros extraordinarios para la reconstrucción, obligando a la comunidad a endeudarse para pagar colegios, carreteras y centros de salud.

 

 

Las ayudas prometidas a las víctimas, según Mazón, no han llegado con la agilidad necesaria, y la política fiscal del Ejecutivo central ha sido calificada de insensible e inmoral, obligando a los afectados a pagar impuestos por las ayudas recibidas y negando exenciones que la administración autonómica sí ha concedido.

 

 

La falta de avances en las obras hidráulicas de seguridad en el Barranco del Pollo y la ausencia de sistemas de alerta temprana comparables a los existentes en la Confederación Hidrográfica del Ebro han sido señaladas como agravios adicionales.

 

 

Mazón subrayó que la unanimidad de la comunidad científica respalda la necesidad de estas medidas, y lamentó que la actitud del Gobierno central sea “innombrable” y “un insulto a todos los afectados”.

 

 

La gestión de la interlocución con las asociaciones de víctimas ha sido otro motivo de controversia.

 

 

Mazón insistió en que todas las víctimas merecen el mismo respeto y atención, criticando la tendencia de la delegación del Gobierno a privilegiar a algunas asociaciones sobre otras.

 

 

La politización del dolor y la manipulación de los afectados fueron denunciadas como prácticas inaceptables, y Mazón reivindicó su voluntad de escuchar y atender a cada víctima, independientemente de su afiliación o postura.

 

 

La falta de una comisión mixta para la reconstrucción, la negativa de la ministra Morán a responder llamadas del vicepresidente encargado de la reconstrucción y las declaraciones culpando a las víctimas de no saber tramitar sus solicitudes de ayuda han alimentado el clima de desconfianza y frustración.

 

 

Mazón expresó su asombro ante la actitud del Gobierno, lamentando que, mientras en Canarias se creó una comisión mixta en once días, en Valencia no ha habido voluntad de colaboración en doce meses.

 

 

 

La decisión del Gobierno de mantener el pleno parlamentario para “perpetrar su asalto definitivo a Televisión Española” en medio de la tragedia fue interpretada por Mazón como una muestra de indiferencia y desconexión con la realidad valenciana.

 

 

La ausencia de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación fue señalada como una falta de respeto a las víctimas, y Mazón reivindicó su propia disposición a comparecer y responder todas las preguntas, aunque no fuera su órgano natural de fiscalización.

 

 

La pregunta final, sobre si el Gobierno de España y su presidente deben asumir responsabilidades políticas por sus actuaciones antes, durante y después del 29 de octubre, quedó abierta.

 

 

Mazón, en un ejercicio de prudencia, afirmó que eso compete a ellos, pero subrayó la importancia de explicar las cosas tal como se vivieron para que cada uno saque sus propias conclusiones.

 

 

La comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión parlamentaria y el interrogatorio de Vox han puesto sobre la mesa cuestiones de fondo que trascienden la gestión concreta de la emergencia.

 

 

¿Es legítimo condicionar la respuesta a una catástrofe por intereses partidistas? ¿Hasta qué punto la ideología debe influir en la toma de decisiones técnicas? ¿Está el Gobierno central a la altura de las necesidades de las comunidades autónomas en situaciones de crisis? ¿Qué papel deben jugar la transparencia, la autocrítica y la empatía en la gestión pública?

 

 

 

El debate está abierto y la sociedad exige respuestas claras, justicia para las víctimas y un compromiso real con la reconstrucción y la prevención. Comparte tu opinión, participa en el debate y ayuda a construir una España donde la verdad, la responsabilidad y la humanidad sean los pilares de la acción política.